El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio contra los independentistas por los gastos del 1-O

Varapalo del Tribunal de Cuentas a los políticos independentistas. La jueza ha decidido no suspender el juicio contra los dirigentes políticos de ERC y Junts que desde la Generalitat desviaron presuntamente fondos públicos para el referéndum ilegal del 1-O y para la acción exterior del Govern en el marco del procés. Elena Hernáez, que en el ámbito contable se denomina consejera, ha subrayado que aún no se conoce la redacción final de la Ley de Amnistía, si es que se llega a aprobar en las Cortes. Por tanto, no corresponde suspender este procedimiento que analiza responsabilidades contables en los altos cargos autonómicos.

Hernáez, que es consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, se ha pronunciado así después de que el pasado 17 de noviembre se celebrara el juicio con la incógnita de si estimaría o no la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspender el procedimiento por la proposición de ley que presentó el PSOE en el Congreso. Previamente ya había descartado los recursos en el mismo sentido de Gonzalo Boye, abogado de los dirigentes encausados.

Los independentistas sostenían que era «altamente probable» que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía «acarrear cargas procesales innecesarias».

Fuentes del Tribunal de Cuentas informan que la consejera fundamenta la resolución denegatoria de suspender el procedimiento en que, a fecha de hoy, se desconocen los términos de la Ley de Amnistía pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales.

Durante la vista pública del 17 de noviembre, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana –que ejerce la acusación– mostraron su oposición a que se suspendiera el procedimiento. El representante del Ministerio Público aseguró que se tenía que oponer porque la suspensión no se podía «subordinar a un acontecimiento futuro». A pesar que un juzgado de Cataluña ha decidido por su cuenta suspender un juicio por la tramitación parlamentaria, este órgano opta por la prudencia y decide continuar con su juicio que podría acabar con una multa millonaria del Tribunal de Cuentas a los impulsores del procés.

La consejera ha coincidido con la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y ha visto pertinente desestimar el argumento de los de ERC y continuar con el procedimiento.

35 encausados por el Tribunal de Cuentas

En este caso, la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta –además de Carles Puigdemont– el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En el listado también aparecen exconsejeros autonómicos sentenciados por el Tribunal Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; ex consejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Igualmente, están imputados nueve individuos que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en el caso de los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Entre otros, el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.