Sánchez asegura que existe ‘lawfare’ el mismo día que el corrupto Pujol dice haber sido víctima de él

El lawfare (uso de la justicia para la persecución política) forma parte del relato independentista pactado con el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha asegurado este jueves que existe el lawfare en España porque «se han instrumentalizado instituciones públicas, definitivamente». Casi en paralelo, en otra entrevista, Jordi Pujol se ha mostrado víctima de esa supuesta persecución: «He sido objeto de gente con una actitud hostil».

Como informa hoy OKDIARIO, el clan de los Pujol confía que las comisiones de investigación que va abrir el Congreso de los Diputados les permita acreditar estas supuestas persecuciones políticas para tratar de anular después la causa consolidada por corrupción contra ellos, que lleva once años investigándose en la Audiencia Nacional.

Pedro Sánchez ha señalado al Partido Popular por el caso Kitchen, como ejemplo del lawfare, ya que, según ha dicho en una entrevista en TVE, usó «la policía para perseguir adversarios políticos y para ocultar pruebas en causas judiciales» que afectaban al partido.

Tras poner la Kitchen como ejemplo de lawfare, el socialista ha afirmado que lo único que el PSOE ha pactado con Junts han sido «hacer dos comisiones de investigación», cuyas conclusiones «no cuestionan las sentencias judiciales». Eso sí, ha reconocido que las decisiones de esas investigaciones «pueden ser objeto de informe a la fiscalía para que las tenga en consideración».

«Gente con una actitud hostil»

En el mismo día en el que Sánchez abre la puerta a la existencia del lawfare en España, Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, intenta incluirse en la lista de la víctimas de la instrumentalización de las instituciones y, por tanto, añadir su nombre en el catálogo de beneficiados por las decisiones que PSOE y Junts tomen en esas comisiones. El ex líder catalán ha manifestado en otra entrevista que había sido «objeto de gente con una actitud hostil, que viene de lejos, de más de un lado, como del PP o socialistas».

Pujol ha celebrado que «hay un cierto compromiso de que habrá» amnistía. Además ha valorado que «se haya planteado lo más amplia posible». En las últimas fases de la negociación de la investidura entre PSOE y Junts incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de incluir la trama de los Pujol en la amnistía, considerándolo como un caso de lawfare.

Tal y como desvela OKDIARIO, el clan familiar estaría planteando incluir el caso 3% en la comisión de investigación sobre la autodenominada Operación Catalunya que el PSOE pactó con los independentistas a cambio de sus votos y cuyas decisiones pueden transmitirse al Ministerio Fiscal. Esa institución está actualmente controlada por Álvaro García Ortiz, colocado a dedo por el PSOE.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Junts y la familia Pujol estarían planeando incluir una lista de personas muy concretas que puedan comparecer en la comisión de investigación con la intención de que se les pueda interrogar sobre la persecución política al clan que se habría instrumentalizado en los tribunales, según los independentistas.

Caso Pujol

El juez de instrucción de la causa, José de la Mata, acusó a toda la familia Pujol de «acumular un patrimonio desmedido, relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas». Según apuntan algunas informaciones, la UDEF habría cifrado en 290 millones de euros el dinero que se habría apropiado ilícitamente la familia.

Ahora mismo el caso se encuentra pendiente de que la Audiencia Nacional fije una fecha para la celebración del juicio. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental, delito continuado de falsificación de documento mercantil y otros siete delitos.

Se han solicita penas de entre 8 y 29 años de prisión, la más alta correspondería al hijo del president, Jordi Pujol Ferrusola, y ex pareja, Mercé Gironés. El patriarca del clan, Jordi Pujol, podría hacer frente a una pensa de hasta 9 años.

El político catalán confesó en 2014 que había defraudado dinero al fisco de la herencia de su padre durante más de 30 años. Sin embargo, nueve años más tarde, el que fuera el líder de la Generalitat más de dos décadas quiere incluirse entre las víctimas del lawfare y beneficiarse de las medidas que pacten Junts y el PSOE.