Huelga de vagos y maleantes

A las huelgas generales en España, convocadas por esas organizaciones anacrónicas llamadas sindicatos, ya sólo acuden tres sectores sociales, vulgo votantes del zurderío más casposo, reaccionario y carca: el yayo republicano, la charo deconstruida y el perroflauta vividor. A estos colectivos que anidan en el pesebre socialista le acompañan la cuota ultratravestida de estudiantes treintañeros sin ganas de licenciarse, jóvenes proetarras bebedores de cócteles molotov y cachorros separatistas con la radicalidad por bandera.

Los sindicatos verticales del régimen socialista, necesitados de justificar el generoso estipendio con el que Sánchez ha comprado voluntades y amansado derechos, lanzan la primera huelga general de la historia contra la oposición, manifestándose, no por hechos consumados, sino por percepciones sobre escenarios aún no realizados, pero que deseamos que se produzcan. El primero de ellos, la eliminación completa de toda subvención a ese ejército de parásitos sociales cuyo papel en democracia es directamente proporcional a la decadencia económica y moral del país.

El trabajo es un derecho. Ser un parásito, una opción vital. Lo primero, en España, está protegido por el ordenamiento jurídico. Lo segundo, por el sectarismo político. Trabajar es un infinitivo que no se somete a ninguna consideración ideológica. Porque el derecho al trabajo es previo al derecho de huelga. Y hoy, a falta de derechos por conquistar, se crean causitas de negocio que defender. España necesita trabajadores, no garrapatas del gobierno y el Estado; exige emprendedores que monten negocios y generen riqueza, no sindicatos trincones del bienestar ajeno. Una democracia liberal se sostendrá siempre sobre los autónomos libres y no sobre vividores mantenidos, como ocurre en la actualidad.

El socialismo siempre fue un mecanismo de extracción de riqueza: roba al que produce para mantener al que vaguea. Por eso, en plena era de los marcos mentales, donde se conforma nuestra cosmovisión de la vida y del mundo a partir de los cuales tomamos decisiones -también políticas-, es momento de alterar el mantra falsario que siempre usó el progre para justificar sus atracos económicos y atrasos morales. Porque no hay nada más tonto que ser obrero y de izquierdas, ya que el socialismo, que basa su crecimiento y permanencia en el poder sobre la existencia de pobres y su dependencia del gobierno, no permitirá, bajo ningún concepto, que haya salida a ese escenario de miseria continua y permanente. Porque el desarrollo económico de una persona trae consigo la independencia legítima sobre quién le proporciona el sustento y, en ese cambio, se acaban las razones para justificar la adhesión a la causa política que le chantajea de por vida con perder lo poco que tiene si no se somete a su régimen de esclavitud perpetua.

Nadie que prospere económicamente por la vía del esfuerzo y el sacrificio personal desea perder ese estatus para mantener el de quienes dedican su tiempo al elogio y loa de la pereza.

Lo que ha hecho este once de noviembre la banda subsidiada del sanchismo no es una huelga general. Imponer a otro que no trabaje, no abra su negocio o no circule con libertad por la calle no representa ningún derecho a defender. Es puro fascismo, es decir, el estadio último del socialismo cuando desde el Gobierno se ordena a sus huestes atacar a quienes no comulgan con sus ideas y planteamientos. Habría venido bien, en este contexto próximo a la convocatoria electoral, la republicana ley de vagos y maleantes que la izquierda contribuyó a aprobar en 1933 bajo el mandato de Azaña. Hoy, a estos mendigos intelectuales y alérgicos a la libertad, habría que aplicarles, por violentar el orden público y no tener más trabajo que destrozar incívicamente el mobiliario urbano, el duro correctivo que todo ocioso totalitario y amante del terror callejero merece. Porque uno tiene derecho a ser un vago, pero no puede imponer a los demás que también lo sean.