Sánchez quiere controlar el Ibex colando consejeros afines en Telefónica, Naturgy, Indra, Iberdrola y BBVA

Pedro Sánchez quiere tener cierto control sobre algunos de los buques insignia del Ibex como Telefónica, BBVA, Iberdrola, Naturgy o Indra. Sabe que para poder aplicar el programa económico pactado con Iglesias necesitará aliados en los consejos de administración de las grandes compañías privadas.

La abrupta salida de Jordi Sevilla de Red Eléctrica Española (REE) tras las presiones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es sólo un anticipo de una larga historia de intromisiones del Gobierno socialcomunista en el tejido empresarial, público y privado. El objetivo es lograr que las futuras modificaciones de los consejos de administración de los grandes de la economía española den cabida a perfiles comprensivos con las políticas del Gobierno del PSOE y Podemos.

No podrán ser perfiles puros de partido, obviamente. Los consejos de administración son diseñados por los grandes accionistas de las compañías. Pero el Gobierno pretende empezar a filtrar en breve su deseo de “diálogo” con gente en los consejos privados con los que tengan un cierto grado de entendimiento. Y deslizarán que, con ese fin, será conveniente que esos perfiles existan en el seno de los organigramas de algunas de las cotizadas. En caso contrario, todas las empresas entenderán que el BOE permite una capacidad regulatoria amplia y, en ocasiones, desagradable para los intereses empresariales.

El objetivo político de esta medida de presión será doble: por un lado, el Ejecutivo sabe que las nuevas políticas fiscales que implican las promesas del Gobierno socialcomunista de Sánchez detraerán el atractivo de realizar nuevas inversiones empresariales y favorecerán que las grandes compañías piensen en otros países como destino de sus planes de expansión. Y eso implicará pérdida de PIB potencial y de ritmo de creación de empleo. Pedro Sánchez quiere interlocución y presión para evitar ese impacto.

Más control, más burocracia

Esas políticas dañinas para la economía se basan en la creación de más burocracia y controles –algunos de ellos en manos de Podemos– y, además, en la exigencia de un mayor pago de impuestos: subida del Impuesto de Sociedades con la exigencia de un tipo mínimo entre el 15% y el 18% y eliminación de deducciones; creación de impuestos contra la emisiones contaminantes; contra las empresas tecnológicas y contra las transacciones financieras, sólo por poner algunos ejemplos. El Gobierno sabe que todas esas decisiones recortarán el apetito de negocio en España.

Pero, además, el objetivo de los socialistas y comunistas es llegar a entendimientos –bajo presión– con aquellas empresas cuyas tarifas pueden provocar un descontento o, por el contrario –y dependiendo del traslado de los costes a los consumidores–, alegrías entre los clientes, es decir, entre los electores. Y ahí se encuentran las grandes compañías con tarifas eléctricas, telefónicas, gasísticas o con control sobre el coste final para los compradores de casa de los créditos hipotecarios.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, se ha empeñado en negar que la salida de Jordi Sevilla de REE tenga que ver con presiones del Gobierno. Pero lo cierto es que Sevilla ha decidido abandonar la presidencia de Red Eléctrica (REE) por esa causa y no por los “motivos personales” alegados.

El Gobierno niega que esta espantada se deba a supuestas «injerencias o desavenencias políticas» entre el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y el ex ministro socialista. Y ha defendido la «normalidad» de este proceso y se ha remitido al consejo de administración de la eléctrica como responsable del nombramiento de un nuevo presidente. Pero lo cierto es que compañías como Telefónica, BBVA, Iberdrola, Naturgy o Indra pasarán a notar esas presiones en breve.