PSOE y Podemos se enfrentan por el plan de Iglesias de usar la Ley de la Corona para arrinconar al Rey

Ley Corona
El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un despacho en Marivent. (Foto: Europa Press)

La batalla por la Ley de la Corona está servida. Podemos pretende convertir esa norma en un medio para arrinconar a Felipe VI. Y los sectores clásicos del PSOE no están por la labor. La decisión final la tomará el propio presidente Pedro Sánchez. La presión de Pablo Iglesias es muy fuerte, pero el rechazo de algunos de los pesos pesados del PSOE también.

Líderes del PSOE, incluidos algunos ministros, se han cansado de dar ventaja a Podemos. Los enfrentamientos son habituales incluso en el Consejo de Ministros, pero el tema de la futura regulación de la Corona ha disparado la tensión entre los dos partidos.

La futura Ley de la Corona pretende regular el comportamiento habitual y funciones de la Casa del Rey. En principio, algunos barones del PSOE, como Emiliano García-Page, o ministros socialistas, especialmente la responsable de Defensa, Margarita Robles; la de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Economía, Nadia Calviño, no son contrarios a incrementar los mecanismos de control de la Monarquía. Pero sí lo son a que esa regulación se convierta en un ataque a la figura del Rey y, en especial, a su papel como pilar del esquema constitucional español. Por no decir que, además y como consecuencia, en una disculpa más para forzar un proceso constituyente completo. El tema no ha llegado a tratarse aún en el Consejo de Ministros. Pero los partidos son un hervidero con este asunto.

Sectores del PSOE

Sectores clásicos del PSOE han mostrado ya su rechazo a una reforma radical del trato a la Corona. Unos sectores que se apoyan en barones como el castellano-manchego Emiliano García-Page o el extremeño Guillermo Fernández-Vara. Y que cuentan con el apoyo de ministros como la responsable de Defensa, quien ha puesto en duda, incluso, la posibilidad de abordar una reforma de la magnitud de la prometida nueva Ley de la Corona.

De fondo late una defensa institucional, factor que motiva de forma principal la reacción de la ministra de Defensa, y también una protección del propio PSOE frente al avance en la ofensiva de Podemos.

Y es que nadie en el PSOE oculta ya que los morados quieren no sólo atacar a las instituciones, sino también quitarle el hueco al propio Partido Socialista.
La propia Zarzuela ha dado ya el primer paso para evitar un ataque como el que prepara Podemos. Así, mientras el partido de Pablo Iglesias se enzarza en un intento de desgastar a la Corona, la Casa del Rey ha mostrado ya su plena disposición a avanzar en los mecanismos reguladores de las finanzas de la Casa Real y de las exigencias de transparencia, tal y como ha publicado OKDIARIO.

Las conversaciones con Moncloa ya han comenzado y el Rey no tiene el más mínimo inconveniente en convertir a la Corona en una institución con más mecanismos de control económico incluso que los exigidos a otros organismos públicos. Zarzuela no ha necesitado ninguna Ley de la Corona para mostrar su plena predisposición a aceptar cualquier mecanismo de transparencia. El primer paso ha sido dado por la Casa de Felipe VI y el ánimo es el de contribuir a fomentar todo sistema que permita demostrar que el actual monarca mantiene las mayores pautas de transparencia que se puedan reclamar.

La iniciativa ha sido lanzada en plena campaña de Podemos contra la Monarquía. Hay que recordar que Podemos es un partido imputado judicialmente -se acaba de confirmar, de hecho, esta consideración por parte de la Justicia- y, sin embargo, en la Monarquía, nada relaciona con ninguna posible crítica en esta materia a Felipe VI.

Pero el Rey no quiere esperar acontecimientos futuros dentro de esa Ley de la Corona que el Gobierno admite ya que prepara y ha preferido dar el primer paso en un debate inyectado por los morados y no por ningún hecho cometido por el actual Monarca, sino a raíz de las informaciones sobre movimientos de dinero de Don Juan Carlos y la comunicación por parte del emérito de su regularización fiscal de los ingresos percibidos por medio de las conocidas como tarjetas opacas.

Por el momento, las pautas de control extra de los ingresos y gastos de la Corona siguen sin concretarse, pero la Casa del Rey ha optado por tomar la iniciativa ante la evidencia de que el actual Gobierno puede sufrir tensiones internas que le lleven a convertir la anunciada nueva Ley de la Corona en un pretexto para limitar la capacidad de actuación del Rey en otros asuntos, más allá de los estrictamente financieros, y en una disculpa del Ejecutivo para arrinconar a Felipe VI.

Más mecanismos de control

El Rey no rechaza en absoluto la inclusión de nuevos mecanismos de control financiero a la Corona. Pero observa con preocupación un proceso regulatorio bajo la influencia de una corriente, la de Podemos, que ha dejado constancia pública de que, realmente, no busca una monarquía plenamente transparente, sino acabar con la monarquía. La segunda línea de presión fue la diseñada para que el Rey mencionara expresamente a Juan Carlos y sus casos de corrupción en aquel discurso de Navidad. No de forma implícita como ha ocurrido, sino de forma expresa, algo que hubiese encantado a los sectores más radicales, puesto que habría sido interpretado con toda seguridad como un mea culpa.

Hay que recordar que la  «distancia» tantas veces requerida a Zarzuela por Moncloa con respecto al emérito es superflua. Y es que el Rey ya se ha encargo de marcar esa “distancia”.

Relajación política

Incluso la futura Ley de la Corona no parece en absoluto una norma destinada a la relajación política y la «distancia», sino más bien a agradar a Podemos. Sectores del PSOE se han referido en público ya a ella como una norma que debe «despejar el futuro» de la Monarquía, que pretende “reforzar la transparencia”, “limitar las funciones del Rey” -cosa un tanto complicada ante el muy restringido ámbito de actuación de Felipe VI, que debe refrendar con el Gobierno cada paso-, y aclarar, por ejemplo, situaciones familiares de divorcio.

Fuentes del PSOE reconocen que se trata de una norma pensada para proteger la institución monárquica. Pero, lo cierto es que el momento, la órbita de influencia podemita y los propios apartados descritos parecen más destinados a esconder y dejar en el olvido pleno a la Casa Real, que a su defensa como pilar constitucional. El resultado del discurso, con todo ello, ha sido claro: los discurso del Rey los decide el Rey. Y las presiones se quedan en eso: en presiones.

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