Varapalo del Tribunal de Cuentas a IU, ERC y Bildu: presentan una contabilidad incompleta

El Tribunal de Cuentas ha emitido un nuevo informe fiscalizador de partidos políticos y pone en la picota a formaciones como Izquierda Unida, ERC y Bildu. En total, son 10 formaciones cuyo resultado en el documento aprobado ahora por este organismo es “desfavorable”. Por otra parte, hay 14 entidades que logran un aprobado raspado (“favorable con salvedades”) y sólo uno de los partidos con representación nacional, Coalición Canaria, recibe una buena nota, un resultado “favorable”.

La lista completa de formaciones a las que el Tribunal de Cuentas ha dejado retratadas son: En Marea, Equo, ERC, EUiA, Federación EH Bildu, IU, Mas per Mallorca, Partido Aragonés, Partit Demócrata Europeu Català y la extinta Convergencia Democrática de Catalunya. Los fiscalizadores han aprobado en las últimas semanas la fiscalización de las cuentas de 2017. Fuentes del organismo consultadas por OKDIARIO admiten el claro retrato, pero aseguran que se está remontando. Pretenden aprobar este año un informe que recoja los análisis de 2018 y 2019.

Ahora los partidos tendrán que recoger en su página web estas conclusiones y tratarán de evitar aparecer de nuevo en esta lista negra. Las principales causas para obtener un informe desfavorable es que no han publicado la integridad de sus cuentas. Han presentado documentos incompletos, por ejemplo, si tienen delegaciones en diferentes partes de España, de coaliciones o de otras entidades vinculadas.

Por otra parte, los partidos que aprueban “con salvedades” son: Anova, Barcelona En Comú, BNG, Ciudadanos, Compromís, Iniciativa per Catanlunya-Verds, Nueva Canarias, PNV, PP, PSOE, PSC, Podemos y UPN. En total, 14 entidades. De las 25 partidos auditadas en total, 19 presentaron la documentación en plazo y 6, fuera del mismo.

Posibles expedientes

El dictamen del Tribunal de Cuentas no tiene mayor recorrido a no ser que se hayan localizado irregularidades de carácter delictivo. En ese caso se envía a la Fiscalía. No obstante, el Tribunal de Cuentas considera que no tiene que hacer pública ese traslado. Fuentes oficiales señalan que eso sería un perjuicio a la reputación de las formaciones y, por tanto, la ley les ampara para mantener en secreto esas actuaciones judiciales. Además, afirman que otros organismos como el Banco de España o la CNMC sí tienen regulada la posibilidad de amonestar públicamente alguna situación.

Fondos públicos

Este informe ha examinado el uso de 170 millones de euros públicos. El Tribunal ha detectado que el 72% de las fuentes de financiación de los partidos son fondos públicos y sólo un 28% privados. Por tanto, hace un llamamiento a que las organizaciones políticas busquen formas de financiación privada para no desaparecer si tienen problemas en las elecciones. Es el caso de formaciones como UPyD que ha sido liquidado en los últimos meses y formaciones como IU que arrastran deudas millonarias sin contar que se han desligado de delegaciones regionales, como en Madrid su filial IUCM, que también mantiene deudas que presumiblemente nunca pagará.

El Tribunal de Cuentas analiza la actividad ordinaria de los partidos y sus fundaciones a través de cuentas anuales consolidadas, subvenciones, donaciones, préstamos, informes de control interno, justificantes de pagos e ingresos. Cruzan esa documentación que aportan los partidos con documentación que recaban los fiscalizadores del Ministerio del Interior, de la Junta Electoral Central, de bancos y proveedores. Entre otros, se analiza las deudas pendientes con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. También analizan la información que reciben de otras instancias judiciales.

Este organismo da hasta el 30 de junio de cada año a los partidos para aportar la contabilidad del ejercicio anterior y 125 días tras cada proceso electoral para la documentación precisamente de una cita con las urnas. No obstante, tardan varios años para emitir su informe final. El de 2017 se ha aprobado ahora, cinco años después, en 2022. No obstante, el Tribunal explica que es un proceso muy garantista, que han tenido muchos procesos electorales en los últimos años y que hasta ahora no han tenido refuerzos de medios humanos. Ahora son aproximadamente 30 auditores.