Rafael de Mendizábal: «Terminarán restituyendo el ministerio de Información y Turismo de Franco»

«Terminarán restituyendo el ministerio de Información y Turismo de Franco». Lo dice, entre bromas y veras, Rafael de Mendizábal, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. La Comisión es un órgano independiente integrado por personalidades del ámbito periodístico, jurídico, social y académico, que ha emitido más de cien resoluciones sobre el tratamiento informativo de los medios de comunicación. Es el órgano, por excelencia, de autocontrol deontológico de la profesión periodística.

Rafael de Mendizábal ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y dos veces presidente de la Audiencia Nacional, entre otras muchas cosas en su larga y fructífera trayectoria como juez. «Esta orden ministerial es una aberración jurídica con tufo autoritario. Lo siguiente es la censura», afirma sin dudar. «Con esta orden sólo podría publicarse el Pravda», órgano oficial del PCUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. «Pravda», en ruso significa, «verdad».

Rafael de Mendizábal habla en tono pausado desde la sabiduría de sus 93 años. «Nunca he militado en ningún partido. Y no lo he hecho por vocación», deja claro nada más empezar. «No creo en las ideologías. Creo que en las ideas que he ido forjando a través de mis lecturas y mi experiencia en la vida. Yo elegí la profesión de juez, que no está reñida con tener convicciones, pero sí está reñida con ser partidario».

Con esta declaración de principios, abordamos la polémica orden ministerial con la que el Gobierno quiere -supuesta y oficialmente- «combatir campañas de desinformación, sobre todo de Rusia, que puedan alterar procesos electorales». «Le podrían haber llamado -dice- ministerio de la Verdad».

PREGUNTA.- ¿La orden ministerial es constitucional?

RESPUESTA.- No. Choca frontalmente con el artículo 20 de la Constitución, que reconoce la libertad de informar y ser informado y la libertad de opinión. El artículo 20 de la Constitución Española no necesita ni reclama una ley que la desarrolle. En su caso, tendría que ser una Ley Orgánica y no una orden ministerial. Toda ley que restrinja derechos fundamentales tiene que tener el requisito parlamentario de una mayoría reforzada.

P.- Y, ¿qué le parece?

R.- Es un globo sonda. A ver si esto cuela y, si cuela, la siguiente vez apretamos un poco más y traemos la censura y tantas otras cosas convergentes que van en detrimento de una democracia, como la nuestra, que en estos 40 años ha funcionado razonablemente bien. Y lo ha hecho, entre otras cosas, gracias a la libertad de información y de expresión y a la independencia judicial, que han servido para luchar contra la corrupción política. Son cosas que van convergiendo, poco a poco, en detrimento de la democracia. No hay más que ver lo que ha ocurrido en la visita a Bolivia del Rey.

P.- ¿A qué se refiere?

R.- Esa distonía, esa disfunción, entre el Rey que va como embajador máximo de España porque lo dice la Constitución con un individuo que va como un moscardón diciendo, por su cuenta, otras cosas distintas (en referencia a Pablo Iglesias).

P.- ¿La orden ministerial tiene tufo autoritario?

R.- Sí. Un tufo absolutamente autoritario para constituir una censura típica. Se trata de crear una pirámide desde un ministerio de Comunicación, que no se han atrevido a llamarle ministerio de la Verdad porque recordaría demasiado a «1984», la obra maestra de George Orwell. Si no se consigue parar esto, lo siguiente será hacer renacer el ministerio de Información y Turismo de Fraga, pero sin Turismo.

P.- Y, ¿cómo pararlo?

R.- Hay que proteger la libertad y la libertad se protege con la propia libertad. La libertad no se protege con prohibiciones. La libertad reside en el Estado y en la Ley. Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagra el pluralismo político. Eso está en el artículo 1º de la Constitución.  Y lo que hay que hacer es aplicar la Ley, no la censura. Al que se salga de la Ley, se le aplica el Código Penal que para eso está. Pero no la censura.

P.- ¿Hay que regular la profesión periodística?

R.- En el esquema constitucional la regulación de derechos fundamentales se hace a través, en su caso, de Leyes Orgánicas y la interpretación y mantenimiento de esa legalidad se hace a través del Poder Judicial independiente. El límite de todos los derechos es el Código Penal para todo el mundo: periodistas, jueces, ingenieros… Para eso están los jueces. Este es el juego democrático, que nos lleva a la libertad y la seguridad. Si no, quedamos en manos del voluntarismo de quienes tienen las riendas del poder en cada momento. Con esta orden ministerial, no habría diferencias entre el Pravda (el antiguo diario oficial único de la Unión Soviética) y el periódico que nos permitirían publicar. Con esta orden sólo se podría publicar el Pravda.

P.- ¿La «seguridad nacional» o, ahora, la «desinformación», son excusas del poder para limitar a la prensa?

R.- La propia alegación de la orden ministerial a la «seguridad nacional» es una muestra en sí misma de desinformación. No hay «inseguridad» nacional por ningún lado. España vive en paz como el resto de países europeos y su sociedad es una sociedad pacífica que no quiere aventuras ni quiere Mesías, ni quiere salvapatrias. Quiere democracia, ley, seguridad, trabajo y que se acabe la pandemia. Pero, en absoluto, está preocupada por todas esas cosas que parecen preocupar sólo a los redactores de esta orden ministerial. La propia orden ministerial es un ejemplo vivo de lo que es la disfunción que le decía antes. Es crear un sistema maniqueo. Primero crean el enemigo y luego le «forran» a tiros o a flechazos. España vive en paz. No hay ningún peligro. Aquí, lo que preocupa a la gente es el trabajo, el paro, la pandemia, pero no esas disfunciones. Como decía Orwell en ‘1984’, los totalitarismos, lo que buscan es el manejo del lenguaje hasta gastarlo y que el ciudadano no sepa a qué atenerse cuando van sacando un palabro y otro palabro y otro palabro… El ciudadano sólo siente inseguridad en el futuro cuando hay gente que quiere inquietar el futuro. A esos es a los que habría que vigilar. Hemos pasado los 40 años mejores de la historia moderna de España, en todo, incluso en lo económico, desde la Constitución de 1978, que además ha sido cumplida en general bastante bien e interpretada magníficamente por el Tribunal Constitucional. Con errores y discrepancias. Claro. Porque la democracia es el arte de discrepar en paz, se piense lo que se piense.

P.- La redacción tan poco clara de una norma crea inseguridad jurídica.

R.- Sí. La orden ministerial es muy abigarrada. Se pierde y se pierde y se pierde… Es decir, hay que leer y leer y leer… Es un claro ejemplo en sí mismo de desinformación. Es muy extensa, farragosa, complicada. Crea toda una estructura, un montón de puestos, para nada. Como si no hubiera ya bastante burocracia…

P.- O sea, que esa redacción no es casual.

R.- Para nada. Y no es por error o por torpeza. Es una ambigüedad calculada. No lo dude. La orden ministerial es la obra de alguien hábil. Ese tipo de personas no saben si son, siquiera, de los suyos propios. Son del que viene, del que va a venir, del que creen que puede venir…  Con alguien así, hay que echarse la mano a la cartera y salir corriendo. Es una aberración jurídica. Es tal aberración jurídica que se nota que no ha intervenido un jurista de calidad que conozca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es tajante. El derecho a informar está claramente reconocido. Sea verdad o no sea verdad. Eso es la democracia: la pluralidad de opiniones. La verdad tuya y la mía. Y no la «verdad» del que está arriba, en el poder.

P.- ¿Le recuerda a aquella pregunta del CIS que hablaba de la verdad oficial y calificaba el resto de «bulos»?

R.- Sí. Y esa tentación la tienen la mayor parte de los Gobiernos, incluso en los países más democráticos. Lo que pasa es que en la mayoría de países, como en Estados Unidos se ha visto ahora con Trump, hay un tejido de controles mutuos que hace que nunca pueda triunfar el que va contra la Constitución. El Senado ha quedado en manos de los republicanos y el Congreso de los demócratas, pero no las dos cámaras para el mismo partido. Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente más.

Rafael de Mendizábal tiene claro que (simbólicamente) «hay que darle una patada a este artefacto que se han inventado y asunto terminado», dice, «y a seguir todos tan amigos y tan españoles». «Si nos dejan», le decimos. Se ríe y concluye desde la visión que dan las cosas a su edad: «A mí me dejarán, pero por imposible, porque aparte de ser español sólo creo que puedo presumir de ser un buen jurista».