Sánchez y Junqueras buscan cómo evitar que Puigdemont se entregue ante Llarena sin ser detenido

La detención de Carles Puigdemont es, a día de hoy, un objetivo compartido por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Por eso el PSOE y ERC, durante la negociación de la reforma del delito de malversación, acordaron poner todos los recursos disponibles a disposición del Estado para evitar una entrega del ex presidente fugado catalán ante el Tribunal Supremo una vez entre en vigor la reforma del Código Penal. Principalmente, intensificando una vigilancia inexistente a día de hoy por parte de los servicios de inteligencia. Sánchez y Junqueras urden un plan para que, tras pisar territorio español, sea detenido en virtud de la orden de detención nacional que sigue vigente. Evitando así que siga los pasos de Anna Gabriel y la ex consejera Meritxell Serret, que entraron a España en coche por San Sebastián y se personaron ante Pablo Llarena.

Pese a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le estuvo pisando los talones desde su huida de España, Puigdemont ya no está siendo vigilado desde el año 2021. Eso implicaría que, si decide volver a España vía terrestre, pudiera sortear los diferentes controles policiales que provocarían su detención. En Moncloa dan por hecho que no va a tener la misma suerte que Gabriel y Serret. Junqueras, que deseaba la reforma del delito de malversación para poner fin a su inhabilitación y propiciar la vuelta de Marta Rovira, no quiere que Carles Puigdemont se pueda beneficiar sin más. Y quiere verle con los grilletes puestos. Detenido. Como en su momento lo estuvo él.

Fuentes gubernamentales, consultadas por OKDIARIO, señalan que «si se detectan movimientos por parte del ex president, se aumentará la vigilancia sobre él». Es decir que podrían ordenar al CNI que vuelvan a monitorizar todos los pasos de Puigdemont. De esta forma, tras colocarle una baliza en los bajos del coche que usa habitualmente y que permiten su geolocalización en cada momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían parar el vehículo una vez pise territorio español y proceder a su detención como ya ocurrió en Alemania. Es el trofeo que esperan muchos de los agentes que participaron en la operación que perseguía el referéndum ilegal del 1 de octubre. También el de Pedro Sánchez que, tras a las concesiones al separatismo, busca expiar su culpa cumpliendo al menos con la foto de una promesa: «Traeré a Puigdemont detenido a España».

Con la reforma del Código Penal que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los cargos con pena de prisión que se le pueden imputar al máximo responsable del golpe separatista son mínimos. Confirmado por sentencia firme que no hubo rebelión, con el delito de sedición ya derogado y las penas por la malversación rebajadas al máximo, el juez instructor Pablo Llarena únicamente podría mantener a Puigdemont investigado por malversación de fondos públicos y desobediencia.

Sin la opción de destruir pruebas, después de tantos años, ninguno de los dos delitos justificaría una prisión provisional. Por lo que, tras comparecer ante el magistrado, el político de JXCat quedaría en libertad provisional a la espera de volver a ser citado para prestar declaración. Si lograse entrar al Supremo por su propio pie, la detención técnica que se efectuaría al identificarse le evitaría la foto con los grilletes y el traslado en furgón policial. Justo la imagen que Sánchez y Junqueras están empeñados en conseguir.