Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas detecta infracciones en las donaciones a En Comú, Sortu y Vox

Detectaron donaciones en efectivo, prohibidas por no ser comprobable su origen

El organismo podría tardar seis meses en dictar una resolución definitiva

Tribunal de Cuentas infracciones
Ada Colau, líder de Barcelona En Comú. (Foto: EP)
Rafael Molina

El Tribunal de Cuentas ha detectado infracciones en las donaciones recibidas por En Comú, Sortu y Vox en 2020. El organismo ha detectado estas irregularidades en su informe de fiscalización sobre la contabilidad ordinaria de los partidos durante ese ejercicio.

El órgano fiscalizador de cuentas ha indicado que En Comú y Sortu aceptaron donaciones o aportaciones particulares sin haber identificado al donante. La formación encabezada por Ada Colau recibió donaciones por valor de 279,04 euros, mientras que el partido que integra la coalición de Bildu, 936 euros. Esta práctica está prohibida, ya que no pueden comprobar el cumplimiento de los requisitos legales de la donación.

Por su parte, también se ha señalado al PDeCAT, el partido que encabezó el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. A esa formación se le atribuye haber aceptado donaciones finalistas por valor de 9.100 euros.

En el caso de Vox, también se le acusa de haber recibido aportaciones sin identificar al donante, además de aceptar dinero de cuotas o aportaciones en efectivo. Esto está prohibido porque, para poder tener información de los donantes, estas aportaciones deben hacerse a través de cuentas bancarias con el objetivo de que se pueda fiscalizar.

El partido de Santiago Abascal recibió 102.048,30 euros a través de cajeros automáticos. Esos ingresos fueron registrados como actividades promocionales, pero el Tribunal de Cuentas añade que «existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos».

Más allá de esos ingresos, se aceptaron pagos en efectivo por valor de 1.661 euros por cuotas de afiliados. También se registraron 440 euros por la emisión de carnets de afiliados y otros 100 euros por donaciones. Y, por otro lado, se aceptaron 2.754 euros en donaciones finalistas, prohibidas en la Ley de Financiación de Partidos.

Ciudadanos y En Comú

No son las únicas irregularidades que ha descubierto el organismo fiscalizador de las cuentas públicas. Ciudadanos, Catalunya y Barcelona En Comú habrían incumplido la norma, según el Tribunal de Cuentas, al no haber compartido los contratos exigidos por la institución. Esta se considera una infracción leve, ya que se tipifica como una falta en el deber de colaboración.

Todas las formaciones que ha analizado el organismo tenían publicadas las cuentas en su página web, a excepción de Compromis y Más Madrid. Estas dos formaciones no añadieron la información sobre créditos y donaciones superiores a 25.000 euros. Otros cinco partidos no subieron el último informe del Tribunal de Cuentas, algo a lo que están obligados.

EL PSOE, Izquierda Unida, Bildu y PNV no incluyeron en sus cuentas la contabilidad de algunas actividades de sus organizaciones locales. Además, IU, la CUP y Nueva Canarias han recibido una nota negativa en la valoración del Tribunal de Cuentas. Esos partidos presentaron unas cuentas anuales con varias carencias y no reflejaron adecuadamente su situación financiera y patrimonial.

Además de estas irregularidades, detectaron otros incumplimientos: dos formaciones no habían abierto todavía las cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, de las aportaciones y de las donaciones; once de ellas no ingresaron las cuotas y aportaciones en las cuentas específicas; cinco no metieron donaciones en la cuenta que debían, y varias aceptaron cuotas de afiliación de personas distintas al militante y de una persona jurídica, que es ilegal.

El Tribunal de Cuentas aprobó el informe este jueves. Una vez realizado este trámite, posteriormente se realizará un procedimiento de información previa con cada uno de estos partidos para pedirles aclaraciones. Durante ese tiempo también se podrán presentar alegaciones. El organismo podría tardar seis meses en dictar una resolución, que podría ser una sanción.

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