Crisis del coronavirus

Sanidad obligó a seguir trabajando de «forma habitual» a empleados de residencias en contacto con contagiados

El protocolo remitido por el Ministerio de Sanidad a las residencias, el pasado 5 de marzo, instaba a los trabajadores de estos centros «de forma general» a continuar «con la actividad laboral habitual» pese a haber estado en contacto con contagiados. En todo caso, se añadía, se realizaría «una vigilancia para detectar precozcamente la aparición de síntomas».

El principal problema, denunciado desde las organizaciones, fue la falta de test diagnósticos para comprobar si el trabajador estaba infectado. La guía elaborada por el departamento de Salvador Illa para responder a la crítica situación en las residencias de mayores no recogía la realización de test masivos entre el personal -algo que a día de hoy sigue sin implementarse- y se limitaba a considerar que «el riesgo debe ser evaluado de manera individualizada», si bien la norma general era seguir trabajando hasta detectar posibles síntomas. Teniendo en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad, de hasta 14 días, y la posibilidad de asintomáticos, esta práctica resultaba un riesgo añadido a la vulnerabilidad de los residentes.

Riesgos

El protocolo confirma que el departamento de Salvador Illa era perfectamente consciente ya entonces de la gravedad de la enfermedad. De hecho, ya en su ‘justificación’ se señala que «hasta donde conocemos, el SARS-CoV-2 afecta de forma más grave a mayores de 65 años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor medida con patología respiratoria crónica y diabetes».

El Ministerio era claro al afirmar que «la mortalidad aumenta con la edad» y que de acuerdo a los datos disponibles de un estudio realizado en China «la mortalidad en la franja de edad entre 60-69 años es de 3,6%, la mortalidad entre 70-79 años es del 8% y la mortalidad en los mayores de 80% es del 14,8%».

Aislamiento

El informe establecía que «como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio».

Asimismo, ordenaba que «las salidas a las zonas comunes» deberían «restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica». «Se ha de informar a los residentes y trabajadores sobre las acciones que se están tomando para protegerlos. La transparencia es la mejor aliada de la confianza», añadía en el mismo contexto.

Ante casos de coronavirus y sus contactos, el Ministerio determinaba que «en el caso de que no lo hayan realizado con anterioridad las autoridades sanitarias, todo centro sociosanitario que detecte que un residente pueda haber sido contacto de un caso de Covid-19 indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia y se lo comunicará a los servicios de salud pública que valoren dicha identificación».

«Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado cumple criterios de caso en investigación, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará el seguimiento según lo establecido por las mismas. No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno», añadía.

Falta de test

Hasta bien entrada la crisis sanitaria, y pese a las quejas de las asociaciones de residencias -entre ellas, la patronal de residencias privadas CEAPs-, el Gobierno no reconoció a los trabajadores en el ámbito de la atención a las personas mayores en residencias, atención en domicilio y teleasistencia como personal sanitario nivel 1. Una clasificación que les daría acceso a una protección especial frente al virus. Las residencias reclamaban también que se realizase la prueba diagnóstica para todos los usuarios y profesionales, especialmente cuando mostrase síntomas o cuando un usuario volviese del hospital por un problema médico ajeno al coronavirus.

Sin embargo, el Ministerio descartó la realización de test masivos. Ahora, en pleno proceso de desescalada, siguen las mismas reivindicaciones.

El pasado 12 de mayo, desde CEAPs, y ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo, se remitió un protocolo de desconfinamiento en los centros residenciales y centros de día.

Entre las prioridades de los protocolos se encuentran el garantizar que el Sistema Nacional de Salud garantice la atención prioritaria tanto a las personas usuarias como la de las y los profesionales, así como que se asegure el suministro de EPIS PCRs y test serológicos que permitan mantener la seguridad y la confianza y adaptada a las necesidades y situaciones de cada territorio.

«El sector tenemos miedo, después de lo que ha pasado», admitió su presidenta, Cinta Pascual.

Desde esta organización señalaron el impacto en los mayores del confinamiento tan estricto. «Todo ello ha conllevado un sufrimiento físico y psicológico con angustia, desorientación y miedo entre personas con unos altos niveles de dependencia», apuntaron desde CEAPs.

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