EEUU incluye a varios amigos de Zapatero del Foro de Sao Paulo en su lista de «individuos corruptos»

El Gobierno de EEUU ha actualizado un año más la Lista Engel -lista que incluye a los individuos más corruptos y antidemocráticos de Centroamérica -con la incorporación de 39 personas señaladas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Algunos de los acusados son además miembros del Foro de Sao Paulo, organización de extrema izquierda que reúne a los líderes de Iberoamérica y que tienen al ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, como uno de sus principales exponentes.

De todos ellos, destacan los exmandatarios de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quienes se encuentran prófugos de la justicia y huidos a Nicaragua, país que les ha otorgado nacionalidad.

Mauricio Funes ocupó el cargo de presidente salvadoreño desde 2009 a 2014, y fue sucedido por Salvador Sánchez, a quien Washington vincula con corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Ninguno de los dos puede ser extraditado en la actualidad tras recibir la ciudadanía del gobierno del presidente Daniel Ortega.

En el caso de Funes, la justicia salvadoreña le acusa de malversar 350 millones de euros durante su mandato. También fue condenado en ausencia por sobornar a diputados y al fiscal general, así como financiación irregular por parte de la multinacional Odebrecht. Tanto él como su sucesor, Sánchez Cerén, son miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) un partido político de extrema izquierda nacido en 1980 como grupo terrorista financiado y entrenado por Fidel Castro desde Cuba.

«La corrupción, una de las causas fundamentales de la migración irregular, socava nuestra seguridad nacional», afirmó Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, al presentar el informe esta semana.

En la lista, destaca también la presencia de la fiscal de Guatemala, Cinthia Monterroso, y los jueces Fredy Raúl Orellana y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez. Orellana es el juez que ordenó la suspensión de un partido anticorrupción después de que su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, obtuviera suficientes votos para participar en la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto con su formación Movimiento Semilla.

De hecho, el pasado domingo 23 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, entre ellos el ex presidente español José María Aznar, lanzaron un duro comunicado de apoyo a Arévalo y condenando la judicialización de las elecciones en Guatemala.

Por su parte, el gobierno de Guatemala rechazó las acusaciones desde EEUU y calificó el informe como «utilizado por Estados Unidos para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, como despreciable».

La Lista Engel también ha incorporado este año a ex funcionarios del gobierno del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

También aparecen políticos del opositor Partido Liberal de Honduras, incluido su líder Yani Rosenthal, previamente condenado por lavado de dinero en EEUU. Rosenthal respondió en un tuit que «rechaza categóricamente las acusaciones infundadas hechas en la lista».

La sección nicaragüense incluye a todos los líderes parlamentarios del país, con excepción de su presidente, quien ya fue sancionado anteriormente por Washington, y varios jueces y directores del organismo de control de lavado de dinero de Nicaragua.

«Esta lista identifica a las personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, en actos de corrupción significativos o en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador», aseguró Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EEUU.

La Lista Engel está respaldada por la Ley de Compromiso Ampliado Triángulo Norte-EEUU, que en diciembre de 2020 se incluyó como parte de la Ley de Asignaciones, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. Por ley, es obligatorio que el Departamento de Estado produzca la lista y la entregue al Congreso al menos dos veces al año. La principal consecuencia para los afectados es que los hace inelegibles para obtener visados de entrada a EEUU y abre la posibilidad de que se bloqueen sus cuentas o propiedades en suelo estadounidense.