Maduro quiere cargarse el Parlamento donde tiene mayoría la oposición
El régimen chavista de Venezuela ha abierto este martes la posibilidad de pedir la disolución judicial del Parlamento, donde la oposición ostenta la mayoría, en medio de la pugna existente en torno a un posible referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Un portavoz de la alianza chavista, Didalco Bolívar, ha desvelado hoy la carta más osada que se plantean jugar contra las fuerzas opositoras que buscan sacar del poder a Maduro. “El Gran Polo Patriótico ha iniciado una discusión para solicitar una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” para pedir “la abolición de esta Asamblea Nacional”. Este dirigente ha acusado al Congreso de usurpar funciones del gobierno en materia interna y diplomática, además de traición a la patria y violación de las normas constitucionales.
«Pedimos que la abolición sea acompañada por la convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo el que diga si esta Asamblea obstruccionista y violatoria de la Constitución es la que debe ejercer o, en lo contrario, el pueblo decida qué tipo de Asamblea debe darse», ha dicho. La decisión será anunciada la próxima semana anunció el portavoz.
Si la Sala Constitucional la aprueba, el Gran Polo Patriótico prevé acudir al TSJ, al que la oposición tilda de ser el «bufete jurídico» del gobierno. A mediados de junio, esa corte admitió una demanda de Maduro contra el Parlamento, también por usurpación de funciones. El tribunal dictó entonces medidas cautelares e invalidó dos decisiones del Legislativo.
La lucha de poderes que envuelve a Venezuela coincide con un muy difícil momento económico marcado por la escasez de productos básicos y una inflación del 180,9% en 2015.
En pleno proceso revocatorio
La oposición aliada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está impulsando un proceso de referéndum revocatorio contra el dictador Maduro. Tras validarse las firmas solicitadas para comenzar con este proceso, 409.313 firmas fueron autenticadas, el doble de lo exigido por el CNE, a pesar de las trabas del oficialismo.
La autoridad electoral revisará las rúbricas en un plazo de 20 días hábiles que terminará el 26 de julio, y deberá decidir si autoriza la siguiente fase del revocatorio: la recolección de cuatro millones de firmas, el 20% del registro electoral.
La MUD está tratando que este mismo año los venezolanos acudan a las urnas porque, en caso de perder Maduro, habrá elecciones anticipadas. Si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017, Maduro, de salir derrotado, podrá elegir a su sucesor.
Este martes el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, instó al poder electoral a que active inmediatamente el referendo y autorice la recolección de firmas. «Nuestro llamado ahora es a avanzar de manera expedita, atendiendo al principio constitucional de celeridad», declaró Torrealba a la prensa.
Sin embargo, el chavismo anunció el lunes que entablará «tantas demandas y acciones legales como eventos fraudulentos haya habido».