Ayuso: «Era un caso archivado desde hace tres años»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este viernes a la imputación de dos ex altos cargos del Gobierno regional por los protocolos de derivación sanitaria en residencias durante la pandemia. «Este asunto llevaba archivado 3 años, pero ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio». «Es la única información que tengo al respecto», ha añadido en un acto desde Pozuelo de Alarcón, donde ha visitado las obras de construcción de un nuevo centro de salud.

Las palabras de la presidenta llegan después de que, una magistrada socialista, haya llamado a declarar el lunes 26 de mayo, tras una demanda de familiares,  a Carlos Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso, y también a Francisco Javier Martínez Peromingo, otro cargo que suscribió protocolos posteriores.

Esta decisión judicial se produce tras la reapertura de una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, dirigida en su momento contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y los ex consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López. Ahora, quedan completamente excluidos del procedimiento judicial.

El juzgado decidió reabrir la causa el 1 de abril, atendiendo una solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid, a partir de una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de víctimas.

La denuncia, impulsada por las organizaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia está relacionada, a juicio de la juez, con un posible delito de denegación discriminatoria de servicios públicos, recogido en el artículo 511 del Código Penal (antes, el grueso de las denuncias se presentaban por homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro).

Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo han sido citados como investigados por la presunta comisión del primer delito mencionado:  denegación discriminatoria de servicios públicos.

Según la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, se han archivado de forma definitiva 61 procedimientos judiciales relacionados con las residencias madrileñas durante Covid-19.

La justificación judicial para archivar los procedimientos es que «en todo momento los posteriormente fallecidos estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario, adoptándose las medidas que en cada momento se consideraban adecuadas e incluso con consejo y administración de medicación facilitada por los centros hospitalarios.»

Incluso, más de diez Sociedades Científicas, las más relevantes del país, firmaron un documento conjunto respaldando los criterios y las actuaciones de los profesionales en los centros hospitalarios y en las residencias de Madrid.

El Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, defendió así la actuación de Madrid: «No se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario. Que no se ha negado el ingreso hospitalario a los ancianos de la Comunidad de Madrid también lo dicen los datos. No se puede sostener que los hospitales han dado la espalda a las personas mayores que viven en residencias», aseguró entonces.

María Isabel Durántez Gil

La magistrada que ha solicitado la imputación de los dos ex altos cargos perteneciente al Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, y forma parte de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, una entidad con un marcado sesgo ideológico de izquierdas.

Además, fue directora general de Interior de la Xunta de Galicia en el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, (PSOE), entre 2005 y 2009, para luego pasar a ser directora general de la Marina Mercante (perteneciente al Ministerio de Fomento) bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese momento, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, era fiscal general del Estado, también con Zapatero.

Con Conde-Pumpido mantiene una estrecha relación de amistad. Es más, fue precisamente esta juez la que dejó en libertad a su hijo al no dar veracidad a la denuncia por una supuesta agresión sexual.

María Isabel Durántez Gil es además hermana de Marta Durántez Gil, la fiscal que solicitaba dos años y medio de cárcel para Rubiales por el beso a Jenni Hermoso.

En 2018, esta magistrada rechazó la querella presentada por la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes contra el ex consejero del PP, Francisco Granados, por injurias y calumnias. La magistrada entendió que la conducta de Granados no se podía encuadrar en un delito de «trato degradante, calumnias e injurias» hacia Cifuentes e hizo un alegato a favor de las libertades de expresión e información cuando se trata de cargos públicos en asuntos de relevancia pública.