Sanidad desoyó hasta 127 avisos de la OMS para contar como muertos de Covid también a los sospechosos

El número real de fallecidos es aún, a día de hoy, la gran incógnita del coronavirus en España. Pese a que los organismos oficiales dan cifras alejadas de la versión del Ministerio de Sanidad, el Gobierno se resiste a actualizar sus datos para ofrecer una imagen más realista de la crisis. Ello, pese a que desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se reclamó con insistencia incluir también a los muertos «sospechosos» en el recuento. En concreto, este organismo emitió hasta 127 avisos en los que se pedía contabilizar también las defunciones que no estuviesen acreditadas mediante una prueba diagnóstica pero cuya causa de muerte fuese atribuible al Covid.

Sin embargo, esas alertas fueron desoídas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No fue hasta principios de este mismo mes cuando se anunció un nuevo sistema de recuento, incluyendo como fallecidos los casos «sospechosos», como insiste la OMS. En su día, el Ministerio llegó a depurar sus cálculos, sacando de la suma hasta a 2.000 muertos durante la pandemia, por no considerar que su muerte por Covid estuviese suficientemente acreditada.

Desde abril

El 11 de abril, en plena crisis de la primera ola, la OMS definió el criterio para contabilizar a los muertos de la pandemia. En el informe que diariamente publica el organismo se leía: «La OMS ha desarrollado la siguiente definición para informar muertes por Covid: la muerte por Covid-19 se define a fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso de Covid-19 probable o confirmado, a menos que exista una causa clara alternativa de muerte que no pueda estar relacionada con la enfermedad por Covid».

En junio, volvió a insistir. En un documento emitido entonces volvía a recoger el criterio, avisando a los países que el Covid-19 debería registrarse en el certificado médico de fallecimiento como causa de muerte en todas aquellas personas que hubiesen perdido la vida como consecuencia de la enfermedad, o que se tuviese una sospecha certera de que la infección contribuyó a su muerte. Por ejemplo, un paciente fallecido por síndrome de distrés repiratorio agudo a causa de una neumonía provocada por el virus.

Pero, además, se debería incorporar al certificado de fallecimiento si existían sospechas de Covid en el caso de muertos con patologías crónicas, como diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O mujeres embarazadas que habían muerto por complicaciones a consecuencia de la infección.

El Gobierno se ha resistido sin embargo a ofrecer unas cifras reales de las muertes por coronavirus alegando el criterio de los organismos internacionales. Una excusa que se desmonta a la vista de las propias recomendaciones de la OMS.

Nuevo cambio

A principios de noviembre, el Ministerio anunció al fin un cambio en el recuento, para incluir a los sospechosos, lo que alterará la serie histórica. Sin embargo, la cifra ofrecida aún por Sanidad sigue lejos de lo que consideran otros organismos, como el INE o el sistema MoMo, del Instituto de Salud Carlos III (dependiente del Ministerio de Ciencia).

Aunque actualmente el desfase es mucho menor, la duda está en el número real de los fallecidos en la primera ola de la pandemia, cuando muchas personas morían en sus domicilios o residencias sin una prueba PCR realizada. Tampoco se realizaban autopsias, por orden de Sanidad.

El MoMo, por ejemplo, habla de un exceso de 63.345 muertes desde el inicio de la pandemia, de las cuales 18.752, un 29,6 %, se produjeron desde el 20 de julio. En la primera ola, ese exceso se elevó hasta los 44.593 fallecidos.

La insistencia por conocer el dato real de muertos no ha encontrado aún una respuesta fidedigna en el Gobierno, y sí polémicas. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, llegó a afirmar, en junio: «Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora».

Plan de vacunación 

El Ministerio de Sanidad ha revelado esta semana el plan de vacunación frente al Covid, que prevé iniciar ya en enero,

Esta estrategia se basa en tres etapas: la primera, entre enero y febrero, en la que se vacunará a un número limitado de personas, en los que se incluyen los mayores de 65 años y el personal sanitario; la segunda, de marzo a junio, en la que se producirá un incremento progresivo de dosis, por lo que se ampliarán los colectivos vacunados; y la tercera y última, en verano, en la que el titular de la cartera de Sanidad espera contar con el número de dosis suficiente como para inmunizar a toda la población.

El Gobierno ha dividido a la población en 15 grupos, para establecer su prioridad de acceso a las vacunas: personal sanitario y sociosanitario; residentes en centros de mayores; mayores de 64 años; gran discapacidad; personas con condiciones de riesgo; personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados, «distinguiendo entre ambas», según ha dicho el ministro; personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica; personas con trabajos esenciales; el personal docente; la población infantil; población adolescente y joven; conjunto de población adulta; población en áreas con alta incidencia o en situaciones de brotes; embarazadas y madres con lactancia natural; y personas con una inmunización, es decir, positivas en SARS-Cov-2.