El Supremo investiga la maniobra de Marlaska para no aumentar el sueldo a los guardias civiles

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de una asociación de guardias civiles contra una orden de María Gámez, ex directora de la Guardia Civil bajo las órdenes del ministro Fernando Grande-Marlaska, sobre pluses de productividad a los agentes. Se trataba de un documento que ha tumbado en otra causa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y que, según denuncian los afectados, tiene como objetivo pagarles menos salario mediante un sistema de cálculos matemáticos casi imposible de comprender.

Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala Tercera del Supremo, de lo Contencioso-Administrativo, ha aceptado la propuesta de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de unificar jurisprudencia. En un auto del 28 de noviembre, el Alto Tribunal declara varias cuestiones que presentan interés casacional.

Como telón de fondo está que el Ministerio del Interior, liderado por Marlaska, para fijar el cálculo de los pluses salariales en la Guardia Civil hizo uso de un tipo de documento –la Orden General– que el Supremo cuestiona. El Alto Tribunal investigará «si dado el contenido y la finalidad de la Orden General número 4, de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil, esta ha de ser calificada como un acto administrativo con pluralidad de destinatarios, o si se trata de una disposición general de carácter reglamentario, o si pudiera calificarse como una categoría intermedia entre las dos anteriores».

Desde la AUGC, el secretario nacional de Comunicación, Pedro Carmona, explica a OKDIARIO: «Recurrimos la norma en su conjunto porque nosotros decimos que no tiene rango normativo suficiente. La Guardia Civil lo regula por Orden General y nosotros decimos que tiene que ser Real Decreto». Lamenta que «la Dirección General de la Guardia Civil no quiere un Real Decreto porque difícilmente pueden justificar el reparto actual que están haciendo».

Ahora, el Supremo también analizará si la orden de la que fuera subordinada de Marlaska «tiene el rango jerárquico adecuado para desarrollar esa regulación, si se ha seguido el procedimiento establecido para su elaboración y si ha sido suscrita por autoridad competente para ello». De nuevo se cuestiona si María Gámez era la persona indicada para fijar ese sistema de productividades que es objeto de controversia.

Las asociaciones de guardias civiles lamentan que se dejan fuera de los pluses circunstancias que hasta entonces sí se contemplaban. Por tanto, al final reciben menos dinero con un sistema de fórmulas matemáticas de dificultoso entendimiento. «El administrado tiene derecho a entender las disposiciones que le afectan», comentan fuentes próximas al caso.

Estas personas señalan que la deliberación del Supremo será de suma importancia en otros procedimientos judiciales abiertos. En particular, sobre la sentencia del TSJ de Madrid de marzo, recurrida por la Abogacía del Estado, donde se reconoce que un agente tenía derecho a cobrar un incentivo por productividad mayor, a pesar de que Interior se lo rechazó.

Miles de agentes recurrieron

Ya en abril de 2021 el Supremo trasladó a Marlaska en una sentencia que los agentes de la Guardia Civil tenían derecho a cobrar la actualización de la productividad en un grado superior. A pesar de ello, la Administración se ha negado a pagar de oficio todos los incrementos correspondientes de estos pluses.

Tras el fallo del Supremo, miles de agentes recurrieron masivamente para solicitar esas cantidades. No obstante, Interior seguía sin cumplir por completo. Por ejemplo, les correspondían 1.000 euros a cada uno, pero sólo les llegaban 600 euros a la nómina. El Estado argumentaba que «tras pagarse la productividad estructural, no quedaba productividad por objetivos que distribuir entre los perceptores».

En este contexto, y ante una posible sentencia del Supremo en contra de los intereses de Marlaska, Interior ya se ha puesto en marcha. Han trasladado a varias asociaciones de guardias civiles que están trabajando una nueva regulación de incentivos con mayor rango normativo para evitar un nuevo varapalo judicial del TSJ de Madrid o del Alto Tribunal.

Si el Supremo da la razón a la AUGC y anula la Orden general de productividad por carecer de rango normativo suficiente, el Gobierno tendrá serias dificultades para pagar estos incentivos a los agentes. Cientos de guardias civiles se verían perjudicados por una nueva chapuza de gestión del Ejecutivo del PSOE y Sumar.

Por ello, Interior ya está trabajando en un Reglamento con rango de orden ministerial para fijar varias cuestiones generales, dejando para la Orden General el detalle para fijar las cuantías específicas.

«Lo más llamativo son las prisas para sacar esta normativa adelante, pues la sentencia del TSJ de Madrid se conoce desde hace meses», han comentado desde la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). Esta entidad ve fundamental la actualización anual de las Cuantías Vinculadas al Empleo (CVE) con el aumento de los Presupuestos Generales del Estado en relación a la productividad. El objetivo es evitar que se congelen las productividades estructurales.