Sánchez revisará las indemnizaciones a las víctimas de Franco en pleno ciclo electoral

El Gobierno de Pedro Sánchez desplegará el próximo año, en pleno ciclo electoral, la llamada «memoria democrática». Además del plan de exhumaciones o la «resignificación» del Valle de los Caídos -ahora Valle de Cuelgamuros- el Ejecutivo se ha fijado un plazo para algunas de sus medidas, como la revisión de las indemnizaciones a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que coincidirá en plena recta final hacia las elecciones generales.

La norma, que entró en vigor recientemente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se da un año para presentar un estudio con las medidas «de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas» y «reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables». En definitiva, un nuevo reclamo con vistas electoralistas a cuenta de las arcas públicas. Como reveló OKDIARIO, la Ley de Amnistía de 1977 hasta la actualidad, España ha destinado 25.000 millones de euros a la reparación económica de 608.000 víctimas de la dictadura. «Se han hecho muchísimas reparaciones económicas, puede que insuficientes, pero muchísimas», enfatizó hace unos meses el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

Pese al discurso sobre el supuesto «déficit» de estas ayudas, lo cierto es que el propio relator especial de la ONU en la materia, Pablo de Greiff, quedó sorprendido de la ingente cantidad de recursos destinados a las indemnizaciones en España. Es, de hecho, el segundo país que más ha pagado a sus víctimas tras Alemania por el Holocausto.

Los beneficiarios comprenden, explica el Gobierno, desde viudas de carabineros, de militares republicanos o de fusilados (unas 112.000 víctimas reconocidas en este último caso con pensión), a niños de la guerra, encarcelados e incluso homosexuales represaliados. Sólo el año pasado se pagaron 118 millones de euros para responder a las indemnizaciones reconocidas. Ahora, el Gobierno pretende analizar al detalle estas indemnizaciones, para comprobar si existen casos en que se puedan mejorar.

Ilegalización

También en pleno ciclo electoral de las elecciones municipales, autonómicas y generales, Sánchez prevé impulsar la ilegalización de las asociaciones franquistas. Una iniciativa recargada de efecto ideológico, como en su día fue la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La norma promoverá una modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, «con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales». Sánchez necesitará una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para modificar esta norma.

Además, la norma obliga al Ejecutivo a presentar en el Congreso la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y a realizar una auditoría de los «bienes expoliados» en la Guerra Civil y la dictadura. Las víctimas, señala la ley, tendrán derecho al «resarcimiento de los bienes incautados».