Sánchez deja en manos de los Mossos de Torra las investigaciones sobre los CDR tras apartar a la Guardia Civil

Los Mossos d’Esquadra han asumido las investigaciones sobre los núcleos más violentos de los CDR. La Comisaría de Información del cuerpo policial autonómico se hace cargo así una tarea que venían realizando con éxito los agentes de la Guardia Civil, responsables entre otros casos de la desarticulación de la célula CDR que pretendía atentar por la sentencia del ‘procès’.

La Guardia Civil, por orden del Gobierno de Pedro Sánchez, ha cedido en favor de los Mossos las misiones de vigilancia y seguimiento de los grupos CDR más activos y combativos. Hasta ahora, la presencia sobre el terreno en Cataluña de agentes del Servicio de Información era muy amplia, especialmente desde los meses previos al referéndum separatistas del 1-O en 2017.

Según fuentes de la Guardia Civil, desde hace unas semanas la Comisaría General de Información de los Mossos ha tomado el control en este tipo de investigaciones. La Generalitat ha argumentado ante el Gobierno central y ante el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska que el objeto de estas tareas policiales responde a cuestiones de orden público, y que las competencias en dicha materia están transferidas a las Cataluña.

Es por ello que, de unas semanas a esta parte, el grueso de las misiones de inteligencia sobre los planes de los CDR han pasado a depender de la Unidad Central de Información en Orden Público del cuerpo autonómico.

La Generalitat de Cataluña impone así a Interior su criterio sobre la naturaleza de los delitos que podrían estar cometiendo los CDR, asumiéndolos como desórdenes públicos y no como terrorismo callejero, que es como los cataloga abiertamente el Servicio de Información de la Guardia Civil.

De ‘terrorismo’ a ‘orden público’

Las fuentes arriba citadas explican, además, que este cambio comenzó a gestarse tras la detención el pasado mes de septiembre del comando de los CDR que preparaba acciones «terroristas» -según defiende la Guardia Civil en el sumario- coincidentes con la publicación de la sentencia del ‘procès’. Adquirieron precursores de explosivos, realizaron pruebas con ellos en canteras abandonadas e incluso comentaban cómo reducir a los agentes que protegían el Parlament catalán: «Mosso que pillemos, bridas y al suelo».

La operación de infiltración en este ‘comando’, ejecutada con precisión durante año y medio por parte de agentes de Información de la Benemérita, provocó un profundo malestar en la cúpula de los Mossos y en la Consejería de Interior. Entendía la parte catalana que se les había dejado al margen de toda la investigación y que la Guardia Civil se extralimitó en su campo de acción.

Lo que subyace tras estos recelos es que los agentes desplazados desde Madrid llevaron toda su infiltración con absoluta discreción, por lo que la Consejería de Miquel Buch se enteró por la prensa de que decenas de agentes de paisano habían estado casi dos años -con autorización judicial- pinchando teléfonos, colocando micros en casas y siguiendo al milímetro los pasos de ese comando, que llegó a confesar la complicidad de altos cargos del Govern con sus planes.

Según defiende el Gobierno catalán, la Unidad de Información en Orden Público es la responsable de realizar «la instrucción y tramitación de diligencias relacionadas con desórdenes públicos derivados de movilizaciones de colectivos», tal y como figura en la normativa autonómica de 2011 que regula la función policial en Cataluña.

Por tanto, el Ejecutivo de Sánchez reconoce a Cataluña y a los Mossos la legitimidad para investigar la existencia de estructuras organizadas y jerarquizadas que deriven de en desórdenes públicos. Es decir, las redes del ‘Tsunami’ o la actividad criminal que desarrollen los CDR para preparar sus sabotajes, por ejemplo.

Retirada de agentes

Tal y como ha revelado OKDIARIO, en las últimas semanas ha descendido considerablemente el número de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil destinados en misión especial en Cataluña. De entre todos los que han dejado la región, la mayoría se dedicaba a seguir los pasos de grupúsculos de carácter violento relacionados con el separatismo catalán. De ellos dependieron los seguimientos a ese comando CDR acusado de terrorismo, que fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional tras un controvertido cambio de parecer de la Fiscalía.

En clave interna, en la Guardia Civil interpretan este movimiento como un paso por parte del poder ejecutivo central hacia esa «desjudicialización» del conflicto catalán. Para sacar del circuito judicial el ‘conflicto’ catalán, lo primero que deben desactivarse son las investigaciones policiales, el primer eslabón de toda la cadena.