Los hutíes aceleran en su ofensiva contra Arabia Saudí

Los hutíes aceleran en su ofensiva contra Arabia Saudí
Ataques de los huthies sobre zonas controladas por Arabia Saudí (Foto: AFP)

Los hutíes continúan atacando el territorio saudí. En la madrugada del lunes al martes, un avión no tripulado – presumiblemente un dron Qasef-2K – lanzado desde Yemen impactaba contra una zona residencial de la ciudad de Abha, localizada al suroeste de Arabia Saudí, sin dejar heridos ni víctimas mortales. Mientras, otro dron, del que se desconoce su objetivo, era interceptado por el sistema de defensa aérea antimisiles de la monarquía del Golfo.

Los rebeldes hutíes, que se han atribuido la responsabilidad de este nuevo incidente – como lo llevan haciendo desde hace más de un mes – han asegurado en la cadena afín Al Masirah por medio de su portavoz que, con los dos drones del lunes, habían realizado el cuarto ataque contra la ciudad de Abha en los últimos cuatro días. Cabe recordar que el aeropuerto de esta misma urbe fue atacado por primera vez el miércoles pasado con un misil de crucero, según afirmaron los rebeldes, dejando un balance de 26 heridos y, entre ellos, dos menores. A primera hora de este lunes, la cadena Al Masirah anunciaba el lanzamiento de un segundo artefacto contra la instalación aeroportuaria, aunque esto no fue confirmado por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.

Denuncias de crímenes de guerra

El ataque del pasado miércoles, que causó dos decenas de heridos, ha sido considerado por el portavoz de la coalición internacional, el coronel Turki Al-Maliki, como “crímenes de guerra”, al dirigirse intencionadamente contra la población civil que, en este caso, se encontraba en la sala de llegadas del aeropuerto.

En esta línea, la organización Human Rights Watch (HRW) también ha denunciado que los hechos registrados la semana pasada constituyen este tipo de delito. El subdirector de Oriente Medio de HRW, Michael Page, ha exigido a los hutíes que detenga “inmediatamente todos los ataques a la infraestructura civil en Arabia Saudí” y aunque critica que la coalición internacional lanza ataques aéreos -a veces, indiscriminados- esto no puede justificar las operaciones de los rebeldes: “La muerte y el sufrimiento de civiles yemeníes a manos de la coalición liderada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí no ofrecen ninguna excusa para que las fuerzas hutíes cometan ataques ilegales contra civiles saudíes”, ha señalado Page.

El derecho internacional humanitario, por el que se rigen los conflictos armados, estipula, bajo el principio de distinción, que “las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes. Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil. Se hará también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden ser dirigidos contra los bienes civiles”.

El problema de esta legislación, recogida en los Convenios de Ginebra, surge porque solo se puede aplicar “en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional” y, en concreto, cuando este esté “declarado” entre dos partes, aunque “una de ellas no haya reconocido el estado de guerra”. El conflicto de Yemen podría caber en esta definición, pues se trata de una guerra civil que enfrenta a dos partes reconocidas: el Gobierno de Saná de Abdo Rabbu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes. Así, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) ha denunciado en reiteradas ocasiones que “la población y los objetivos civiles han sido objeto de ataques, en violación del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Sin embargo, el escenario se torna complejo al considerar la dimensión internacional del conflicto, que ya no se limita a las fronteras nacionales de Yemen: la participación bélica de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí y los ataques llevados a cabo por los hutíes en territorio saudí. En este último caso, los civiles y las infraestructuras – como el aeropuerto de Abha o el de Najran – que se convierten en el blanco de las operaciones lanzadas por la rebelión, al encontrarse en suelo de otro país, podrían estar considerados como un vacío legal en el que la aplicación del derecho internacional humanitario quedase en el aire.

Cabe explicar, también, que a nivel internacional solo la Corte Penal Internacional (CPI) es competente para juzgar y condenar los crímenes de guerra, puesto que se considera como uno de los “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”, junto con el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de agresión. Es importante señalar que la CPI establece responsabilidades penales individuales, es decir, que los casos siempre se dirigen contra individuos y no contra Estados, organizaciones o grupos armados.

La reacción del Consejo de Seguridad de la ONU

El lunes, el Consejo de Seguridad emitió un comunicado en el que condenaba el ataque al aeropuerto de Abha “en los términos más fuertes” e instaba a las dos partes en el conflicto a “avanzar hacia una solución política integral”. Esto sucede después de que Arabia Saudí informara al Consejo de que los hutíes eran responsables del ataque y de que las investigaciones en curso probaban que Irán estaba apoyando las milicias.

El martes, durante una reunión del órgano de Naciones Unidas, el jefe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, alertó de la emergencia humanitaria que sigue envolviendo a Yemen. Así, advirtió de que tenían “pruebas serias de que algo de comida iba a las personas equivocadas”, lo que provocaba que “los niños se estén muriendo en este momento debido a eso” y que si no recibían garantías de que la distribución se llevase a cabo de forma efectiva, comenzarían “una suspensión gradual de la asistencia alimentaria, muy probablemente hacia el final de la semana”.

En la reunión, en la que también estaba presente el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, se mostró confiado de lograr un acuerdo con una “solución política integral”, con el apoyo del Consejo de Seguridad, que terminase “la lucha de una vez por todas”.

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