Negociación Gobierno-Generalitat

Sánchez promete a Torra acuerdos con “seguridad jurídica”: el término golpista usado para dinamitar la Constitución

Pedro Sánchez asimila el lenguaje separatista aceptando la "seguridad jurídica", una alusión contenida ya en el Preámbulo de la Ley de Transitoriedad, el camino hacia la república y la Constitución catalana

Constitución
Pedro Sánchez y Quim Torra.

Los acuerdos que se alcancen en la mesa de negociación entre Pedro Sánchez y Quim Torra tendrán como único límite el marco de la «seguridad jurídica». Así lo destacaron Gobierno y Generalitat en el comunicado conjunto que se emitió tras su primera reunión, este miércoles, en La Moncloa. Fue la frase más destacada de una nota nada concluyente, tras más de tres horas de discusiones. Un eufemismo para evitar mencionar la Constitución, pero que tiene un mayor simbolismo: la alusión aparece expresamente recogida en la denominada Ley de Transitoriedad, aprobada en septiembre de 2017 en el Parlament, en plena vorágine de la ofensiva separatista que culminaría con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los separatistas pretendían que aquella ley se configurase como el marco normativo para sustituir a la Carta Magna, una vez declarada la independencia y hasta la aprobación de una Constitución propia.

La Constitución española quedaba así despreciada al nivel de una ley ordinaria, que podría sustituirse y modificarse por decreto del Govern separatista, competente para gobernar por decreto ley sin fin. Además, se establecían todos los protocolos para alcanzar la ansiada república catalana. 

Borra la Constitución

La alusión a la «seguridad jurídica» aparece ya en el primer párrafo del Preámbulo, recogido expresamente así:

«Aunque la configuración definitiva del nuevo Estado corresponde a la Constitución que debe elaborar la Asamblea Constituyente y ratificar la ciudadanía, una vez proclamada la independencia de Cataluña es imprescindible dar forma jurídica, de forma transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo estado para que de forma inmediata pueda empezar a funcionar con la máxima eficacia y, al mismo tiempo, hay que regular el tránsito del ordenamiento jurídico vigente al que tiene que ir creando la República, garantizando que no se producirán vacíos legales, que la transición se realizará de forma ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica; asegurando, en suma, que desde el inicio el nuevo Estado estará sometido al Derecho; que en todo momento será un Estado de Derecho».

Es decir, la Constitución quedaba literamente borrada y sustituida por la «seguridad jurídica» en cuestión, que ahora Sánchez acepta, asumiendo así el lenguaje separatista.

Ley de Transitoriedad

En resumen, la Ley de Transitoriedad era una Constitución ex profeso que los separatistas pretendían implementar dos días después del 1 de octubre. Fue aprobada en el Parlament, con 71 votos a favor y 10 en contra. Los diputados de PSC, PP y Ciudadanos abandonaron el hemiciclo para no participar en la votación.

En su artículado se establecía que Cataluña es «una república de derecho, democrática y social», en el marco del derecho europeo e internacional (pero no el español).

Existiría una nacionalidad catalana, tres lenguas oficiales (catalana, occitana y castellana). La Justicia estaría en manos del Tribunal Supremo Catalán, tutelado por el presidente de la Generalitat. Además, se constituiría una Hacienda propia de pleno derecho, con gestión de todos los impuestos y la Generalitat como única autoridad tributaria. Los funcionarios estatales quedarían también en manos de la administración catalana. La Seguridad Social sería propia, con sus pensiones y prestaciones sociales. Y se elaboraría una Constitución propia, a través de un proceso constituyente.

La norma recogía también el archivo de los procesos penales contra los imputados y condenados por hechos que busquen «el pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta».

Lenguaje separatista

No es la primera vez que Sánchez se refiere a la «seguridad jurídica». Sin ir más lejos, el pasado 6 de febrero, el socialista entregó al inhabilitado presidente catalán un documento de negociación, ‘Agenda para el reencuentro’, en el que tampoco se mencionaba la Constitución y sí, en cambio, «el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica».

En el dossier, el Ejecutivo apuesta por «abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Cataluña», a través de la mesa de diálogo para «buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes». Sánchez promete además «evitar la judicialización de la política».

Ese informe dirige la negociación con el separatismo, que se irá fraguando en distintas reuniones mensuales, en Madrid y en Barcelona, a través de un reconocimiento de total bilateralidad.

En otro punto, se habla de «mejorar la cooperación» con propuestas como la «reducción de la conflictividad institucional» para lo que el Gobierno dice «estar dispuesto a escuchar y atender demandas sobre resoluciones y textos legislativos pendientes de recurso o de sentencia».  También se compromete a nuevos traspasos de competencias y acepta las polémicas ‘embajadas’ de Cataluña en el exterior, aunque matiza que «deben ajustarse a los principios contenidos en la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado». En las inversiones, destacan los más de 1.500 millones de euros para el aeropuerto de El Prat.

Tras su encuentro, este miércoles, el Ejecutivo insistió en su disposición a la negociación con el Govern separatista, pese a que Torra aseveró que su exigencia, innegociable, es el referéndum de independencia y la amnistía de los condenados por el referéndum ilegal.

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