Denuncian al juez que en el Congreso del PP de Cantabria se compraron 491 votos por 8.852€

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La presidenta regional del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (Foto: EFE).

Un diputado autonómico y el teniente de alcalde de un Ayuntamiento han pedido al juez que anule el resultado del congreso regional del PP de Cantabria, en el que María José Sáenz de Buruaga se convirtió en presidenta del partido al obtener sólo cuatro votos más que su rival, Ignacio Diego.

En la demanda civil interpuesta el pasado jueves, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los denunciantes también reclaman que se anulen todos los acuerdos adoptados por la nueva ejecutiva del PP de Cantabria, presidida por Sáenz de Buruaga, por considerar que ha sido elegida en un proceso viciado de nulidad.

Entre otras irregularidades, ambos militantes del PP denuncian las 491 transferencias realizadas «con metálico de ignorada procedencia desde una cuenta abierta en el Banco Santander a nombre de un discapacitado psíquico, presuntamente insolvente, de nombre M., con destino a la cuenta corriente 0049 540044 211080**** perteneciente al Partido Popular de Cantabria por un importe total de unos 8.852 Euros, cuyo destino fue cubrir y poner al corriente en el pago de cuotas a unos 491 afiliados».

Los denunciantes atribuyen esta maniobra a «personas desconocidas pero seguro interesadas en amañar a favor de su facción el 12 Congreso Regional del Partido Popular, prevaleciéndose del anonimato que les deparó la apertura de una cuenta a nombre de una persona con discapacidad psíquica».

Financiación irregular del partido

Los autores de esta maniobra, añade la demanda, consiguieron «de un modo fraudulento y con unos 8.852 euros de ignorada procedencia incrementar en un 15% el total de afiliados que ejercieron el sufragio en el Congreso, con la consiguiente alteración del resultado de la primera vuelta de primarias y de la elección de compromisarios, influyendo en el resultado de las elecciones del Congreso que dieron el triunfo a Dña. María José Sáenz de Buruaga».

Según sostienen los afiliados del PP que han emprendido estas acciones judiciales, las transferencias realizadas con casi 9.000 euros de procedencia desconocida vulneran el artículo 8 de la Ley 8/2007 sobre Financiación de Partidos Políticos. Del mismo modo, añaden, los hechos también podrían constituir una infracción grave o muy grave del artículo 44 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los denunciantes considera que en «en el 12 Congreso Regional del PP de Cantabria se han infringido, además, principios básicos de legalidad, de democracia interna y de derecho de participación, que como proscriben el «juego sucio» en el seno organizativo de los partidos políticos».

Al respecto, mencionan otras irregularidades: durante el congreso regional celebrado el pasado 25 de marzo en Santander, se impidió votar a un compromisario nato. En cambio, en las mesas 4 y 5 se permitió votar a supuestos compromisarios que no aparecían en el censo oficial: sus nombres fueron anotados a mano para que pudieran votar.

Vulneraron el reglamento del congreso

También se vulneró el propio reglamento del congreso, al incumplir la obligación de facilitar las papeletas para la elección de compromisarios con una antelación de al menos 24 horas.

Como resultado de todas estas irregularidades, los denunciantes solicitan a la Justicia que anule los 491 votos irregulares, fruto de las transferencias realizadas desde la cuenta de un discapacitado, y el resultado del propio congreso.

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