El socialista Vara engrasa sus apoyos a las elecciones con una lluvia de subvenciones a los sindicatos

El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, no quiere sorpresas en estas elecciones con los sindicatos. Y lo que se convirtió ya en 2018 en una lluvia de dinero para los agentes sociales, se ha repetido sin miramientos en 2019.

Así los sindicatos, mientras están terminando de cobrar el aumento de sus partidas en un 7,8% en 2018, han empezado a materializar el ingreso de la partida incluida en los Presupuestos Generales de Extremadura de 2019 para UGT y CCOO, que mantiene la subida (de 102.000 euros).

El resultado es un aumento en el conjunto de la legislatura de las partidas para los sindicatos de un 22%, un aumento del apoyo económico que no se ha registrado con ningún otro colectivo y, ello, pese a los informes sobre el aumento de pobreza en la región.

Y es que los sindicatos UGT y CCOO han sido de siempre unos de los grandes movilizadores electorales y agitadores sociales. Contar con ellos a favor o tenerlos en contra puede ser decisivo en unas elecciones que en principio no se descuentan ganadas ni mucho menos por Fernández Vara.

Hay que recordar que la penetración de Podemos en el sindicato CCOO ha sido una de las grandes preocupaciones de los socialistas. CCOO ha sido siempre el sindicato ligado a IU y al Partido Comunista y la integración de la formación de Alberto Garzón en Podemos ha abierto las puertas de uno de los grandes sindicatos a Podemos. Y Guillermo Fernández Vara ha optado por bloquear esas tentaciones de intromisión en los agentes sociales por la vía más fácil: la del aumento de dinero para ganar apoyos.

El PP ya ha puesto el grito en el cielo por la política de compra de apoyos electorales. Y no es la primera vez: el secretario general del PP en Extremadura, Fernando Manzano, ya ha pedido explicaciones en diversas ocasiones al Gobierno regional de Vara por su política de relaciones con los sindicatos, especialmente porque a lo largo de la legislatura de 2007 a 2011, ya han surgido las sospechas de que el Ejecutivo autonómico amparase un presunto fraude en los cursos de formación que afecta a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal extremeña.