Torrelodones condenado a restituir a 4 policías a los que la jefa de gabinete de Escrivá acusó de maltrato

El Ayuntamiento de Torrelodones ha sido condenado de manera firme  a restituir de pleno derecho en su puesto a cuatro policías locales a los que acusó en 2016 de trato vejatorio a un ciudadano. La alcaldesa era, entonces, Elena Biurrum, de Vecinos por Torrelodones, actual jefa de Gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Biurrum les suspendió de empleo y sueldo. A uno de ellos por dos años. Pese a perder los primeros juicios en 2018 y 2019, el ayuntamiento siguió recurriendo hasta darse por vencido, recientemente, en el último recurso. Vecinos por Torrelodones sigue gobernando el municipio madrileño con mayoría absoluta.

El ayuntamiento tiene ahora que restituirles de pleno derecho en sus puestos pagando, completos, sus salarios y Seguridad Social por el tiempo que estuvieron sancionados y apartados del servicio. El coste para las arcas públicas de Torrelodones no se sabe aún. El ayuntamiento ha sido condenado en costas en todos los procedimientos y tendrá que abonar también los intereses generados estos cuatro años y el pago de procuradores.

Fuentes conocedoras del tema destacan el «calvario» que han vivido los cuatro policías y sus familias. El asunto no ha trascendido, prácticamente, en estos cuatro años. Los afectados prefieren no hablar y el ayuntamiento lo ha mantenido oculto este tiempo. Fuentes allegadas señalan que están «destrozados» moral y anímicamente y que sólo quieren «pasar página». Alguno sufre aún secuelas en cuanto revive alguna situación parecida a aquella. «El sufrimiento de sus familias -señalan- ha sido también enorme por algo que era falso claramente desde el principio, que cuestionó su profesionalidad como policías, que les situó en el punto de mira y que les llevó a una delicada situación personal y familiar». Todos ellos tienen una impecable hoja de servicios de 15 años.

Elena Biurrum

La sanción a los cuatro policías lleva la firma de Elena Biurrum. Es una resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Torrelodones de 11 de noviembre de 2016 rechazando las alegaciones de los agentes. En ella, Biurrum acusaba a uno de los policías de haber «agredido a un ciudadano sin motivo alguno estando esposado en dependencias policiales». La entonces alcaldesa de Torrelodones lo consideró una falta muy grave y le impuso una suspensión de empleo y sueldo de casi dos años: 23 meses y un día. A los otros tres agentes les suspendió de empleo y sueldo durante medio año por no impedir la supuesta agresión de su compañero. Después de cuatro años, la Justicia ha dado, plenamente, la razón a los agentes.

En el expediente abierto por Elena Biurrum a estos policías se citaba la grabación de las cámaras de seguridad de la comisaría como prueba clave para acusarles y se afirma «que se aprecian en las imágenes la agresión a un ciudadano que se encuentra esposado en las dependencias policiales». Según el expediente municipal, esas imágenes «son absolutamente injustificables, demostrando un abuso notorio de poder hacia una persona en estado de embriaguez, indefenso y maniatado». Además, se afirmaba también que, a la vista de las imágenes, esta persona fue «agredida agarrándola por el cuello, aplastándola contra un banco y arrastrándola a un pasillo donde no existen cámaras de seguridad». En la resolución de Elena Biurrum se destacaba que este ciudadano estaba «esposado sin detención legal» y que, mientras tanto, «otros agentes miran sin actuar y no impidiendo ni criticando las actuaciones, ni defendiendo al ciudadano que aparece en las imágenes, siendo con ello partícipes de todo lo acaecido».

Sentencias absolutorias

Esta fue la versión del equipo de Gobierno de Torrelodones que presidía, entonces, la hoy jefa de Gabinete del ministro Escrivá. Nada que ver, a la vista del mismo vídeo y de las mismas imágenes, con la conclusión del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 7 de Collado-Villalba.

La sentencia declara como hechos probados que el día de autos la Guardia Civil de Torrelodones se topó con un individuo «que se encontraba realizando una maniobra de estacionamiento en mitad de un carril de circulación». Dice que los guardias civiles procedieron a su identificación y, al reconocer el individuo que había bebido bastante, avisaron a la Policía Local de Torrelodones para efectuar la prueba de alcoholemia y le acompañaron a la comisaría. Los guardias civiles declararon que en el traslado el individuo  ya «mantuvo en todo momento una actitud poco colaboradora, alterada y agresiva». Según los hechos probados de la sentencia, al llegar a la comisaría de la Policía Local, se ocuparon de él los cuatro agentes sancionados para hacerle la prueba de alcoholemia. A la vista del vídeo, la sentencia considera como hechos probados también que el individuo «se mostraba muy nervioso y agresivo», llegando a decirle a uno de los policías que le iba a «pegar una hostia». La sentencia señala que el policía «procedió a colocarle los grilletes, utilizando la mínima fuerza indispensable para realizar dicha actuación, debiendo sujetarlo por los hombros para que no se cayera al suelo».

La sentencia también deja claramente acreditado, como hecho probado, que este individuo «debido al grado de alteración que presentaba en su proceder, se golpeó contra el mostrador del hall de entrada de las dependencias policiales, se sentó encima de los grilletes, se arrastró por el suelo (incluida la cabeza) y golpeó el suelo con los nudillos. Como consecuencia de dichas acciones autolesivas, sufrió lesiones consistentes en erosión en ceja izquierda y nariz, tumefacción en mano derecha, eminencia tenar, y dolor y limitación de movilidad del primer dedo de la mano derecha, para cuya sanidad precisó de una primera asistencia facultativa (cura local y vendaje), siendo estimado el tiempo de curación en siete días, de carácter no impeditivo para desarrollar sus funciones habituales». Con todo ello y a la vista del vídeo policial, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 7 de Collado-Villalba resolvió que «en base a tal declaración de hechos probados no existió una conducta tipificada en la normativa disciplinaria de la Policía Local».

Resuelta la vía penal, siete meses después, en mayo de 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid dio de nuevo la razón a los agentes. El Juzgado fue el encargado del recurso presentado por los policías contra la resolución sancionadora de la entonces alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrum. El Juzgado 11 de Madrid hizo suyos los hechos probados en la sentencia del Juzgado 7 de Collado Villalba y anuló la sanción a los policías locales, ya que -dice la sentencia- «la cosa juzgada declarada en un proceso penal despliega un efecto positivo sobre los mismos hechos examinados en un expediente disciplinario, de manera que lo declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica».

Herencia envenenada

Este asunto no ha sido la única herencia envenenada que la anterior alcaldesa dejó a Alfredo García-Plata, actual alcalde de Torrelodones. Elena Biurrun, y su marido, Santiago Fernández, ex concejal de Urbanismo cuando ella era alcaldesa, dejaron un agujero de 100.000 euros en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura. Fernández dio orden de devolver 100.000 euros a un proveedor saltándose varios procedimientos y haciendo oídos sordos a dos sentencias en contra.

El actual equipo de Gobierno de García-Plata lo ha justificado como un «error administrativo» que «lamenta». El ayuntamiento ha tenido que recurrir al procedimiento jurídico adecuado para estos casos, que es la declaración de lesividad. En julio tuvo que convocarse un pleno extraordinario para aprobarla. La oposición cree que Fernández actuó de forma «irregular» provocando «un perjuicio patrimonial de más de 100.000 euros a las arcas municipales». Ahora, el alcalde García-Plata tendrá que sumar los pagos que correspondan a estos cuatro policías.