El Supremo decidirá sobre las exhumaciones del Valle de los Caídos en las que se empeña Sánchez

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha rechazado la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecute el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones en el Valle de los Caídos y se comenzase el traslado de los restos. Por tanto, la decisión de trasladar esos restos quedará ahora en manos del Tribunal Supremo.

El magistrado ha dictado un auto, adelantado por Europa Press, en el que desestima la petición de iniciar la ejecución del traslado de esos restos en una resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el 22 de junio.

Dicha resolución estimaba el recurso de Patrimonio Nacional contra otro auto de 16 de noviembre de 2021 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, por el que se acordaba denegar la medida de suspensión de la «ejecutividad» del Acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que tres particulares ya han formulado el recurso en casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión judicial de levantar las citadas medidas cautelares. Este miércoles concluye el plazo para recurrir.

La decisión de la alcaldesa de esta localidad, Carlota López, de negarse a renovar la licencia para autorizar el acceso a las criptas llevó a los familiares de inhumados a interponer una querella por un presunto delito de prevaricación al contravenir dos resoluciones judiciales. La querella contra el ayuntamiento se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.

En un informe jurídico, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle.

Ahora, el juez de lo Contencioso-Administrativo ha determinado que «no procede abrir pieza de ejecución, ni provisional ni definitiva, en la pieza de medidas cautelares». Esgrime el magistrado que la resolución que levantó dicho bloqueo «no contiene ningún pronunciamiento susceptible de ejecución ya que su fallo lo que viene a declarar es que no es necesaria la adopción de ninguna medida cautelar para evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso».

Por ello, insiste, «la ejecución de una resolución con esta naturaleza cautelar solo cabría para los supuestos en que el órgano judicial ordene la adopción de una medida cautelar, de cualquier clase que sea».

«En consecuencia, no está dentro de la función judicial asesorar a una administración, ya que ello supondría una clara extralimitación de la función del juez, en cuanto bajo una actuación aparentemente correcta se produciría un exceso según lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ, debiendo por ello rechazarse la petición planteada por la Abogacía del Estado», concluye.

Sánchez empeñado

El Gobierno tiene «todo preparado» para iniciar las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Como reveló OKDIARIO, una vez que la Justicia levantó la suspensión cautelar de estos trabajos, el Ejecutivo puso en marcha la «maquinaria» para exhumar los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El empeño de Sánchez con este asunto, una de las principales medidas de la ley de «memoria democrática», no se corresponde en igual medida con las familias de los enterrados. Por el momento, según admiten fuentes gubernamentales, apenas 104 lo han requerido, lo que representa a apenas un 0,31% de las víctimas que allí reposan. Se estima que, desde el año 1959, los restos de más de 33.000 personas fueron trasladados al Valle de los Caídos desde fosas comunes para ser inhumados en sus criptas.

Pese al autobombo del Gobierno, los datos que ha ido revelando OKDIARIO ponen en cuestión la prioridad de estos planes pues, desde noviembre del pasado año, el número de expedientes de exhumación apenas se ha incrementado en una veintena. Desde el Gobierno reconocen que las dificultades técnicas son muy grandes y entrar en las criptas no garantiza que se localicen los cuerpos que se buscan. Según Presidencia, el proceso es el «más complejo de los que se han acometido en nuestro país y será largo en el tiempo debido al estado de las criptas».

De hecho, el Ejecutivo dispone de distintos informes en los que se advierte de las grandes dificultades para identificar los restos mortales de los osarios. Un estudio de 2011 concluye que “al no existir un registro de entrada que asegure el contenido de los columbarios, la posibilidad de conocer el número de restos óseos que lo componen es muy limitado”.