Sindicatos policiales: «No se negocia con quienes aplauden cuando patean a policías»

Organizaciones policiales han adelantado su rechazo al nuevo intento gubernamental de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana

Las imágenes del atrincherado de Fuensalida poco antes de ser reducido de un tiro por la Guardia Civil

Sindicatos policiales:
Imagen de los agentes ante el chalet de Galapagar.

Varias organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han adelantado este martes su rechazo al nuevo intento de PSOE y Sumar de derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. «La seguridad de los españoles no se negocia con personas que aplauden cuando patean a policías», han recordado sindicatos policiales, en alusiones a los comportamientos de la izquierda y partidos proetarras. El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró en un programa de televisión que «se emocionaba» cuando manifestantes violentos pateaban a un antidisturbios.

Varios sindicatos y asociaciones, que recelan de las exigencias de ERC y EH Bildu que hizo fracasar la reforma en la anterior legislatura, han exigido al Ministerio del Interior que la norma «no sea víctima de las obsesiones de la extrema izquierda», lo que haría de España «un país más inseguro». Las organizaciones policiales también criticaron con dureza la posibilidad de incluirles en la ley de amnistía.

El acuerdo para un Gobierno de coalición entre los partidos que lideran Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) menciona la ley y el Código Penal para prometer «reformar» y, en su caso, «derogar aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión».

Las diferencias insalvables que hicieron encallar la reforma en la anterior legislatura fueron la exigencia de eliminar las pelotas de goma como material antidisturbio, prohibir el rechazo de inmigrantes en frontera -las conocidas como devoluciones en caliente- y añadir «mayor objetivación» en la desobediencia y faltas de que sufren los agentes policiales.

España será «un país más inseguro»

El SUP ha reaccionando mostrando su oposición a la reforma que propone PSOE y Sumar porque afecta a la «la seguridad y el libre ejercicio de los de derechos que se pueden desarrollar en la vía pública».

«Si quieren reformar la ley, lo primero que tienen que hacer es hablar con los sindicatos policiales, que somos los que sabemos qué problemas existen, y no legislar en caliente», han señalado.

En un comunicado, JUPOL ha reiterado su «repulsa» al acuerdo entre PSOE y Sumar para «reavivar» la pretendida reforma de la conocida por sus detractores como ley mordaza. El sindicato asegura que estos partidos se «avergüenzan» de su propuesta, de ahí que al principio sólo el segundo de los partidos «haya incluido este punto en una publicación en redes sociales y no en el comunicado oficial».

Según el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, la previsible reedición del Gobierno de Pedro Sánchez con grupos de extrema izquierda y separatistas incluirá una reforma de la ley de seguridad ciudadana que «no tiene en cuenta la opinión de los profesionales» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tampoco de los «juristas».

«Hará de España un país más inseguro», augura JUPOL, para quien la reforma «sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» puesto que va «en dirección contraria de los nuevos desafíos: delincuencia con alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica».

Desde las asociaciones de la Guardia Civil, AUGC también ha reaccionado denunciado el «retroceso perjudicial para el conjunto de la ciudadanía» que supondría reformar la ley de seguridad ciudadana, atendiendo a las exigencias de ERC, los proetarras de EH Bildu y otros partidos como Junts.

«Ahora se vuelve a intentar acometer una reforma de una ley orgánica que ha venido utilizándose con total normalidad desde su aprobación», lamenta AUGC, que avisa que esto provoca «inseguridad jurídica» tanto para los agentes como para la ciudadanía.

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