El fiscal desmonta la mentira de los 1.000 heridos: 93 policías lesionados y sólo 4 separatistas

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo desmonta una de las grandes mentiras del proceso de independencia impulsado por la Generalitat: la existencia de cerca de 1.000 heridos en las cargas policiales del 1-O.

El Ministerio Público señala al respecto que la cifra «cercana al millar de heridos» facilitada por la Generalitat en la jornada del referéndum ilegal «fue manipulada para magnificar la represión policial, pues se ha comprobado que en un elevado porcentaje de casos la atención médica que recibieron fue exclusivamente como consecuencia de mareos y crisis de ansiedad, y no de lesiones causadas por los funcionarios policiales».

En realidad, constata la Fiscalía, sólo hay constancia de que cuatro personas fueran ingresadas en centros hospitalarios: dos heridos leves y dos graves. Uno de ellos es el individuo que recibió el impacto de una pelota de goma en un ojo, y que está imputado por arrojar una valla metálica a los policías. El otro herido grave sufrió un infarto en el centro de formación de Adultos Juan Carlos I de Lérida: la propia Policía que estaba desplegada en ese centro de votación le proporcionó los primeros auxilios y llamó a una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.

La Abogacía del Estado oculta la violencia

Pero la cifra de los cerca de 1.000 heridos en la jornada del 1-O, difundida oficialmente por la Generalitat y propagada luego por sus medios de comunicación afines, fue una absoluta fantasía, otra operación de propaganda política, tal como constata el fiscal.

En cambio, sí está acreditado que 93 policía y guardias civiles fueron heridos por los independentistas durante el día del referéndum ilegal, ante la completa pasividad de los Mossos d’Esquadra dirigidos por Josep Lluís Trapero. El escrito de acusación de la Abogacía del Estado, controlada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha eludido cualquier mención a la violencia desatada por los separatistas, con el fin de reducir las penas que solicita para Oriol junqueras, los Jordis y el resto de líderes del golpe de Estado.

En cambio, el escrito de la Fiscalía dedica casi 40 páginas a describir las escenas de violencia que los independentistas desencadenaron contra las fuerzas de seguridad. Incluyendo el acoso de más de 40.000 personas, convocadas por la ANC y Òmnium, a la comisión judicial que registraba la sede de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017.

Escraches ante los hoteles de la Policía

El fiscal también menciona los escraches que los separatistas, en algunos casos encabezados por alcaldes de la CUP y el PSC, organizaron ante los hoteles en los que se alojaban los policías y guardias civiles. En el registro de la Conselleria de Exteriores, cerca de 200 personas intentaron impedir que la Guardia Civil detuviera a Xavier Puig Farré. Al no conseguirlo, zarandearon y golpearon el coche de la Guardia Civil, le arrojaron piedras y botes y le rompieron varios cristales. Estas escenas se multiplicaron en toda Cataluña.

La Fiscalía recuerda que estas movilizaciones fueron alentadas desde la propia Generalitat, y convocadas a través de la ANC y Òmnium. De este modo, indica el escrito de acusación, «fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales por la vía de enfrentar a la población con las fuerzas y cuerpos de seguridad».

El fiscal también señala que el mayor Josep Lluís Trapero había dado instrucciones a las unidades de los Mossos de comunicarle todos los movimientos de la Policía y la Guardia Civil. De este modo, la ANC pudo saber dónde estaban produciéndose los registros y convocó a miles de seguidores para intentar impedirlos.

Como ha informado OKDIARIO, la Fiscalía pide 25 años de cárcel para Oriol Junqueras y 17 para Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell.