Oltra rechaza que el juez acceda a los correos de su consejería: «Es entrometerse en mi vida personal»

La ex vicepresidenta y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, que tuvo que dimitir tras ser imputada judicialmente por un juzgado valenciano de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos durante la gestión del caso de abusos cometidos por su ex marido sobre una menor, presentó un recurso ante el juez de Instrucción número 15 de Valencia contra la petición realizada por las acusaciones particulares de intervenir los correos electrónicos. Lo llamativo es que Oltra asegura en su recurso que lo que se busca con esta medida es «adentrarse en la vida personal, profesional y política de los investigados, con la única finalidad (de conocimiento notorio) de servir a un interés distinto al esclarecimiento de los hechos».

La representación legal de la ex vicepresidenta valenciana asegura en el recurso que ha presentado para oponerse a entregar los correos que «esa finalidad (la del interés distinto) es la que le lleva a solicitar de forma masiva cualquier comunicación a través de los correos corporativos de todos los investigados y durante un período de cinco años «a ver si sale algo», pisoteando el derecho fundamental a la intimidad no sólo de las personas que están siendo investigadas, sino de terceras personas con especial protección».

Además, argumenta el letrado de Oltra que «no tenemos ninguna duda que, de accederse a esta diligencia de investigación y más allá de cualquier interés para la causa, la privacidad de numerosas personas, expedientes de menores o de otro tipo se verían inmediatamente expuestos en redes sociales», aunque no especifica en cuáles redes sociales ni quién sería el responsable de esta supuesta exhibición de datos protegidos. A este recurso se sumaron otros diez imputados. La Fiscalía no se opone a que se obtengan los correos pero sí ha pedido delimitar la temporalidad de los mismos desde febrero de 2017 hasta noviembre del mismo año y que solo sean los mails pertenecientes a las personas investigadas. La acusación particular que representa a la menor estaba de acuerdo con esta medida.

La petición de acceder a los correos electrónicos de los investigados en la consejería de Oltra fue realizada por la asociación Gobierna-te que ejerce unas de las acusaciones y persigue la finalidad de demostrar que supuestamente los acusados, 15 altos cargos y ex altos cargos de Oltra, participaban conscientemente de una misma trama para tratar de arrojar tierra sobre la investigación de los abusos denunciados por una menor tutelada en un centro de la Comunidad valenciana y cuyo autor juzgado y condenado resultó ser Luis Ramírez Icardi, marido de la Consejera Oltra cuando se produjeron los abusos. El educador resultó condenado a cinco años de cárcel en diciembre de 2019, la sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero pendiente de recurso todavía ante el Tribunal Supremo en Madrid.

En cualquier caso, la causa que abrió el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia investiga la participación o no de los imputados en los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y abandono de menores. Los testimonios que el juez recogió desde marzo hasta poco antes de este mes de junio le hizo concluir tanto a él como a la fiscalía que había que acudir ante el TSJV para pedir que Mónica Oltra, entonces todavía consejera, declarase en esta causa, ya que los indicios y contradicciones de los testimonios de los imputados así lo apuntaban.

Las acusaciones particulares de la asociación Gobierna-te, de la representación legal de Teresa, la menor abusada, y la acusación popular ejercida por Vox se sumaron a estas conclusiones y en el caso de Gobierna-te además pidió una serie de medidas que fueron adoptadas por el juez, como el registro de la Consejería en búsqueda del expediente completo de la menor y las actuaciones llevadas a cabo por los cargos de Oltra desde junio de 2017 cuando se denunciaron los hechos hasta la actualidad. El juez, sin embargo, de momento no ha autorizado la interceptación de estas comunicaciones.

Ese registro fue la gota que colmó el vaso y provocó la dimisión de Mónica Oltra, que una vez desaforada, tendrá que sentarse frente al juez el próximo 19 de septiembre, con correos electrónicos intervenidos o no.