Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 18 días: las cloacas del PSOE

El 26 de mayo de 2025, unos audios situaron al PSOE ante un nuevo escándalo: una militante socialista buscaba información comprometedora contra uno de los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO), el cuerpo que investigaba el caso Koldo. La protagonista era Leire Díez, ex concejal y antigua directiva de empresas públicas. Las grabaciones revelaban sus gestiones para obtener material contra el teniente coronel Antonio Balas mientras las pesquisas sobre corrupción cercaban al entorno de Pedro Sánchez.

El interlocutor era Alejandro Hamlyn, un empresario investigado por fraude en el sector de los hidrocarburos. En la conversación, Díez le reclamaba información sobre Balas y se abordaba la posibilidad de obtener contrapartidas por su colaboración. El objetivo de aquellas gestiones era especialmente grave: buscar material contra un investigador de la Guardia Civil recurriendo a un empresario con problemas judiciales.

Díez reconoció la autenticidad de los audios, pero sostuvo que trabajaba en una investigación periodística para un libro. Negó actuar por encargo del PSOE y aseguró que su relación con el partido era la de una militante de base. Ferraz también rechazó categóricamente que existiera una operación socialista contra la UCO.

Las primeras grabaciones, publicadas por El Confidencial, abrieron una controversia que acabaría desbordando esa explicación. La investigación judicial posterior puso el foco en los contactos de Díez con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, y en la presunta utilización de recursos del partido para sostener sus actividades.

Según un informe de la UCO conocido en junio de 2026, la trama perseguía proteger los intereses del PSOE y de miembros del Gobierno, incluido su presidente, frente a distintas causas judiciales. Los agentes atribuyeron a Cerdán un papel directivo y a Díez la coordinación de las actuaciones.

Los investigadores también documentaron seis viajes de Díez sufragados por el PSOE y señalaron que Cerdán había ordenado autorizar sus desplazamientos. Entre la documentación intervenida encontraron un escrito que, según la UCO, reflejaba cómo Díez le rendía cuentas de distintas líneas de actuación. Estos indicios cuestionaban la imagen inicial de una militante que actuaba completamente al margen de la estructura socialista.

El PSOE respondió atribuyendo el caso a comportamientos individuales de personas que habían utilizado sus siglas en falso. Pero el problema político para Sánchez ya alcanzaba a quien había sido su número dos: la investigación apuntaba a que recursos y contactos del partido se habrían empleado para obstaculizar las causas que amenazaban al propio poder socialista.