El Consejo de Ministros aprobará este viernes la disolución de la empresa semipública Defex, investigada en la Audiencia Nacional por el pago de comisiones ilegales en varias operaciones de venta de armas a Angola, Brasil y Arabia Saudí durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La investigación que instruye el juez José de la Mata ha permitido constatar que en varios de estos contratos se desviaron fondos a paraísos fiscales para pagar comisiones tanto a altos funcionarios de los países que adquirían las armas como a miembros de la propia cúpula directiva de Defex.
Al menos en el caso de Angola, el trasiego de dinero se realizó por mediación de Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa que en 1994 facilitó la fuga del entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y luego lo entregó a las autoridades españolas. El juez De la Mata también investiga el pregunto pago de comisiones en la venta de armas de Defex a Egipto, Camerún y países del lejano Oriente.
Las fuentes consultadas por OKDIARIO han indicado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes, o a más tardar el viernes de la semana que viene, la disolución de Defex a propuesta de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Cierra por «daño reputacional»
El 51% del accionariado del consorcio pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras que el 49% corresponde a los socios privados: las empresas de fabricación de armas Explosivos Alaveses SA (10,8%), Maxam Corp. Holding Asset & Services SL (10,8%), Instalaza SA (10,8%), Sociedad Anónima Placencia de las Armas (8,1%) y Alfa Lan SA (8,1%).
Ya el pasado 29 de abril, la SEPI acordó solicitar autorización para disolver Defex debido al «daño reputacional sufrido» por la investigación judicial abierta desde 2012 y las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional, que implican la intervención de sus cuentas.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe esa disolución, la compañía mantendrá durante un tiempo su personalidad jurídica para concluir los contratos en curso. El consorcio alcanzó en 2015 una facturación de 108,4 millones de euros.
En julio de 2014, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó detener al ex presidente de Defex José Ignacio Encinas Charro (que ocupó el cargo desde 1991, en la etapa del Gobierno de Felipe González, hasta 2012), y a otras seis personas relacionadas con el consorcio.
La sobrina del espía Paesa
La investigación judicial se había iniciado en 2012, cuando las autoridades de Luxemburgo informaron a España de una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, que se había constituido para ejecutar un contrato de venta de armas a la Policía de Angola por importe de 151 millones de euros.
El contrato se había firmado en junio de 2008 en Angola aunque, según las fuentes consultadas próximas a la investigación, se habría comenzado a negociar durante la etapa de José Bono como ministro de Defensa.
Precisamente el ex ministro de Defensa español ha ejercido de discreto anfitrión en la visita que el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ha realizado a España esta misma semana. Los problemas de salud del mandatario angoleño –desde hace años se rumorea que tiene cáncer– habrían sido el motivo del viaje, sin embargo, la embajada de Angola en Madrid ha puntualizado que se trataba de una «visita privada». Bono también ha coincidido en varias ocasiones con el ministro de Defensa del país africano, con el que se ha reunido en privado en sus visitas a España.
Según las pesquisas dirigidas por el fiscal anticorrupción Conrado Sáez, el valor real de las armas vendidas por Defex a Angola apenas alcanzaba los 50 millones. El resto se habría destinado al pago de comisiones. La sobrina del espía Paesa, Beatriz García Paesa, habría canalizado parte del dinero a través de dos sociedades: Etude García e Interconsult.
A raíz de estos hechos, desde 2014 se encuentra huido de la Justicia española el intermediario portugués Guilherme Taveira Pinto, que además de lucrarse con el contrato de venta de armas se habría embolsado otros 20 millones de euros en comisiones por el mercado mayorista que el consorcio español Mercasa Incatema construye en Luanda (Angola).
Pago de comisiones en Brasil
Precisamente, la pasada semana, el líder de la oposición angoleña, Isaías Samakuva, aseguró en una conferencia en Madrid que, si gana las elecciones el próximo 23 de agosto, entregará a Taveira a las autoridades españolas.
Luego ha trascendido que el ex presidente de Defex José Ignacio Encinas se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar medio millón de euros que ocultaba en un paraíso fiscal a través de la sociedad Karma Alquileres. En cuanto al ex vicepresidente, Manuel Iglesias Sarria, la Guardia Civil descubrió que ocultaba 326.000 euros en metálico en dos cajas fuertes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la guardia Civil elaboró un informe en el que señalaba que Defex actuó como «una organización criminal». Las pesquisas han llevado al juez De la Mata a investigar otros contratos similares de Defex en Brasil, Arabia Saudí, Camerún y Egipto. En el caso de Brasil, el consorcio habría destinado al menos 7 millones de euros al pago de comisiones a políticos de aquel país.
Desde que se iniciaron las indagaciones, la nueva dirección de Defex ha llevado a cabo una “limpieza” de investigados y ha puesto en marcha un Plan de Riesgos Penales para detectar cualquier conducta fraudulenta.
Tesoros arqueológicos de Egipto
Durante los últimos años, el consorcio ha diversificado su actividad. En 2015 culminó un contrato para suministrar máquinas apiladoras y un sistema de cintas transportadoras para la terminal portuaria de exportación de mineral de hierro en Porto Sudeste (Brasil).
También firmó un acuerdo con el Gobierno de Egipto para participar en el proyecto de modernización de los emplazamientos arqueológicos de Templos de Luxor, Ramesseum, Medinah Habu, el Valle de los Reyes y la Planicie de Gizah.
