Los socios de Sánchez piden castigar fiscalmente a los hogares con mayor consumo de luz y gas

Los socios de Pedro Sánchez tienen una curiosa receta para sortear la brutal escalada de los precios de la energía: castigar fiscalmente a los hogares con mayor consumo de luz y gas. Pedro Sánchez sigue atrapado en la crisis de la energía. Y sus socios comunistas han decidido plantear sus propias recetas para marcar distancias. El primer movimiento lo han realizado los Verdes Equo y Más País. Y lo hacen refrescando una receta que ya ha defendido Podemos en sus documentos y propuestas electorales: la creación de una tarifa “progresiva” de la luz y el gas que castigue fiscalmente a los hogares con mayores consumos.

Según ellos, porque son ricos y deben pagar el coste de la crisis energética. Lo cierto es que, a mayor número de miembros en la familia, mayor necesidad de metros cuadrados y, por lo tanto, mayor consumo eléctrico y de gas. El texto acaba de ser registrado en el Congreso de los Diputados por Más País y Verdes Equo, dentro del conocido como Grupo Parlamentario Plural. Y exigen un debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la creación de una tarifa social para el gas y la electricidad.

Bajo ese nombre se esconde un castigo a los hogares con mayores consumos. El texto pide “establecer tarifas progresivas y justas para los suministros de gas y electricidad, diferenciados por tramos de consumo en los que, tanto los cargos y peajes como las contribuciones fiscales, sean mayores cuanto mayor sea el consumo”.

Es decir, no sólo se trataría de castigar fiscalmente, sino también elevando todo el resto de cargos y peajes englobados en el recibo de la luz y del gas. 
Los comunistas añade su deseo de que, “mientras se establecen dichas tarifas avanzar, en colaboración con las comunidades autónomas, en la automatización de la concesión del Bono Social de Electricidad para los hogares que cumplan los requisitos” y “llevar a cabo, en coordinación con los servicios sociales de las comunidades autónomas una campaña de información vía correo postal a los hogares compuestos por perceptores de pensiones mínimas, o del ingreso mínimo vital, en la que se dé a conocer la compañía responsable de tramitar el bono social de electricidad y se incluya una explicación sencilla y accesible de cómo tramitarlo”. 
El último punto de su propuesta pasa por “revisar, en coordinación con las comunidades autónomas, el Bono Social Térmico, para mejorar su efectividad y gestión”.

No dan más detalles de cómo debería ser esa revisión. Pero, a la vista, de la explicación de la proposición no de ley, resultaría difícil pensar que no se pretenda utilizar esa revisión para castigar a los hogares con mayores recursos o descendientes. Y es que la explicación de la proposición no elude la carga ideológica. El texto señala que la escalada de los precios de la energía “ha profundizado en las desigualdades y arbitrariedades que rigen las reglas del mercado eléctrico, por un lado, y la enorme dependencia energética que tenemos con respecto a otros países, por otro”.

En este sentido, añade, “llevamos ya varios meses arrastrando un brutal encarecimiento del precio mayorista de la luz en España debido, entre otras cosas, a nuestro actual modelo de mercado, que ha repercutido en la economía de los hogares españoles con subidas nunca vistas a lo largo de 2021”.

“El principal responsable de este aumento de la factura eléctrica es el precio del gas, que se traslada a todas las formas de producción de electricidad independientemente de si usan gas o no, por el diseño marginalista del mercado eléctrico”, aclara el texto. “En paralelo, la subida de precios del gas también afecta a las familias y empresas españolas a través del consumo directo para calefacción, agua corriente y sanitaria (ACS) y los usos industriales, que conforman, de hecho, el consumo mayoritario de gas natural en nuestro país”, señala la proposición.

Y explica que “en este contexto, la batería de medidas que el Gobierno lleva aplicando desde el pasado mes de junio hasta el día de hoy, como la reducción del IVA de las facturas de luz del 21% al 10%, se han mostrado claramente insuficientes para combatir esta escalada de precios, por lo que es necesaria una acción más decidida ante esta situación de crisis energética y de consumo”.

Según los comunistas, “algunas de estas medidas son positivas”, pero “no son suficientes”. Y, a partir de ahí, el texto traslada toda la carga propia de sus programas políticos: “En primer lugar, el Gobierno debe impulsar de manera decidida la creación de impuestos especiales para recaudar parte de los beneficios caídos del cielo (windfall profits) que están recibiendo las eléctricas y destinarlos a reducir la factura eléctrica que pagan los ciudadanos”.

Impuestos

Porque, según ellos, “sólo con la creación de estos impuestos podremos hacer frente a la crisis que se avecina”. Y, más importante aún para ellos, “el Gobierno debe proteger a los consumidores vulnerables de las subidas de la electricidad y del gas. Actualmente, esto se hace a través del bono social de la electricidad”, pero con “baja cobertura: los últimos datos disponibles de mayo de 2021 indican que hay 1.161.214 beneficiarios del bono social eléctrico frente a los entre 2 y 3 millones de hogares que tienen gastos energéticos desproporcionados o sufren de pobreza energética”.

Y ahí piden centrar ese bono en la “protección de consumidores vulnerables para reducir su coste y facilitar que se activen de forma automática, ampliando la cobertura”. “Por otro lado, el modelo de tarifa eléctrica actual es binómico, con una parte fija que depende de la potencia contratada, y un término variable, que también incluye algunos costes regulados”.

Según la proposición, “esta configuración introduce diferentes distorsiones, entre las que destaca que no favorece ni el ahorro ni el autoconsumo fotovoltaico. Por eso, sería deseable que una mayor parte de los costes y peajes del sistema que ahora se incluyen en la parte fija pasen a la parte variable, de manera que se paguen de forma proporcional al consumo”. Igualmente, los diferentes impuestos que se incluyen dentro de la tarifa eléctrica o del gas “podrían referenciarse a los niveles de consumo, de forma que aquellos hogares que consumen poca energía (generalmente de baja renta) tengan menores contribuciones impositivas que aquellos hogares que consumen mucha energía (generalmente de mayor renta)”, señala. Todo ello, sin tener en cuenta el número de personas en el hogar.

“Debemos, por tanto, apostar por modelos de tarifas que sean progresivos en función del consumo, tanto en los que los costes regulados y peajes que se pagan como en los impuestos que se aplican. Esto puede hacerse estableciendo tramos diferenciados que asuman porcentajes crecientes de costes del sistema y de contribuciones fiscales”, explican.

Los tramos de pago serían los siguientes: “En el primer tramo de bajo consumo, o mínimo vital, correspondiente al consumo de una unidad familiar pequeña, que pagaría bajos costes y peajes y que tendría un IVA superreducido del 4%. En el caso de consumidores vulnerables, este tramo podría completarse o ser parcialmente bonificado de forma automática sin necesidad de que se solicitase, cruzando los datos necesarios con otras administraciones”.

Un segundo tramo de consumo medio, “en el rango del consumidor más común, asumiría una parte proporcional de costes y peajes y un IVA del 10%”. Y un último tramo de alto consumo “se vería penalizado con una mayor proporción de costes y peajes y una contribución fiscal más alta, manteniendo en este tramo el IVA al 21%”, señala el texto.

Podemos ya ha defendido tesis similares. El partido morado ya ha esgrimido en otras ocasiones un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», deberían pagarse a un precio muy bajo, que iría en escalada a medida que aumentara el cosumo «hasta penalizar el derroche». Un esquema que dispararía el recibo de la luz de la mayoría de las familias y, en especial, de las más grandes.