El Supremo abre una cuarta causa al ‘faker’ a sueldo Alvise por acosar a 2 eurodiputados de su candidatura

El Tribunal Supremo ha declarado su competencia para instruir y enjuiciar al faker a sueldo Alvise Pérez por delitos de acoso y revelación de secretos contra sus antiguos compañeros de partido Diego Adrián Solier Fernández y Nora Junco García. El auto, fechado el 3 de octubre de 2025 y firmado por cinco magistrados, ha designado como instructor al magistrado Manuel Marchena Gómez tras apreciar «indicios sólidos o cualificados de responsabilidad penal» contra el eurodiputado aforado.

La querella, presentada el 27 de junio de 2025 por los dos eurodiputados, atribuye a Alvise Pérez la comisión de un delito de acoso del Código Penal y, subsidiariamente, amenazas o coacciones. También le imputan un delito de revelación de secretos.

Se trata de la cuarta causa que el alto tribunal dirige contra el faker a sueldo Alvise Pérez. Hasta ahora, estaba encausado por difundir una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio Susana Gisbert; y por la financiación ilegal de su formación Se Acabó la Fiesta (SALF), por los 100.000 euros en efectivo que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain.

Los tres protagonistas resultaron elegidos eurodiputados en las elecciones bajo la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta. Tras tomar posesión de sus cargos, se integraron en el grupo parlamentario European Conservatives and Reformists.

Acusaciones de corrupción

El origen del conflicto se remonta al 20 de abril de 2025, cuando Pérez Fernández compareció en el podcast Eclécticos Worldwide. Durante su intervención, al responder sobre la posición de su formación respecto al rearme europeo, señaló que él siempre había votado en contra, pero que los querellantes lo habían hecho a favor en alguna ocasión.

«Yo no sé si ha venido un lobby por detrás y me ha comprado un eurodiputado mío», afirmó Alvise Pérez en el programa. Añadió: «¿Sabéis lo fácil que es que te compren? Viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado y se levanta y se va».

El eurodiputado lanzó además un llamamiento explícito contra quienes consideraba traidores. «Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles», declaró. Y continuó: «Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros».

Campaña en Telegram

Tres días después, el 23 de abril, Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram —que cuenta con más de 650.000 seguidores— un mensaje dirigido específicamente contra Diego Solier: «Vamos a usar a Diego Solier como ejemplo de qué le ocurre a la gente que sin ser votado por nadie se aprovecha de un acta para traicionar al votante».

Según la querella, ese mensaje incluía fotografías de Solier, sus cuentas en Instagram y X, y su dirección de correo electrónico del Parlamento Europeo. Al día siguiente, se añadió otro mensaje informando de que Solier «ha cerrado sus redes sociales» y solicitando a los seguidores que recabaran «toda la información posible» sobre él.

El mismo 24 de abril se habría publicado una fotografía con el número de teléfono personal de Solier, su fecha de nacimiento y direcciones en redes sociales. Aunque ese contenido fue posteriormente borrado, quedaron visibles los comentarios de usuarios que decían: «Pasao mañana lo felicitamos, que es su cumple» o «tiene el teléfono apagado. Like quien le haya felicitado».

El 4 de junio, el canal de Telegram publicó un extenso mensaje contra Nora Junco García, acusándola de «traicionar su promesa de no volar en business pagado por los españoles». Se adjuntaban fotografías de la eurodiputada viajando en avión y su billete, realizadas sin su consentimiento durante un viaje oficial.

Hostigamiento y miedo

Los querellantes han manifestado que han venido recibiendo «una ingente cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes». Esta caterva de comunicaciones les ha obligado a modificar sus hábitos cotidianos, cerrar algunas redes sociales y limitar los comentarios en las que mantienen activas.

Según relatan en su querella, no pueden atender llamadas de números desconocidos, lo que «obstruye significativamente su labor parlamentaria». Junco García ha tenido que cambiar su número telefónico. Ambos reciben «miles» de correos electrónicos («cientos diarios») con insultos y amenazas, lo que les obliga a expurgar constantemente su correspondencia.

Los eurodiputados han expresado también que han llegado a «temer por su integridad física», especialmente cuando se revelaba el lugar donde se encontraban o al que se dirigían. El «constante miedo o intranquilidad» de ser abordados por desconocidos en la calle forma parte de su día a día.

El Tribunal Supremo ha considerado que estos hechos «pudieran colmar las previsiones normativas contempladas en el tipo penal» de acoso. La resolución subraya que las «explícitas llamadas» de Alvise Pérez a que sus seguidores desarrollaran «una actitud repetidamente hostil» constituyen indicios suficientes para abrir la investigación.