Las víctimas del terrorismo exigen a Sánchez «el mismo trato que da a las de Memoria Democrática»

Las víctimas del terrorismo exigen al Gobierno de Pedro Sánchez «el mismo trato que da a las de Memoria Democrática». La asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ha pedido al PP que presente una Proposición de Ley que multe a quienes ensalzan el terrorismo y humillan a las víctimas de ETA, «igual que se hace con quienes enaltecen el franquismo».

Las víctimas del terrorismo denuncian que están «discriminadas» respecto a las de Memoria Democrática. Y quieren que en su caso, los crímenes también sean imprescriptibles por ser delitos de lesa humanidad, como además ha dicho la Audiencia Nacional; así como una Fiscalía ex profeso, como tienen las víctimas del franquismo en el Tribunal Supremo; y que quienes exaltan a ETA «tengan las mismas multas de cientos de miles de euros que los que enaltecen al franquismo».

Asimismo, reclaman que se modifique el artículo 61 de la Ley de Víctimas, «que es muy general», para dar capacidad ejecutiva real a los delegados del Gobierno y que puedan actuar administrativamente contra el enaltecimiento y la humillación a las víctimas.

Exigen una equiparación total

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, agradece la iniciativa del PP de 2024 de intentar equiparar a ambas víctimas, pero afirma que es «claramente insuficiente» y que «es necesario que haya una equiparación total»: «No queremos ser víctimas de segunda».

Por ello, esta asociación ha articulado el borrador de una iniciativa con las medidas que considera necesarias para el colectivo y que ha entregado al PP. En esta proposición de ley, a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, se plantea modificar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas de terrorismo, «en cumplimiento de las recomendaciones del Parlamento Europeo y demás instrumentos normativos internacionales y comunitarios en materia de terrorismo».

Dignidad y Justicia destaca que las víctimas del terrorismo han realizado «tal sacrificio en favor de la sociedad española» que ésta, y fundamentalmente los poderes públicos, siempre estarán en deuda con ellas. Por eso, «deben mantener el deber, no sólo legal, sino ético y moral de procurar una protección integral a las mismas, porque, como establece la exposición de motivos de la la citada ley, ‘la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo’».

«Un gobierno no puede gobernar para unos pocos, hacer una ley de memoria y reconocer a unas víctimas y relegar a otras a segundo plano sólo muestra sectarismo», denuncia Portero, subrayando que «no se puede tratar a las víctimas con diferente rasero». Como del PSOE y sus socios no espera nada, presenta la iniciativa al PP, para que fuerce a Sánchez a acabar con esta injusticia que «humilla y machaca todavía más a las víctimas».

Retroactividad y no amnistiables

Portero señala en la iniciativa, de 37 páginas, que la Ley de Memoria Democrática impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, y en vigor desde el 21 de octubre de 2022, permite la aplicación retroactiva de la norma a los actos que la vulneran, que, además, gozarán de la consideración de no amnistiables, «dos características que no tiene la ley de víctimas del terrorismo».

«En concreto, a las víctimas de ETA, las cuales han visto cómo las víctimas del franquismo pueden perseguir cualquier delito cometido en el ámbito temporal de aplicación de dicha norma, incluso estando amnistiado, además de poder calificarlo como delito de lesa humanidad, mientras que las víctimas del terrorismo, por delitos cometidos en el mismo periodo tienen privado dicho derecho a la Justicia, a la verdad y a la memoria, cuando hay 376 asesinatos terroristas cometidos por ETA sin resolver», apunta.

Con esta proposición de ley, Dignidad y Justicia persigue subsanar esta «desigualdad jurídica», estableciendo en la Ley 29/201 un marco legal como el de Memoria Democrática.

Además, su Proposición de Ley establece un auténtico régimen sancionador, como el de la Ley de Memoria Democrática, respecto de los actos, símbolos o elementos que ensalzan o justifican el terrorismo y/o a sus autores, así como los actos que entrañan descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares, «viniendo así a cubrir otras de sus necesidades relativas a la dimensión pública del daño causado por el terrorismo, tales como la verdad, la memoria, la Justicia y el respeto a la dignidad», las cuales «no quedan todavía satisfechas plenamente».

Falta de voluntad política

Una situación que achaca a «la falta de los mecanismos adecuados y la voluntad para establecerlos para evitar estas conductas enaltecedoras del terrorismo que atentan gravemente contra el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo y conducen a la incesante revictimización de las mismas».

Daniel Portero hace hincapié en que «procurar una protección integral a las víctimas del terrorismo, implica la adopción de medidas e instrumentos que erradiquen los actos de enaltecimiento del terrorismo y que humillan a las víctimas».

«Sólo de esa manera se contribuirá a conseguir la absoluta deslegitimación de la narrativa terrorista que presenta a los victimarios como mártires de un pseudo conflicto político, en la que abandonando cualquier atisbo de blanqueamiento de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por ETA, prevalezca la opinión y el relato de las víctimas, que describa cómo en más de cincuenta años la sociedad española vivió el terror de la organización terrorista ETA, cuyos verdugos asesinaron a 858 víctimas inocentes, con las que la sociedad española siempre estará en deuda», concluye.

Multas de hasta 150.000 euros

Entre las medidas que exige Dignidad y Justicia se encuentra la creación de un fiscal de Sala de Derechos Humanos y Víctimas del Terrorismo para la investigación de hechos que constituyan violaciones del Derecho internacional, al que se le atribuirán también funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.

Asimismo, reclama que el Estado asuma la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.

Además, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de esta obligación, de acuerdo a esta iniciativa.

Para la ejecución de lo ordenado, la administración competente podrá imponer multas coercitivas, hasta diez sucesivas por períodos de un mes y en cuantía de 200 a 1.000 euros. Para infracciones muy graves reclama multas entre 10.001 a 150.000 euros, para graves multas entre 2.001 a 10.000 y para leves, entre 200 y 2.000.