Sanidad investiga si la mujer enfermera del ex fiscal jefe de Castellón le coló en la vacunación

La Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación para averiguar cómo consiguió el ya ex fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, vacunarse saltándose lo dispuesto en la estrategia de vacunación del Gobierno. En el centro del huracán de dicha investigación se encuentra, ni más ni menos, que su mujer, la enfermera coordinadora del Centro de Salud 9 de Octubre de la capital de la plana quien, supuestamente, habría vacunado a su marido saltándose el protocolo en el mismo centro.

José Luis Cuesta dimitía este miércoles, al igual que otros altos cargos públicos como el obispo de Mallorca o el consejero de Ceuta, Javier Guerrero, tras hacerse público que se coló para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero pese a la dimisión, su via crucis personal no ha hecho más que empezar.

Así, la investigación abierta por Sanidad a su mujer no es la única mala noticia para Cuesta, pues además, la fiscal jefe de la Comunidad Valenciana Teresa Gisbert ha abierto un expediente gubernativo para, al igual que Sanidad, tratar de averiguar lo sucedido, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes cercanas al Ministerio Público.

El problema real para el ex jefe es que lo más probable será que dicho expediente acabe instruyéndolo su sustituto natural, el hasta ahora teniente fiscal y ex fiscal jefe, Javier Carceller, “enemigo confeso de Cuesta” según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

La historia de estos dos fiscales viene de lejos, de 2010, cuando Carceller era jefe y Cuesta fiscal delegado de menores. Carceller, entonces fiscal estrella tras conseguir la condena del anestesista  Juan Maeso, denunció a Cuesta. De hecho consiguió que la Fiscalía General del Estado le expedientaría por falta leve y le abriera un segundo expediente gubernativo “por faltar a sus labores como fiscal”, cuyo resultado no se hizo público.

Pero no sólo le expedientaron, sino que Javier Carceller consiguió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le cesara como fiscal delegado de Menores “por falta de confianza”. Esta guerra fría ha seguido a lo largo de los años, pasando Cuesta a ser jefe y Carceller segundo de este. Pero ahora, la pelota vuelve al tejado de Javier Carceller.

Magistrados

La semana “horribilis” del ex fiscal jefe comenzó hace dos días cuando se hizo público que los magistrados de instrucción de Castellón habían pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial por las presuntas “injerencias” de Cuesta en su trabajo, su entrada clandestina para, presuntamente, cambiar expedientes judiciales a través del Cicerone, sistema que utilizan los jueces, y lo más escandaloso de todo, que se quedara un expediente de abusos sexuales entre personas con discapacidad que judicializó sin solicitar medidas cautelares, lo que según los magistrados conllevó que el abusador, agrediera no sólo a la primera víctima sino a dos más.

Un hecho que le supuso la apertura de otro expediente pero que, sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado archivó solo con el informe de Cuesta sin tomar declaración ni a ninguno de los jueces denunciantes ni, mucho menos, a las víctimas o a sus familias.

Así, los magistrados explican en un acta de la Junta de Jueces de Instrucción de Castellón, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que: «José Luis Cuesta dio órdenes al capitán de la Guardia Civil, para que un atestado que se estaba instruyendo por presuntas agresiones en un centro de discapacitados, en el que tanto el presunto agresor como la víctima eran personas con discapacidad, se concluyera sin recoger denuncia a la directora del centro, ni a la madre de la víctima que era quien tenía la curatela».

Todo ello sucedió pese a que, en las diligencias policiales, decían que las mismas «debían ser entregadas a la autoridad judicial con la máxima brevedad posible ante la necesidad de dar protección a la víctima, con la expresa recomendación de acordar un alejamiento».

El ya ex fiscal jefe José Luis Cuesta abrió unas diligencias de investigación y denunció los hechos, pero no solicitó ninguna medida cautelar, por lo que la causa no se consideró urgente, pasó a reparto, y tardó dos meses en llegar a manos de un juez. En ese tiempo, el agresor habría abusado de tres internas, entre ellas la denunciante.

El otro tema, más allá de los supuestos insultos e injerencias con los magistrados que más cola puede traer es la entrada en Cicerone para cambiar expedientes. Dice el acta que: «En modo alguno puede amparar una modificación, rectificación o escritura directa de documentos que, según se ha conocido, se permite y está llevándose a cabo, extremos que conocemos».

Y los jueces apostillan que los actos José Luis Cuesta: «Denotan un intento de fiscalización y control de las actuaciones judiciales, y decisiones de los jueces de instrucción, así como de las instrucciones que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, los mismos imparten a la Policía Judicial y ello, incluso antes de la judicialización de las causas que, entendemos, en absoluto se encuentran amparadas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o instrucción alguna, y que suponen una injerencia en nuestra función».