La regularización masiva es un coladero: un nepalí consigue los papeles pese a que llegó a España 5 meses fuera de plazo

El Ministerio de Migraciones ha concedido una autorización de residencia y trabajo a un joven nepalí de 24 años dentro de la regularización extraordinaria. Sin embargo, la documentación que él mismo ha aportado incluye una tarjeta de embarque de un vuelo de Bucarest a Barcelona del 20 de mayo de 2026. Esa fecha es casi cinco meses posterior al límite que fija el decreto.

La resolución, firmada hace escasos días y que desvela en exclusiva OKDIARIO, admite una solicitud registrada en junio en una subdelegación provincial del Gobierno. Ese mismo día se cerraba el plazo para presentar las pruebas de que llevaba en España desde antes del 1 de enero de 2026.

Las fuentes consultadas indican que, junto a él, una decena de compatriotas también han presentado documentos similares. Para estos expertos en la materia, el Gobierno de Pedro Sánchez, sorprendentemente, también va a aceptarlos.

Este interesado nepalí figura empadronado desde hace esas semanas en un conocido municipio de la costa mediterránea española.

El escrito de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería es explícito: «El presente trámite de admisión implica la autorización, de forma provisional, a la persona solicitante a residir y, en caso de que se encuentre en edad laboral, a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad».

La Administración le ha asignado un número de identidad de extranjero (NIE) y le ha requerido el pago de una tasa de 38,28 euros. La autorización, precisa el texto, «NO habilita para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)».

Requisito de permanencia

El Real Decreto 316/2026 sólo ampara a quienes estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 y puedan probar cinco meses de residencia ininterrumpida.

OKDIARIO ha tenido acceso a todo el expediente, más de una docena de certificados y formularios. Ninguno de los documentos adjuntos a la solicitud acredita su presencia en territorio español antes de esa fecha. El justificante de registro presenta el volante de empadronamiento como «Documentación acreditativa de la permanencia». Sin embargo, el ayuntamiento donde vive lo ha expedido a finales de junio de 2026, con una inscripción del mismo día.

El otro papel que habla de su llegada es la tarjeta de embarque, registrada como «Billete avión». Corresponde a un vuelo con una compañía de bajo coste húngara, con salida desde Bucarest-Otopeni y destino Barcelona-El Prat.

El pasaporte completa el recorrido. Un sello de la inmigración nepalí registra su salida de Katmandú en agosto de 2025. Otro de la frontera rumana registra su entrada por el aeropuerto Henri Coandă de Bucarest. Presumiblemente, este hombre asiático estuvo desde agosto de 2025 a mayo de 2026 en Rumanía, pero se enteró, junto a otros compatriotas, que España abría las puertas a tener papeles y se lanzó a volar fuera del plazo.

Entró con un visado rumano expedido en Nueva Delhi en julio de 2025 y válido hasta el 10 de enero de 2026. En sus observaciones consta que ese país era «trabajador permanente».

Aval de una ONG senegalesa

La solicitud se ha acogido al supuesto de «encontrarse en situación de vulnerabilidad». Para ello ha aportado un certificado firmado el 29 de junio, la víspera, por una ONG senegalesa inscrita en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

El formulario marca tres casillas: «Carencia de ingresos suficientes», «Situación de pobreza o riesgo de exclusión económica» y «Dificultad de acceso a empleo».

El mismo 30 de junio, el solicitante ha firmado una declaración jurada. En ella asegura que su certificado de antecedentes penales «se encuentra en trámite». Según el propio certificado, la Policía de Nepal lo había emitido el 25 de junio, y la Embajada de España en Nueva Delhi había legalizado la firma consular el día 29.

Ley de Nietos

El caso evoca las irregularidades detectadas en el control de los expedientes que han acompañado a la Ley de Nietos. Así se conoce la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abre la puerta a dar DNI a descendientes de personas que salieron de España como exiliados por el franquismo.

Esa norma ha abierto la puerta de la nacionalidad a hijos y nietos que no han probado tener familiares exiliados. Se trata de personas que nunca han vivido en España. Hasta el cierre del plazo, el 22 de octubre de 2025, se han acumulado más de 2,4 millones de peticiones. Solo se ha rechazado el 1,32% de las resueltas, frente al 20% de la ley de 2007.

Por ejemplo, el Archivo Diocesano de Ourense ha alertado de que en Cuba se venden por 2.000 euros partidas de nacimiento y certificados de defunción falsos para esos trámites.

Ambos procesos han compartido también la acusación política. El PP ha acusado al Gobierno de intentar manipular el censo. Alberto Núñez Feijóo ya había lanzado ese reproche en enero, tras el pacto con Podemos para la regularización.

La regularización ha arrancado el 27 de enero de 2026, cuando el Consejo de Ministros ha dado vía urgente a un real decreto para regularizar a más de medio millón de extranjeros. Sin embargo, a la postre han sido 1.174.978 solicitudes. El plazo de solicitudes estuvo abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio, sin opción de prórroga.

La resolución recuerda que la decisión final tiene un plazo máximo de tres meses, que puede suspenderse. Aunque se advierte que «la denegación de la solicitud supondrá la automática pérdida de vigencia de la autorización provisional para trabajar», lo cierto es que ya se ha dado luz verde a que este hombre y otras muchas personas tengan un título válido para estar en España y su expulsión, llegado el caso, en unos meses se antoja imposible.

La Ley de Nietos exigía demostrar un abuelo; la regularización, una fecha. En el expediente de este nepalí, la única fecha de llegada la firma una aerolínea de bajo coste: el 20 de mayo de 2026, fuera del plazo estipulado.