Una juez de EEUU tumba el acuerdo con el hijo de Biden y lo pone a un paso de prisión

Demasiado fácil para que fuera cierto. El acuerdo de la justicia de Delaware (EEUU) con el hijo más polémico del presidente Joe Biden, de nombre Hunter Biden y quien pretendía evitar así la cárcel se ha roto en mil pedazos tras la intervención de la jueza del Tribunal de Distrito del país. El trato al que llegó Hunter Biden el mes pasado era reconocer su culpabilidad en dos delitos fiscales y tenencia ilícita de armas.

Se esperaba que este miércoles Hunter Biden se declarara culpable de dos cargos menores de incumplimiento deliberado en el pago de impuestos e ingresara en un programa de rehabilitación por la posesión de armas.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Maryellen Noreika, presidió la audiencia; sin embargo, rechazó firmar el acuerdo cuando los fiscales federales se negaron a descartar acusar al vástago político de nuevos delitos en el futuro que lo colocarían a un paso de su ingreso en prisión si la sentencia lo considera culpable.

Se referían, por ejemplo, al hecho de no registrarse como agente extranjero por hacer negocios en países como China y Ucrania que supuestamente involucraban a su padre que ocupaba la vicepresidencia de la administración estadounidense. Según informaciones periodísticas estadounidenses, Hunter Biden presentó a su padre a muchos de sus socios extranjeros y, en algunos casos, sirvió como enlace con los funcionarios estadounidenses.

Se espera que uno de los socios comerciales más cercanos de Hunter, Devon Archer, admita ante el Congreso la próxima semana que el entonces segundo hijo a menudo telefoneaba a su padre, entonces vicepresidente, mientras se reunía con sus socios en el extranjero y abría el manos libres.

El hijo de Biden permaneció en el consejo de administración de la empresa gasística ucraniana hasta 2019 y sus negocios con el gobierno chino acontecieron entre 2017 y 2018. La violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) es motivo de cárcel. Por ejemplo, el director de campaña de 2016 del ex presidente Donald Trump, Paul Manafort, fue sentenciado en 2018 a 60 meses de cárcel precisamente por violaciones de la FARA relacionadas con sus trabajos en Ucrania, más otros 30 meses por fraude fiscal y bancario.

Hunter Biden acordó el mes pasado declararse culpable de no pagar al menos 100.000 dólares en los más de 1,5 millones de ganancias obtenidas tanto en 2017 como en 2018. También accedió a admitir que mintió sobre su consumo de crack en un formulario federal de compra de armas de fuego en 2018. Se enfrentó una sentencia máxima de dos años de libertad condicional por los delitos fiscales y 10 años en una prisión federal por mentir en el formulario de compra de armas.

Según el acuerdo por el cargo de armas, Hunter tenía que permanecer sobrio, someterse a pruebas de detección de drogas, evitar cometer otros delitos durante dos años y aceptar no volver a poseer un arma de fuego.

El equipo legal de Hunter dijo que cree que su responsabilidad penal se resuelve con el acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal de Delaware, David Weiss, dice que su oficina aún está realizando una investigación y su equipo confirmó las pesquisas.

Hasta el momento, el hijo del presidente ha evitado los cargos por supuestamente trabajar como agente extranjero no registrado , y los republicanos del Congreso exigen saber qué hizo el equipo de Weiss para investigar la información de junio de 2020 de un informante del FBI de que un  oligarca ucraniano admitió haber pagado 10 millones en sobornos a Hunter y al entonces vicepresidente Joe Biden para influir en la política del gobierno estadounidense.

El acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden ha sido ridiculizado por los inspectores de la agencia tributaria estadounidense (IRS) encargados del caso, Gary Shapley y Joseph Ziegler, quienes junto a los los republicanos en el Congreso han denunciado el trato favorable recibido por Hunter Biden.

Las personas designadas en el Departamento de Justicia del presidente Biden supuestamente bloquearon los cargos más graves, mientras que los fiscales supuestamente frenaron los avances de la investigación y prohibieron preguntar sobre el papel del presidente en las relaciones exteriores en países como China y Ucrania, a pesar de las comunicaciones que lo  implican .