Sánchez retrasa los recursos contra el Parlament en el Constitucional pero activa el del ‘pin parental’

A cambio de ser investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se comprometió a desjudicializar la política en Cataluña. Sólo así ERC se comprometía a apoyar su elección y por eso, en plena negociación, el Gobierno aparcó los recursos de inconstitucionalidad por varias leyes aprobadas en el Parlament, en estudio desde hace ya casi tres meses. El 27 de febrero, cuando se cumplen tres meses de su aprobación en la Cámara catalana, se agotará el plazo que establece la ley para que se puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Esa desjudicialización de la política sólo afecta a Cataluña que, con los golpistas al frente, tiene el timón de la gobernabilidad en el Estado. Mientras guarda en el cajón los recursos contra el legislativo catalán por sus resoluciones contra la Monarquía y en favor del derecho de autodeterminación, Moncloa iniciará este martes el contencioso contra el Gobierno de Murcia por mantener el ‘pin parental’. La doble vara de medir de Sánchez.

Hace un mes, en la primera reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dio un mes de plazo al Gobierno que preside Fernando López Miras para retirar esta medida impulsada por Vox. Entonces amenazó con acudir a los tribunales. Este martes, cumplido el plazo para la derogación del ‘pin parental’ y con este aún en vigor, Sánchez materializará su amenaza y llevará al Tribunal Constitucional al Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguró hace unas semanas que «la política no se debe esconder entre las togas». Pese a asegurar que «el Gobierno no va a permitir que la Generalitat se salte ninguna norma» lo cierto es que los recursos contra las leyes aprobadas por el Parlament, en favor de la autodeterminación y las resoluciones en contra de la monarquía, no han sido denunciadas por el gabinete de Sánchez pese a saber que son inconstitucionales por sentencias anteriores del Constitucional.

Montero justificó el hecho de que dos meses y medio después de la actuación del Parlament no se hubiesen presentado: «Los procedimientos a veces son largos». Sin embargo, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, el Ejecutivo despachaba en un máximo de 48 o 72 horas, tras el preceptivo informe del Consejo de Estado, estos recursos para frenar desde la ley las ofensivas del independentismo contra el Estado de Derecho.