La Fiscalía añadirá el delito de sedición (10 años) a Puigdemont y sus secuaces si consuman el 1-O

Esta vez no habrá contemplaciones. La Fiscalía acusará de sedición al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los consellers de su Govern y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, si consuman la celebración del referéndum ilegal de independencia de l 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional.

Este delito acarrea penas de entre ocho y diez años de cárcel para los particulares, que se elevan si el autor es una autoridad pública: en ese caso, la pena prevista en el artículo 545 del Código Penal es de entre 10 y 15 años de cárcel.

Carles Puigdemont (PDeCAT), el vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) y los 12 consellers de su Govern ya están imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como autores de un delito continuado de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los dos primeros delitos previstos en la querella de la Fiscalía están penados con multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Pero el delito de malversación puede suponer a los miembros del Govern una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Aviso a los alcaldes secesionistas

En la misma querella, la Fiscalía solicitó al TSJC que ponga los medios necesarios para impedir el referéndum, prohíba a los medios de comunicación emitir la publicidad institucional de la consulta ilegal y adviertan a los alcaldes catalanes de la pena que pueden afrontar si colaboran facilitando la colocación de urnas para el 1-O.

Pero el Ministerio Público está dispuesto a ir más lejos, si el Govern de Puigdemont consuma la celebración del referéndum ilegal de independencia. En este caso, los miembros de su gabinete y la presidenta del Parlament serán acusados de un delito de sedición, penado con hasta 15 años de cárcel e inhabilitación.

Según el artículo 544 del Código Penal, incurren en este delito quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Una conducta que encaja perfectamente con la actuación de los responsables de la Generalitat, que han decidido seguir adelante con la celebración del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.

A pagar de su bolsillo la consulta

De hecho, desde la caótica sesión del Parlament del pasado día 6, los responsables de Junts pel Sí y la CUP ya han hecho efectiva la independencia de Cataluña rompiendo el orden constitucional: se han declarado en rebeldía, han anunciado que no acatarán las sentencias de los tribunales españoles (incluido el Constitucional) y han aprobado unas «leyes de desconexión» que, en la práctica, derogan toda la legislación española en Cataluña.

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ya ha sido condenado por el TSJC a dos años de inhabilitación por organizar el referéndum ilegal del 9-N. La pena ha sido de un año y nueve meses de inhabilitación para su consellera de Presidencia, Joana Ortega, y de un año y medio para la ex consellera de Educación, Irene Rigau.

Además, han sido condenados a pagar de su bolsillo, junto a otros responsables del anterior Govern, los 5,1 millones de euros que costó la organización de la consulta ilegal. Según las partidas de la Generalitat que ha anulado el Constitucional, el referéndum del 1-O tendrá un coste superior: alrededor de 6 millones de euros públicos.

Ahora, el Gobierno de Rajoy sigue dando nuevos pasos para frenar el proyecto secesionista de Puigdemont. Este lunes entra en vigor la intervención de las cuentas de la Generalitat, decretada el viernes por el Consejo de Ministros, mediante la cual el Ministerio de Hacienda asumirá y fiscalizará todos los pagos comprometidos por el Ejecutivo autonómico para evitar que destine un solo euro público al referéndum inconstitucional.