Sánchez forzó al Defensor del Pueblo a proteger el voto de los ‘nietos’ ante el Constitucional en contra de su criterio

El Gobierno de Pedro Sánchez activó al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que interpusiera el recurso ante el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido, en defensa del derecho al voto que está suspendido por el Tribunal Supremo para aquellas personas que se nacionalizaron de acuerdo con la Ley de Nietos. De hecho, el propio Defensor del Pueblo reiteró el pasado 12 de octubre, día que se conoció el auto del Supremo, que era contrario a intervenir.

Según ha confirmado OKDIARIO a través de fuentes del Ejecutivo, así como del propio Defensor del Pueblo, hubo un intenso debate en el seno del Gobierno sobre la respuesta a la decisión del alto tribunal de suspender el voto de los nacionalizados con la Ley de Nietos. El quid de la cuestión, según los consultados, estriba en si se considera que el asunto está o no pendiente de resolución judicial.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, lo tenía claro y así lo reiteró en los corrillos que se fueron haciendo en torno a su persona en la recepción del 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional, en cuanto se dio a conocer el auto del Tribunal Supremo, manteniendo la suspensión cautelar del voto: «El asunto está sub iudice (en plena tramitación judicial, o no resuelto definitivamente), por lo que el Defensor del Pueblo no puede entrar en este asunto», reiteraba Gabilondo a todo aquel que se acercaba a preguntarle.

Gabilondo se remitía a la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Se refería en este punto Gabilondo al artículo 17.2, en el que se establece que «El Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso, velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados».

Donde dije digo…

No obstante, cuatro días después, el pasado viernes 16 de octubre, a última hora de la tarde, la Oficina del Defensor del Pueblo presentaba en el registro del Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la decisión tomada por el Supremo.

Entre las palabras del 12-O del Defensor del Pueblo y la interposición del recurso de amparo, en un claro «donde dije digo, digo Diego», mediaron un intenso debate en el seno del Gobierno de Sánchez, que encargó un informe a la Abogacía del Estado para avalar la tesis de que el trámite judicial se puede considerar concluido, puesto que la medida cautelar adoptada por el Supremo impide votar a los nacionalizados por la Ley de Nietos.

Previamente, en el Ejecutivo habían discutido la posibilidad de presentar ese recurso en nombre del Gobierno, pero el mismo 12 de octubre, se desechó esta opción por dos motivos. En primer lugar, por tener serias dudas sobre si se consideraba o no que el asunto, al tratarse de una medida cautelar, estaba sub iudice y, según admiten fuentes gubernamentales, por «cuestiones estratégicas».

El Ejecutivo apostó por presentar un «perfil bajo» y no litigar contra las decisiones del Supremo. Ese mismo 12-O, a última hora de la jornada, fuentes oficiales de la Moncloa aseguraban que «el Gobierno no puede recurrir la decisión del Tribunal Supremo» y añadían que «solamente los afectados pueden recurrir esa suspensión del Tribunal Supremo».

Pero en el entorno de Sánchez decidieron que, si bien el Gobierno no iba a intervenir, otra institución del Estado, como el Defensor del Pueblo, podía llevar adelante esa decisión. De los argumentos jurídicos se encargó la Abogacía del Estado y de la ejecución, la Oficina del Defensor del Pueblo, cuyo jefe, Ángel Gabilondo, había empezado la semana convencido de que no era competente para hacerlo.