Torrelodones tendrá que pagar 200.000 € a los policías que sancionó la jefa de gabinete de Escrivá

El Ayuntamiento de Torrelodones tendrá que pagar 200.000 euros a los policías sancionados por Elena Biurrum, ex alcaldesa de la localidad y actual jefa de Gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Las sanciones han sido anuladas, cuatro años después, por la Justicia. El pleno del Ayuntamiento ha tenido que aprobar una modificación presupuestaria para hacer frente al pago y cumplir las sentencias judiciales que han dado la razón a los policías dejando claro que su actuación fue correcta.

Elena Biurrum, de Vecinos por Torrelodones, abrió un expediente por falta muy grave a los cuatro agentes en 2016 acusándoles de trato vejatorio a un ciudadano en la comisaría y les sancionó con suspensión de empleo y sueldo. A uno de ellos por dos años. Biurrum ordenó, durante su mandato, recurrir los fallos judiciales que se iban produciendo en contra de la corporación con el consiguiente coste para las arcas municipales. Su sucesor, Alfredo García-Plata, ha preferido dar por zanjado el asunto y no seguir pagando procedimientos asumiendo la última de las sentencias que daba la razón a los policías. Eso sí, en el pleno municipal en el que se ha aprobado la modificación presupuestaria para cumplir las sentencias, García-Plata, de Vecinos por Torrelodones, ha evitado pedir perdón a los agentes y ha insistido en que el ayuntamiento -presidido entonces por su mentora política- actuó correctamente. «El ayuntamiento -ha afirmado- actuó con rigor y con responsabilidad velando por el interés general». «No ha habido actuación temeraria ni negligente», ha reiterado. Es más, ante el pleno, el alcalde hablo del «desgaste» que este «desafortunado y desagradable asunto» había provocado… «en el ayuntamiento». No citó a los agentes.

Como publicó OKDIARIO, fuentes conocedoras del tema destacan el «calvario» que han vivido los cuatro policías y sus familias. Los afectados prefieren no hablar. Fuentes allegadas señalan que están «destrozados» moral y anímicamente y que sólo quieren «pasar página». Alguno sufre aún secuelas en cuanto revive alguna situación parecida a aquella. «El sufrimiento de sus familias -señalan las fuentes- ha sido también enorme». Todos ellos tienen una impecable hoja de servicios de 15 años.

El asunto no ha trascendido, casi, en estos cuatro años. El ayuntamiento lo ha mantenido prácticamente oculto a la opinión pública en este tiempo. De hecho se ha conocido por el punto del orden del día del pleno de este martes que hacía referencia a la «modificación presupuestaria para hacer frente y llevar a cabo las sentencias dictadas por el Juzgado que suponen un total de 199.408, 75 euros entre retribuciones y Seguridad Social, al acatar en todos sus términos las sentencias de los policías expedientados en 2016». Sin más.

El ayuntamiento tiene que abonar de las arcas municipales a los policías  49.522 euros en Seguridad Social, 26.166 en sueldos, 3.470 euros por  antigüedad, 17.337 euros por complemento destino, 70.960 por complemento específico, 28.270 por productividad, noches y festivos y 3.681 euros en gratificaciones. Además, en todos los casos, los tribunales han condenado al ayuntamiento en costas. No hay información pública sobre otros costes para las arcas públicas de este asunto. En el pleno, la oposición solicitó al alcalde que pidiera perdón a los policías y se asumieran responsabilidades políticas. El alcalde García-Prada dijo que «hay que pasar página» y aseguró que Biurrum no le dejó «una herencia envenenada».

Cuatro años

La sanción a los cuatro policías lleva la firma de Elena Biurrum. Es una resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Torrelodones de 11 de noviembre de 2016 rechazando las alegaciones de los agentes. En ella, Biurrum acusaba a uno de los policías de haber «agredido a un ciudadano sin motivo alguno estando esposado en dependencias policiales». La entonces alcaldesa de Torrelodones lo consideró una falta muy grave y le impuso una suspensión de empleo y sueldo de casi dos años: 23 meses y un día. A los otros tres agentes les suspendió de empleo y sueldo durante medio año por no impedir la supuesta agresión de su compañero. Después de cuatro años, la Justicia ha dado, plenamente, la razón a los agentes.

En el expediente abierto por Elena Biurrum a estos policías se citaba la grabación de las cámaras de seguridad de la comisaría como prueba clave para acusarles y se afirma «que se aprecian en las imágenes la agresión a un ciudadano que se encuentra esposado en las dependencias policiales». Según el expediente municipal, esas imágenes «son absolutamente injustificables, demostrando un abuso notorio de poder hacia una persona en estado de embriaguez, indefenso y maniatado». Además, se afirmaba también que, a la vista de las imágenes, esta persona fue «agredida agarrándola por el cuello, aplastándola contra un banco y arrastrándola a un pasillo donde no existen cámaras de seguridad». En la resolución de Elena Biurrum se destacaba que este ciudadano estaba «esposado sin detención legal» y que, mientras tanto, «otros agentes miran sin actuar y no impidiendo ni criticando las actuaciones, ni defendiendo al ciudadano que aparece en las imágenes, siendo con ello partícipes de todo lo acaecido».

Hechos probados

Esta fue la versión del equipo de Gobierno de Torrelodones que presidía, entonces, la hoy jefa de Gabinete del ministro Escrivá. Nada que ver, a la vista del mismo vídeo y de las mismas imágenes, con la conclusión del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 7 de Collado-Villalba.
La sentencia declara como hechos probados que el día de autos la Guardia Civil de Torrelodones se topó con un individuo «que se encontraba realizando una maniobra de estacionamiento en mitad de un carril de circulación». Dice que los guardias civiles procedieron a su identificación y, al reconocer el individuo que había bebido bastante, avisaron a la Policía Local de Torrelodones para efectuar la prueba de alcoholemia y le acompañaron a la comisaría. Los guardias civiles declararon que en el traslado el individuo  ya «mantuvo en todo momento una actitud poco colaboradora, alterada y agresiva». Según los hechos probados de la sentencia, al llegar a la comisaría de la Policía Local, se ocuparon de él los cuatro agentes sancionados para hacerle la prueba de alcoholemia. A la vista del vídeo, la sentencia considera como hechos probados también que el individuo «se mostraba muy nervioso y agresivo», llegando a decirle a uno de los policías que le iba a «pegar una hostia». La sentencia señala que el policía «procedió a colocarle los grilletes, utilizando la mínima fuerza indispensable para realizar dicha actuación, debiendo sujetarlo por los hombros para que no se cayera al suelo».

La sentencia también deja claramente acreditado, como hecho probado, que este individuo «debido al grado de alteración que presentaba en su proceder, se golpeó contra el mostrador del hall de entrada de las dependencias policiales, se sentó encima de los grilletes, se arrastró por el suelo (incluida la cabeza) y golpeó el suelo con los nudillos. Como consecuencia de dichas acciones autolesivas, sufrió lesiones consistentes en erosión en ceja izquierda y nariz, tumefacción en mano derecha, eminencia tenar, y dolor y limitación de movilidad del primer dedo de la mano derecha, para cuya sanidad precisó de una primera asistencia facultativa (cura local y vendaje), siendo estimado el tiempo de curación en siete días, de carácter no impeditivo para desarrollar sus funciones habituales». Con todo ello y a la vista del vídeo policial, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 7 de Collado-Villalba resolvió que «en base a tal declaración de hechos probados no existió una conducta tipificada en la normativa disciplinaria de la Policía Local».

Resuelta la vía penal, siete meses después, en mayo de 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid dio de nuevo la razón a los agentes. El Juzgado fue el encargado del recurso presentado por los policías contra la resolución sancionadora de la entonces alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrum. El Juzgado 11 de Madrid hizo suyos los hechos probados en la sentencia del Juzgado 7 de Collado Villalba y anuló la sanción a los policías locales, ya que -dice la sentencia- «la cosa juzgada declarada en un proceso penal despliega un efecto positivo sobre los mismos hechos examinados en un expediente disciplinario, de manera que lo declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica».