Tezanos ‘bendice’ la ley de Sánchez para acallar a los medios críticos: «Hay que sancionarles»

Los órganos de propaganda del PSOE dan su beneplácito al plan del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar a los medios críticos y premiar a los afines. Uno de ellos es la Fundación Sistema que dirige José Félix Tezanos, también presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en el último número de su revista publica un artículo en el que apuesta por «bloquear redes y sancionar a medios». Todo ello en la línea de lo que propone ese Plan de Acción por la Democracia que Sánchez presentó el pasado septiembre.

Tezanos deja claro en su revista Temas que el plan con el que el Gobierno busca aumentar su control de los medios críticos bajo el pretexto de lucha contra la desinformación cuenta con su total respaldo. Es más, el polémico presidente del CIS apuesta por endurecer aún más la apuesta y llevar los castigos hasta las últimas consecuencias.

«Se debe acudir a la vía penal, porque las sanciones administrativas lamentablemente son poco eficaces en España en la medida que actualmente hay algunos órganos del Poder Judicial, en todas las instancias, que se encuentran en estado de práctica rebelión contra el Gobierno», asegura Tezanos en su editorial, titulado Bulos, infundios y patrañas.

El jefe de la demoscopia pública, que encumbra a Sánchez en cada barómetro, señala además que «el rumor y los infundios son un instrumento espurio de acción política que suele manejar con soltura la extrema derecha y del que se beneficia también el Partido Popular. Además de las usuales redes sociales, en España los bulos se difunden también a través de pseudo-diarios que financian Comunidades Autónomas y Ayuntamientos del Partido Popular y otras entidades internacionales».

En su crítica, Tezanos también apunta que «los bulos nacen y crecen en países cuyas Constituciones garantizan una libertad de expresión y de información sin límites. Esa es la paradoja del bulo, que se beneficia de las garantías constitucionales a la información libre».

Así, el presidente del CIS deja claro su apoyo al plan legislativo de Sánchez: «Un Gobierno como el actual tiene que demostrar que sabe hacer frente a los problemas más controvertidos (amnistía, memoria democrática, etc.)».

«Con una necesaria tipificación de las conductas, es preciso legitimar a los poderes públicos para bloquear redes y para sancionar a medios y sujetos que difundan sistemáticamente bulos e infamias. También resulta necesario tipificar los delitos que se pueden cometer mediante los bulos y apoderar al Ministerio Fiscal para que los persiga ante el Poder Judicial», concluye Tezanos recalcando su bendición al plan Sánchez.

Lluvia de millones a afines

Mientras tanto, el Gobierno ha movilizado los primeros 35 millones de euros en ayudas a los medios de comunicación para que «ofrezcan información veraz», en plena ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra la prensa que ha estado informando sobre los casos de corrupción que comprometen a su entorno familiar y político más cercano: su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su fiscal general, Álvaro García Ortiz; y su ex mano derecha, José Luis Ábalos. El Ejecutivo ha incrementado de 100 a 124 millones esta partida de subvenciones, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ya ha puesto en marcha algunas medidas y ha planificado otras que serán desarrolladas antes de que concluya este año, dentro del Plan de ayudas para la Digitalización de los Medios de Comunicación. De esta partida, 10 millones se destinarán a medios que desarrollen herramientas «para combatir noticias falsas», en coincidencia con la ofensiva de Pedro Sánchez al acusar a los medios de «acoso» en su contra.

«Todas estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de España con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, así como el apoyo a la transformación tecnológica del sector de los medios de información para preservar su competitividad y su cometido como vehículo fundamental para la conformación y expresión de la opinión pública libre e informada que requiere nuestra democracia», asevera el Ejecutivo. A través de su autodenominado Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno ha tomado medidas contra los medios de comunicación que han informado sobre las causas judiciales abiertas contra el entorno personal y profesional del presidente del Gobierno.

Además, el Ejecutivo ha destinado otros 10 millones de euros para financiar proyectos de inteligencia artificial. Estos recursos están dirigidos a grandes o medianas empresas con publicaciones de tirada supra autonómica, en más de dos comunidades autónomas, que acrediten publicaciones en papel, ya sean diarias o periódicas, y que dispongan también de un medio digital asociado.

El Gobierno elevó a 124 millones la cifra destinada a este fondo de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, que inicialmente estaba dotado con 100 millones de euros, según señaló públicamente Sánchez. Estos fondos forman parte del Plan de Acción por la Democracia, un polémico plan que ha cobrado especial relevancia en un momento en que la corrupción ha rodeado a Sánchez, mientras los medios críticos han estado informando sobre el desarrollo judicial de los diferentes casos que amenazan al presidente del Gobierno.

Mordaza a las redes

Hace menos de dos semanas, el Gobierno extendió la mordaza que pretende imponer a los medios de comunicación a los ciudadanos. El Ejecutivo de Sánchez ha anunciado que enviará ante el juez a los españoles con más de 100.000 seguidores en redes sociales que difundan lo que considere noticias falsas o bulos. El nuevo anteproyecto de ley para regular el derecho de rectificación amplía este derecho, que ya no solo afectará a los medios de comunicación, sino también a los «usuarios relevantes» en redes sociales.

Este cambio normativo tiene una especial relevancia, dado que el férreo control que el Gobierno quiere ejercer sobre los medios de comunicación se extiende ahora a ciudadanos particulares que expresan opiniones en sus cuentas de redes sociales. Así, se obligará a rectificar a los «usuarios de especial relevancia», es decir, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas ellas.