Más de 20 años de lucha contra el peligro de las minas antipersona

Con motivo del Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas, se ha reabierto el debate en torno a un problema que, tras más de 20 años de lucha, sigue imperando en nuestros días. De este modo, persiste la preocupante realidad de las muertes producidas por minas antipersona.

Pese a la entrada en vigor en 1999 del Convenio de Ottawa o Convenio sobre la Prohibición de Minas Antipersona, todavía muchos países del mundo luchan por eliminar esta amenaza. En este sentido, 2017 se presentó como el tercer año consecutivo en el que hubo un número de víctimas excepcionalmente elevado. El Informe Anual de Monitoreo de Minas Terrestres registró durante ese periodo 7.239 afectados, de los que murieron 2.793. Pertenecían a 49 países distintos, 35 de los cuales están adheridos al Convenio. En 2016 las cifras habían sido mayores.

Colombia, Ucrania, Pakistán, Myanmar, Yemen, Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, Libia, Malí, Nigeria, Sudán, República Democrática del Congo, Somalia, República Centroafricana… son algunos de los lugares en los que estos explosivos se llevan consigo diariamente un gran número de vidas.

El Convenio de Ottawa

Exactamente 20 años atrás, el CICR estimaba que alrededor de 800 personas perdían la vida mensualmente a causa de las minas, mientras que la revista IDOC Internazionale hacía un baremo paralelo y estimaba que, por cada víctima superviviente a estas explosiones, dos morían en su lugar.

Bajo este contexto, entraba en vigor la prohibición de minas antipersona. Ya en 1997, 133 países habían firmado la orden, presionados bajo las alarmantes cifras de esta situación, que ascendían a 20.000 muertes anuales provocadas por estos aparatos. Pero fue finalmente el 1 de marzo de 1999 cuando se validaba este precepto. Era la primera vez que los diferentes Estados ponían en marcha un tratado de carácter internacional para frenar el empleo, producción y distribución de un arma de uso común en términos de guerra e, incluso, para su destrucción.

“Cada estado hará cualquier esfuerzo por identificar todas las áreas bajo su jurisdicción o control en las que se conozca o sospeche que las minas antipersona estén colocadas”, manifestaba el segundo punto del artículo 5 del llamado Convenio de Ottawa.

Este pacto no ha sido resultado únicamente de la asociación entre estos Estados, sino que tiene también el apoyo y la colaboración de algunas organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

“La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados”, mantiene un informe publicado por el CICR. A día de hoy, 164 países forman parte del compromiso, 31 más que en el momento de su creación; y han conseguido enmarcar algunos logros como la destrucción de más de 53 millones de minas antipersona, la disminución drástica de su uso, el desminado de miles de kilómetros cuadrados y la eliminación de su comercio legal.

Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS)

Casi al mismo tiempo que se creaba el Convenio sobre la Prohibición de Minas Antipersona, en 1997 surgía el Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS). Este proyecto defiende el trabajo “para eliminar la amenaza que representan las minas, los restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados ​​mediante la coordinación de la acción contra las minas de las Naciones Unidas, liderando las respuestas operativas a nivel de país y apoyando el desarrollo de políticas y normas”.

El UNMAS transmite a los Estados miembros, a la ONU y al sector minero en general su experiencia sobre asistencia humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz en los países afectados. De este modo, también proporciona apoyo técnico a los protocolos de desminado a través de la detección y destrucción de estas armas.

“La acción contra las minas desempeña un papel de puente único en la agenda de paz y seguridad, la respuesta humanitaria de emergencia y el desarrollo sostenible, contribuyendo positivamente al mantenimiento y la estabilización de la paz”, defiende su página web.

Igualmente, este organismo dirige E-MINE, una fuente de información relacionada con este compromiso en la que se pretende concienciar sobre el impacto que provocan estos dispositivos.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sentenciaba en un mensaje: “Desde hace más de 20 años, las Naciones Unidas ayudan a los Estados a liberarse de la amenaza de las minas, los restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados. Este año, la ONU ha puesto en marcha una nueva estrategia y una campaña (“Terreno seguro”) para asegurar que ninguna persona, Estado, ni zona de guerra se quede a la zaga.

Con esta campaña mundial, nuestro objetivo es convertir los campos de minas en campos de juego y recaudar recursos para las víctimas y supervivientes de los conflictos armados”.

Así comunicaba el proyecto que se pretende llevar a cabo, “Terreno Seguro”, sobre el que también Daniel Craig, actor y defensor mundial de las Naciones Unidas, pronunciaba unas palabras a través de un vídeo: “cada mina sin hacer significa potencialmente que la vida de un niño no ha sido arrebatada de manera violenta o alterada para siempre”.

La estrategia 2019-2023

Las Naciones Unidas se han pronunciado acerca de los objetivos propuestos de cara al 2023 a través de una Estrategia de Acción contra las Minas. Algunos de ellos son:

-Proteger a los individuos y las comunidades frente a los riesgos y los impactos socioeconómicos de los artefactos explosivos, de lo que se espera poder acceder a las áreas restauradas, reducir el peligro y ofrecer seguridad.

-Los supervivientes, familiares y comunidades afectadas por las minas tendrán acceso igualitario a la sanidad y la educación y podrán participar en la vida social y económica por completo.

-Las instituciones nacionales manejarán de manera eficiente las funciones y responsabilidades relacionadas con las minas, a través de marcos legales, estrategias y programas de política nacional, así como sistemas presupuestarios y de gestión.