El juez a un cargo de confianza de Oltra: «Sorprende que usted no conociera los delitos contra la menor»

Los interrogatorios que han acabado enviando la causa contra la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad valenciana, Mónica Oltra, al Tribunal Superior de Justicia de Valencia han dejado algunos momentos importantes durante las comparecencias de los 13 investigados. Se trataba de dilucidar la responsabilidad de los funcionarios de la Consejería, con Oltra a la cabeza, por los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por parte del entonces todavía marido de la vicepresidenta valenciana.

La segunda jornada tuvo lugar el 28 de febrero de 2022 por la tarde. En esta ocasión, se sentaba frente al juez la tercera imputada, Isabel Serra Marco, directora territorial de la consejería entre octubre de 2015 y diciembre de 2018, que dependía de Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia de la Generalidad. La declaración de Serra era tan ambigua y repetida de «no sé», «lo desconozco» que casi a la hora de interrogatorio, el juez Vicente Ríos se dirigió a la investigada visiblemente molesto: «Me sorprende que usted no conociera los delitos contra la menor”.

Casi toda la declaración de Serra estuvo dirigida a evitar reconocer que desconocía los abusos sufridos por parte de la menor tutelada hasta que intervino la Fiscalía de Menores gracias a un atestado de la Policía Nacional. Sin embargo, la investigada, funcionaria y alto cargo de Oltra, reconoció que le mandaron iniciar un informe administrativo el 16 de agosto de 2017, cuando ya la Fiscalía había comenzado a incoar diligencias por su parte y a reclamar insistentemente, hasta en dos ocasiones, las razones por las que no había dicho nada de los abusos sufridos por la menor a la Fiscalía a pesar de que las conoció en febrero de 2017 cuando la niña lo denunció e incluso fue explorada por una psicóloga de la Consejería.

En esa «pelea» procesal entre juez y la imputada Isabel Serra, el magistrado Vicente Ríos le preguntó que «¿si se remitió a la Fiscalía (el informe) es porque se ignoraba que existía un procedimiento judicial abierto? La respuesta fue que «nosotros comunicamos las cosas que entendemos son trascendentes a Fiscalía. En cualquier caso siempre lo hacemos o intentamos…», entonces fue interrumpida por el juez que le reclamó: «disculpe, pero si existe un procedimiento penal abierto, el competente para conocer las cosas es el juez, entonces le pregunto si se manda a Fiscalía es porque se desconoce que el procedimiento ha sido judicializado».

Evidentemente, la investigada no podía decir que lo desconoce porque aunque tiene derecho a mentir como imputada, el juez o el fiscal le recordarían con pruebas escritas y documentadas. Esos documentos prueban que la Fiscalía de Menores de Valencia ya reclamaba en julio toda la información a Oltra sobre la menor recabada por la Consejería hasta ese momento. Pero Isabel Serra insistió en que «no sabíamos que estaba judicializado» y echó balones fuera: «no lo sabíamos porque el secretario territorial es la persona que lleva los expedientes y no pensamos en la suspensión ni en nada porque no sabíamos que existía el procedimiento penal».

Entonces el juez Vicente Ríos hace una pausa y cambia el tono y dice: «Me gustaría comprender lo siguiente. A ver si me consigo explicar». Y comenzó a hacer un resumen de todo lo declarado por la investigada: «tenemos un centro de acogida de menores tutelados por la Generalitat, porque están en situación de desamparo. Tenemos unas actuaciones de las que usted desconocía absolutamente todo, llevadas a cabo en febrero (2017) y en las que tiene intervención, como mínimo, una psicóloga de la consellería y de la que tiene conocimiento también una técnico de la Consejería que está en contacto con el Centro, de las que no se tiene conocimiento por la dirección territorial».

Y sigue el juez: «Tenemos unas diligencias de investigación penal incoada y tramitadas a lo largo del mes de julio (2017) en relación con un educador de un centro por un delito relevante y grave como es el abuso sexual a una menor, el abuso sexual continuado a una menor. Tenemos unos oficios de la fiscal, de la Fiscal de Menores pidiendo información a la consejería, remitidos el primero de ellos el 6 de julio y reiterado días después, pidiendo que se les informe acerca de por qué no se les ha comunicado a la Fiscalía el hecho de que habían existido estas diligencias del mes de febrero».

Continúa el juez: «Tenemos, además, la circunstancia de que la Fiscalía judicializa el 27 de julio los hechos y solicita la imposición de unas medidas cautelares respecto de un educador de un centro concertado y se adoptan unas medidas cautelares de alejamiento. Y eso también se desconoce.

Desde el momento en que existen esas medidas cautelares, el procedimiento está judicializado» y se pregunta el magistrado: «¿Cómo es posible que toda esa sucesión de hechos sea desconocida por las personas que le reportan a usted y por usted misma? ¿Qué clase de estructura, cómo funciona o fluye la información para que no llegue a su conocimiento algo tan serio?». Serra sostuvo siempre que el requerimiento de la Fiscalía fue contestado por la Consejería de Mónica Oltra el 12 de julio de ese mismo año.