Santos Cerdán anunció una demanda contra Aldama hace más de dos meses y todavía no ha llegado

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, anunció el pasado 7 de marzo que presentaría una demanda contra Víctor de Aldama tras acusarle de ofrecer «tratos de favor» a empresarios para que declaren en su contra. Sin embargo, transcurridos más de dos meses desde aquel anuncio público, la prometida querella de Cerdán sigue sin materializarse, sumándose al limbo judicial donde también permanece la querella colectiva del PSOE tras el fracasado acto de conciliación de abril.

Las declaraciones que motivaron el anuncio de Cerdán tuvieron lugar en una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco, donde Aldama aseguró que «el entorno del número tres está ofreciendo indultos y tratos de favor a empresarios si declaran en contra».

Este empresario, pieza central de la trama Koldo, señaló con nombres y apellidos a «tres fontaneros» del secretario de Organización por presuntamente tratar de conseguir testimonios desfavorables contra él, sus rivales políticos e, incluso, contra la UCO de la Guardia Civil.

Aldama afirmó que tres miembros de «las cloacas del PSOE» que «están al mando de Santos Cerdán» se están poniendo en contacto con empresarios «para ofrecerles indultos y tratos a favor» siempre y cuando declaren contra él. El empresario identificó específicamente a estas personas: «se llaman Javier Pérez Dolset, Jacobo Teseiro y Leire Díez Castro».

Desde el entorno de Cerdán respondieron con que «el lugar para el señor Aldama es la cárcel, a la que volverá más pronto que tarde». Fuentes socialistas condenaron inmediatamente «las mentiras de este personaje, que ya ha confesado varios delitos, y que no pueden quedar impunes».

Preguntado sobre cómo demostraría una acusación de tal gravedad, Aldama se limitó a decir que «ojalá estos señores que ahora acabo de nombrar» le pongan una denuncia para más tarde acreditar sus acusaciones en sede judicial. El empresario añadió que no sabe «qué quieren intentar conseguir» pero que espera que le pongan una demanda por injurias para «sacar pruebas». De nuevo, estas tres personas no han dado un paso en los tribunales contra Aldama.

La demora de Cerdán se enmarca en un patrón más amplio de promesas legales incumplidas por parte del PSOE. El partido ya había celebrado el pasado abril un acto de conciliación con Aldama en el Juzgado de Primera Instancia número 86 de Madrid que terminó sin acuerdo, habilitando así la presentación de una querella colectiva que tampoco se ha materializado.

Querella colectiva fantasma

El PSOE había solicitado esta conciliación en representación del presidente Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, los ministros Ángel Víctor Torres y María Jesús Montero, el jefe de Gabinete de Hacienda Carlos Moreno, el presidente catalán Salvador Illa y el secretario de Organización Santos Cerdán. Ninguno de los afectados estaba obligado a acudir personalmente, toda vez que en estos casos vale con que estén presentes sus abogados o procuradores.

La conciliación supuestamente era el paso previo requerido para una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Aldama por sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional y ante el del Supremo que investiga el caso Koldo.

En aquella primera declaración voluntaria, Aldama realizó imputaciones específicas contra varios dirigentes socialistas. Respecto a Santos Cerdán, «apuntó que había recibido un sobre con 15.000 euros». En lo relativo a Torres, «aseguró que Koldo pidió 50.000 euros para él». Sobre el jefe de gabinete de Hacienda, «el empresario dijo que la trama le pagó 25.000 euros tras haberle pedido un favor para conseguir un aplazamiento para una de sus sociedades».

El empresario también mencionó directamente a Sánchez, tratando de desmentirle al decir que «sí le conocía y que el presidente le había pedido hablar con él en un acto del PSOE para felicitarle por gestiones que realizaba en México». Asimismo, hizo referencia a Begoña Gómez «para decir que se había reunido con ella para hablar de la España vaciada».

Tras aquella declaración enmarcada en el caso Koldo, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que mantenía en prisión por otra causa que le dejara en libertad. El empresario salió de la prisión de Soto del Real esa misma noche.

Paradójicamente, el retraso en la querella contrasta con la celeridad mostrada por el PSOE en diciembre, cuando anunció su intención de querellarse contra De Aldama por sus nuevas declaraciones en el Tribunal Supremo. En aquella ocasión, el partido solicitó inmediatamente «la preceptiva licencia» para proceder por injurias y calumnias.

Sin embargo, el Tribunal Supremo denegó entonces esa autorización. El magistrado instructor Leopoldo Puente explicó en un auto que la investigación estaba en un momento «marcadamente embrionario» y que «no se puede aseverar la mendacidad de las declaraciones» del empresario. El juez consideró que abrir un proceso paralelo generaría «inaceptables disfunciones procesales».

En sus declaraciones de diciembre ante el Supremo,Aldama había afirmado que se pagaron varios millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que se repartían con el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y también con el PSOE.

Estrategia dilatoria

La falta de querella ahora resulta especialmente llamativa porque el PSOE ya había calificado las manifestaciones de Aldama como «absolutamente falsas difamatorias, injuriosas y calumniosas» en la demanda presentada para solicitar la conciliación. Los socialistas sostuvieron que atentan «de manera absolutamente grave contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del PSOE».

En sus argumentos, el PSOE señaló que la declaración de Aldama era «premeditada, torticera y de una absoluta gravedad», realizada «con fines absolutamente espurios» y con una «evidente finalidad política». La formación aseguró desconocer si dichos fines obedecían a «intereses exclusivamente propios o también de terceros».

Desde el partido incidieron en que el empresario no podía «ampararse fraudulentamente en el derecho de defensa, que permite la mentira en favor propio», para hacer determinadas afirmaciones. Por ello, reclamaron que Aldama «se retracte de lo manifestado, comprometiéndose a cesar de forma inmediata toda actividad tendente a dañar el prestigio, la imagen y el honor».

Nuevas complicaciones

Mientras tanto, Aldama ha continuado aportando documentación que corrobora sus acusaciones. El empresario ha presentado varios mensajes clave. Por ejemplo, un whatsApp enviado al jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno, el 30 de junio de 2020, en el que solicitaba facilidades para pagar una deuda de 550.000 euros de su sociedad Pilot Real State.

En el mensaje, Aldama le decía a Moreno que «la deuda está en este momento en 550.000 euros» y que «más o menos pondríamos 250.000 euros y el resto en un convenio a 5 años, si puede ser». Ese mensaje aparece enviado el 30 de junio de 2020 y «fue leído por el receptor, según el metadato que aporta De Aldama, el 7 de julio de 2020».

Por su parte, el PSOE pidió recientemente que Aldama vuelva a prisión en el caso de los hidrocarburos, alegando que existe «riesgo» en «el éxito de la investigación» mientras permanece en libertad. La formación política critica que «la supuesta colaboración con la justicia que ofreció Víctor de Aldama era una falacia» y que «sus imputaciones dirigidas a terceras personas no han sido corroboradas con pruebas». Sin embargo, el juez Santiago Pedraz no aceptó esos argumentos.

Un mes después del fracaso de la conciliación, el silencio legal del PSOE resulta ensordecedor. La querella prometida parece haberse evaporado en los pasillos de Ferraz, dejando en el aire la duda de si el partido prefiere la batalla mediática a la judicial, donde las acusaciones requieren algo más que comunicados de prensa para prosperar.