El Supremo tumba la petición de Ábalos de anular el suplicatorio: «Hay bastantes indicios»

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del Tribunal Supremo del caso Koldo, ha confirmado este martes su decisión de solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder investigar al ex ministro José Luis Ábalos, rechazando así el recurso presentado por el diputado del Grupo Mixto y antes del PSOE. En su auto, el juez enfatiza que existen «indicios bastantes» contra el ex ministro, más allá de «meras sospechas».

La resolución judicial desmonta el argumento principal de Ábalos, quien sostenía que la investigación se basaba únicamente en el testimonio del empresario Víctor de Aldama. El instructor detalla en su auto la existencia de otros indicios que respaldan la necesidad de levantar la inmunidad parlamentaria del ex ministro.

En la misma resolución, el magistrado ha desestimado la petición de Ábalos de anular las actuaciones. El ex ministro argumentaba que la Guardia Civil había examinado sin autorización judicial un sobre dirigido a él que portaba el hermano de Koldo García. Sin embargo, según un informe de la UCO citado por el juez, el sobre estaba abierto y no tenía destinatario específico, añadiendo que los documentos fotografiados carecen de relevancia para la investigación.

Frena la querella del PSOE

En un segundo auto, el juez ha denegado temporalmente la solicitud del PSOE para querellarse contra Aldama por presuntas injurias y calumnias derivadas de su declaración judicial. Puente argumenta que, dado el estado inicial de la investigación, no se puede determinar aún si las declaraciones de Aldama son falsas o ajenas al caso. No obstante, deja abierta la posibilidad de autorizar la querella una vez concluya el juicio o si la causa se archiva por falta de indicios.

Respecto a la filtración a los medios de comunicación de los vídeos con las declaraciones de los investigados, el juez ha rechazado abrir una investigación como solicitaba Ábalos, indicando que carece de competencia para ello. En una providencia, califica la filtración como «desgraciada» y señala que podría haber partido de cualquiera de las partes con acceso a las actuaciones, incluida la representación del propio ex ministro. El magistrado se compromete a extremar las precauciones para evitar futuras filtraciones, mostrándose abierto a sugerencias razonables de las partes.

Indicios

La investigación judicial, recuerda el instructor, ha revelado otros elementos que van más allá de la mera declaración de Aldama. Según detalla el auto del juez del Supremo, existen «indicios racionales» de que Ábalos habría obtenido beneficios económicos de Aldama «de otra naturaleza distinta a la entrega de cantidades en metálico».

Entre estos beneficios, destaca el pago de los alquileres de un «piso de lujo» donde residía la entonces pareja sentimental de Ábalos. El auto describe que el inmueble fue «escogido personalmente» por la mujer, identificada como Jessica, y que Aldama se hizo cargo del pago de las «elevadísimas» rentas por indicación de Ábalos y Koldo García. Aunque la defensa sostiene que era un «piso de empresa» cedido temporalmente, el juez señala que la mujer residió allí «durante varios años» y que las rentas fueron pagadas primero por Juan Carlos Escolano, socio de Aldama, y después por Koldo García.

Otro indicio señalado por el instructor es la operación de un chalet en la costa. Aunque Ábalos asegura que pagó las rentas durante algunos meses, el juez considera «sorprendente» que intercambiara anuncios inmobiliarios con Koldo García de propiedades que no estaban en alquiler sino en venta. Según la investigación, Aldama consiguió que una empresa llamada Have Got Time SL comprara la vivienda para después arrendarla con opción de compra a Ábalos. El magistrado destaca como significativo que, cuando surgieron problemas con los pagos, Koldo García dirigiera sus quejas a Aldama y no a la empresa propietaria.

Un tercer inmueble bajo sospecha es un piso de 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, propiedad de Aldama, sobre el que Ábalos firmó un contrato de alquiler con opción de compra por 750.000 euros, «aparentemente muy inferior al de mercado». El instructor considera «confusa» la explicación del ex ministro, quien aseguró que nunca llegó a ocuparlo ni pagar renta alguna porque estaba en mal estado y ocupado, pese a que firmó el contrato «porque necesitaba un piso para residir en Madrid».

«Llama la atención», señala el juez del Supremo, «que nada menos que tres inmuebles, vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta, vengan siempre a presentar como denominador común la continua presencia de Aldama», quien se benefició de importantes comisiones por contratos adjudicados por entidades dependientes del ministerio que entonces dirigía Ábalos. El magistrado concluye que no se trata de «meras o simples sospechas», sino de indicios suficientes que justifican la petición de suplicatorio al Congreso.