Puigdemont responde a la prohibición del Constitucional reforzando el papel de sus ‘embajadas’

El Gobierno catalán pretende acelerar su actividad internacional tras el anuncio de que el hipotético referéndum ilegal se celebrará el próximo 1 de octubre. El Diario Oficial de la Generalitat recoge, este jueves, el decreto por el cual se regulan las delegaciones oficiales en el extranjero, es decir, las «embajadas» catalanas.

El decreto fija, en concreto, los parámetros de organización, estructura, funcionamiento, régimen jurídico y económico de estas entidades, cuyas competencias están my limitadas por el Tribunal Constitucional. De hecho, la Generalitat las excedería ampliamente, como así se recoge precisamente en uno de los puntos de ese decreto, que capacita a sus delegaciones a «ejercer,  cuando proceda, la representación ordinaria del Gobierno de la Generalitat ante las instituciones multilaterales e internacionales presentes en el país de ubicación, e impulsar la participación de la Generalitat en ellas».

El año pasado, el Gobierno presentó recurso de inconstitucionalidad al entender que la acción exterior de Cataluña excedería sus competencias. En diciembre, el Constitucional dictaminó efectivamente que esa actividad no puede invadir las funciones del Estado central y consideró inconstitucional una parte de la Ley de acción exterior catalana. 

En concreto, el Tribunal declara como competencia reservada en exclusiva al Estado el establecimiento de relaciones «bilaterales» con otros países pues, tal y como recoge la propia Constitución, el Estado tiene potestad en exclusiva en el ámbito de las relaciones internacionales.

«Menoscabo de la política del Estado»

La sentencia rechazó también que la Generalitat pudiese establecer relaciones institucionales con otros países por medio de consulados, al ser una función propia del Estado. Ello, consideró, podría suponer «condicionamiento o menoscabo para la política exterior del Estado español».

La sentencia consideró también que la promoción exterior de Cataluña, que se recoge en su Estatuto de autonomía, no da amparo a la diplomacia pública internacional. 

«No siendo Cataluña sujeto de Derecho internacional, no cabe pretender que esta Comunidad autónoma se arrogue la capacidad de establecer relaciones diplomáticas, reservadas al Estado». En otras palabras, según la sentencia, esta acción exterior habría ser autorizada por el Gobierno español.

Pese a ello, la Generalitat ignora esta sentencia y se remite al Estatuto de Autonomía para regular sus competencias. En concreto, amparan así que el propio Estatuto «obliga a la Generalitat a impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y a promover sus intereses en este ámbito», mediante «delegaciones y oficinas en el exterior y ante la Unión Europea para la promoción y defensa de los intereses de Cataluña».

Alegan, además, en su lectura de la sentencia, que «las funciones de representación institucional de estas unidades, ligadas a la proyección exterior del país y a la promoción de sus intereses, no invaden el ius legationis reservado al Estado, es decir, no implican la asunción de sus funciones de representación a nivel internacional». Una interpretación muy ambigua de la propia sentencia del Constitucional.

Promoción del referéndum ilegal

La Generalitat tiene en esta representación exterior uno de sus principales instrumentos para la difusión de sus consignas independentistas. De hecho, apenas unos días después de convocar el referéndum, el propio consejero de Exteriores, Raül Romeva, reunió a sus «embajadores» para informarles de las pretensiones del Govern.

En los últimos meses, la Generalitat ha incrementado el número de sus delegaciones. Cuenta con once, las últimas en Polonia, Países Nórdicos, Países Bálticos y Ginebra. Pero la red se extiende por Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Estados Unidos, México, Austria, Portugal e Irlanda, además de su delegación ante la UE.

Una red que la Generalitat utiliza para sus propios fines. Entre una de las funciones figura el «dar apoyo a la inscripción en el registro de catalanes y catalanas en el exterior».

Los partidos constitucionalistas ven en ese Registro un censo electoral para la celebración del referéndum ilegal. La Generalitat ha promovido la inscripción con el ‘gancho’ de que, quienes lo hagan, tendrán acceso a la tarjeta sanitaria para sus estancias temporales en Cataluña.