La Policía denuncia que una espía del CNI robó sumarios secretos a Ruz y Andreu

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(Foto: EFE)

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) infiltró a una espía como traductora en la Audiencia Nacional, para obtener información de causas judiciales que se encontraban bajo secreto de sumario.

Según la denuncia que ha presentado la Policía Nacional, la agente consiguió sustraer documentación sobre redes de captación de terroristas yihadistas, procedente de varias causas judiciales que estaban instruyendo los jueces Pablo Ruz y Fernando Andreu.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional comunicó estos hechos al juez Andreu, que abrió una investigación preliminar al conocer que una de las traductoras que trabajaban en la Audiencia era en realidad un topo de los servicios secretos.

La intérprete está acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Dado que este delito queda fuera de las competencias de la Audiencia Nacional, los hechos están siendo investigados en la actualidad por un Juzgado de Instrucción de Madrid.

La Policía había contratado a una traductora para dar apoyo a los agentes que estaban desarrollando una investigación sobre grupos islamistas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para ello, necesitaban a una persona capaz de entender el rifeño, el dialecto de la lengua bereber que se habla la región del Rif de Marruecos y en algunas comunidades de Argelia.

Como en otras ocasiones, la Policía Nacional recurrió a la empresa Ofilingua para contratar a la intérprete, que fue informada de las normas internas de confidencialidad que debía cumplir mientras desarrollara su trabajo para este cuerpo. Su labor se amplió luego a la traducción de conversaciones telefónicas intervenidas por orden de varios magistrados de la Audiencia Nacional, en causas abiertas sobre terrorismo internacional.

Sin embargo, el 17 de agosto de 2012 la Policía Nacional detectó que la intérprete se había llevado “de forma subrepticia un pendrive o dispositivo de almacenamiento USB del ordenador en el que estaba trabajando”, según consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso OkDiario. Cuando los agentes exigieron explicaciones a la intérprete, ésta devolvió “de forma voluntaria” el soporte informático que se había llevado.

Se llevó los informes en un ‘pendrive’

La Comisaría General de Información encargó un análisis forense de este dispositivo, que confirmó que en el pendrive habían sido grabados y luego borrados 17 documentos informáticos. Los especialistas consiguieron reconstruir estos archivos: se trataba de copias de las traducciones de distintas conversaciones telefónicas intervenidas con la autorización de los jueces Fernando Andreu y Pablo Ruz.

En concreto, la información correspondía a dos operaciones puestas en marcha contra redes yihadistas dedicadas a la propaganda y captación de células terroristas. Por tanto, se trataba de una cuestión que afectaba a la seguridad nacional y que la Policía estaba investigando en colaboración con los magistrados de la Audiencia. Como medida de cautela, la traductora fue apartada de sus funciones.

Al ser informado de estos hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, ordenó abrir una investigación ante la posibilidad de que la intérprete hubiera podido facilitar a “personas relacionadas con organizaciones o elementos terroristas” la documentación sensible sustraída.

Como resultado de esta indagación, la Policía Nacional constató que la traductora no solo había sustraído los informes grabados en el citado pendrive, sino que llevaba meses llevándose de su puesto de trabajo “de manera continuada información policial reservada de forma subrepticia”.

Según el informe entregado por la Policía al juez Andreu en febrero de 2014, en el momento de los hechos la intérprete “mantenía una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el CNI, al que facilitaba información sobre diferentes personas y entornos islámicos” que tenía a su disposición gracias a la labor que desarrollaba para la Audiencia Nacional.

Todo ello ha permitido, al menos, desechar la posibilidad de que la traductora estuviera filtrando información sensible de la Policía a alguna organización terrorista. No obstante, ha sido acusada de un presunto delito de  descubrimiento y revelación de secretos, por facilitar al CNI información interna de la Policía, que se encontraba bajo secreto de sumario por los jueces de la Audiencia Nacional.

La Ley permite al CNI espiar en casa

Dado que el delito de revelación de secretos no entra dentro de las competencias de la Audiencia, la investigación abierta por el juez Andreu ha sido asumida, desde el pasado mes de marzo, por un Juzgado de Instrucción de Madrid.

A diferencia de otros servicios secretos (como la CIA, que tiene prohibido expresamente actuar en el interior de Estados Unidos), el CNI está autorizado legalmente a actuar dentro de nuestro país.

La actividad de los servicios secretos españoles se regula actualmente por la Ley 11/2012, cuyo artículo 4 señala que el CNI tendrá entre sus funciones “obtener, evaluar e interpretar información para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio nacional“.

Según esta Ley, los agentes del CNI solo pueden desarrollar actividades que impliquen la intervención de comunicaciones telefónicas o la violación de un domicilio particular en territorio nacional con la autorización previa de un magistrado del Tribunal Supremo. En la actualidad, dos jueces del Supremo tienen encomendado el control judicial de este tipo de operaciones, a petición de la dirección del Centro Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, en el caso denunciado por la Policía Nacional, el CNI habría recurrido a un método más expeditivo: “captar” a una de las traductoras que trabajan en la Audiencia Nacional, para acceder a las investigaciones judiciales protegidas por el secreto del sumario. Algo que provocó la indignación del juez Andreu cuando tuvo conocimiento de los hechos.

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