Qué significa ser aforado, quiénes lo son en España y cómo funciona este privilegio

En España, hay personas que por su condición o trabajo gozan de lo que se llama aforamiento. Entre ellos encontramos a la mayoría de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, jueces, fiscales, políticos, miembros del Consejo de Estado o del Tribunal de Cuentas, parlamentarios y los Defensores del Pueblo. Esto significa que en caso de ser imputados por algún delito, los aforados tienen el derecho reconocido en la Constitución de ser juzgados por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos.

¿Por qué hay aforamientos?

Esto es así debido a que se entiende que los tribunales superiores gozan de mayor independencia. Por ejemplo:

• Los aforados del ámbito judicial (jueces, magistrados y fiscales) responden ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
• Los altos cargos judiciales responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
• Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado responden ante las Audiencias Provinciales de cada Comunidad Autónoma cuando están siendo investigados por la comisión de algún delito durante el ejercicio de su cargo.
• Los miembros de la casa Real son también aforados, excepto el Rey, que es inviolable y no puede ser sometido a ninguna investigación en su vida civil y privada.

¿Por qué existe el aforamiento?

El objetivo principal en España del aforamiento es proteger la independencia e imparcialidad de ciertos cargos públicos, garantizando que no sean sometidos a presiones indebidas o persecuciones políticas.

¿Quiénes son aforados en España?

Algunos ejemplos de cargos públicos que pueden ser aforados son:

• El presidente del Gobierno.
• Los miembros del Parlamento (diputados y senadores).
• Algunos miembros del poder judicial, como los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.
• Los miembros de las Cortes Generales.
• Los presidentes de las Comunidades Autónoma

¿Cómo funciona?

Cuando un aforado es acusado de un delito, su caso no es tramitado por el juzgado de instrucción ordinario, sino por el tribunal que tiene competencia sobre su aforamiento. Por ejemplo, un diputado del Congreso de los Diputados sería juzgado por el Tribunal Supremo.

El aforamiento en España no se considera un privilegio, sino una garantía procesal que busca proteger la independencia de ciertos cargos públicos.

En la práctica, los órganos judiciales que suelen trabajar con la resolución de recursos sobre decisiones o resoluciones de instancias inferiores pasan a ocuparse de la instrucción y enjuiciamiento cuando se trata de casos que afectan a un aforado. Otras de las consecuencias del aforamiento, cuando afecta a políticos, es que es habitual que los tiempos procesales se alarguen.