Sánchez cede ante ERC: avala que la sede de la Policía en Barcelona sea un memorial de la represión franquista

El Gobierno ha avalado, en una respuesta por escrito en el Congreso, la conversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial contra la «represión franquista». El Ejecutivo respalda así la propuesta que ERC presentó en el Ayuntamiento de Barcelona, a finales del año pasado, en la que instaba a Pedro Sánchez a desalojar la Jefatura de la Policía Nacional en la ciudad. Cabe recordar que dicha Jefatura fue objetivo de la violencia independentista durante las protestas por la condena del procés.

La iniciativa de los independentistas ya contó entonces con el voto a favor del PSC. Los socialistas añadieron a la propuesta que se facilitase «el traslado y la ubicación» de los agentes a otro lugar de Barcelona «para garantizar el servicio que prestan». La propuesta contó con el voto en contra de Ciudadanos, PP y BCN pel Canvi.

A una pregunta de ERC en el Congreso, sobre la intención de transformar la Jefatura en un «espacio de memoria histórica», el Gobierno se remite a una Proposición No de Ley, aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de 2017, para la reconversión en «un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña».

El Ejecutivo destaca que en dicha iniciativa «se insta al Gobierno español a reconvertir dicha sede» y a alojar “una exposición permanente de la represión, causas, protagonistas y consecuencias durante toda la dictadura de Franco, de la lucha por las libertades democráticas”.

Asimismo se contemplaba en dicho acuerdo que “este traslado debería ejecutarse en caso de que se alcanzara un acuerdo con la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior en aras de garantizar a los efectivos ubicados allí actualmente unas instalaciones más modernas y adecuadas que garanticen la eficacia del servicio prestado por estos efectivos”. La gestión de dicho «museocentro memorial» se haría en un «órgano participado y coordinado entre el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para la gestión de este museocentro memorial».

En la respuesta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez destaca asimismo las «actuaciones de gran importancia» en materia de Memoria Histórica, como la creación de una Dirección General sobre la materia, con la función, entre otras, de «la promoción, en colaboración con las entidades públicas y privadas correspondientes, de la Declaración de Lugares de la Memoria Histórica, como espacios que revelen interés por sus significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha por los derechos y libertades democráticas».

El Gobierno destaca que el proyecto fallido de Presupuestos recogía «una importante dotación presupuestaria para la implementación de políticas de memoria histórica» pero «fue rechazado al prosperar las enmiendas a la totalidad de devolución».

Censo

Asimismo, concluye que «el Gobierno comparte la necesidad de una regulación de los Lugares de memoria democrática, como aquellos espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil española, la Dictadura franquista y la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978».

En este contexto, se muestra «partidario» de que «la Administración General del Estado elaborare un censo de lugares de memoria en colaboración con las Comunidades Autónomas, y la creación del Inventario de Lugares de Memoria Histórica con el objeto de incluir en él aquellos espacios, inmuebles o parajes que reúnan las características definidas anteriormente».

El cierre de esas instalaciones policiales es un tema polémico. La iniciativa de 2017, promovida por ERC, salió adelante en el Congreso con la única oposición del Partido Popular.

En noviembre pasado, el Ejecutivo ya se abrió a un posible traslado de los efectivos de esta comisaría.

La entonces portavoz en funciones, Isabel Celaá, aseguró que «la Policía Nacional se va a quedar en la ciudad de Barcelona» pero añadió que «otra cosa es que se pueda localizar un mejor asentamiento».

Fuentes de Interior recogidas por Europa Press negaron entonces que hubiese algún «plan» para dejar el edificio, en Via Laietana. La propuesta separatista provocó malestar en el cuerpo policial. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se denunció que el PSC apoyase la iniciativa que «humilla» a los policías.

Desde Jupol, organización sindical mayoritaria en la Policía, se remitió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde se rechaza dejar Via Laietana al no ver “ninguna razón ni funcional ni operativa”. “Creemos que detrás de esta iniciativa están las consecuencias del pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos», alegaron entonces.