Un senador de ERC admite que el Govern tiene ilegalmente los datos fiscales de los catalanes
El juez y senador de ERC Santiago Vidal -suspendido como juez de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Cataluña independiente-, ha asegurado en una conferencia que el Gobierno de la Generalitat tiene «todos» los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.
En un artículo de El País, que incluye varios vídeos de conferencias que ha dado últimamente sobre el proceso soberanista, el juez dice a los asistentes a un foro en noviembre: «En este momento el Govern de la Generalitat de Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español».
Vidal añade a continuación: «Tontos no somos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y eso sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas cosas».
«Si esto fuera una negociación democrática, tranquila, respetuosa con los derechos de las dos partes, entre dos naciones, pues haríamos como hicieron en su día Inglaterra y Escocia, es decir, pactaríamos cuándo se nos entrega todo este material», explica el también senador.
«Pero, como nos tememos -ojalá me equivoque-, que esto no pasará, pues ya estamos haciendo todos los trámites necesarios para tenerlo. Y la mala noticia es eso, que estáis todos fichados», expone Vidal.
Según ‘El País’, este vídeo es un extracto de una conferencia que Vidal ofreció en el 24 de noviembre en el Museo de Granollers (Barcelona), y que formaba parte de una serie de participaciones del juez en diferentes localidades catalanas para hablar del proceso independentista.
El juez defiende ante el mismo auditorio que el Gobierno español «utiliza todas las armas, legales e ilegales» y, en este sentido, alude a las conversaciones salidas a la luz entre el que era ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifraude de Catalana (OAC) Daniel de Alfonso sobre buscar pruebas contra políticos independentistas.