El PSOE pidió a la juez en 2016 archivar el caso de los ERE por “no existir pruebas” contra los condenados Chaves y Griñán

El PSOE usó su personación en la trama de los ERE para intentar frenar el caso y librar de condena a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y todo el resto de cargos socialistas ahora condenados. Lo hizo el 17 de octubre de 2016, tal y como prueba el documento que hoy publica OKDIARIO, y que revela como, en aquel momento “los letrados de la Junta de Andalucía” que comandaba Susana Díaz, solicitaron el “sobreseimiento” del caso por “no existir pruebas” contra los ahora condenados Chaves y Griñán, ex presidentes de la Junta andaluza y del PSOE nacional.

La instrucción de la pieza del caso de los ERE en la que han estado involucrados los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, transcurría con la Junta de Andalucía y el PP personados como acusaciones particulares. Por aquel octubre de 2016, ambas acusaciones habían agotado el plazo para la presentación de sus conclusiones. Y el Gobierno andaluz no perdió la ocasión de demostrar que su personación como acusación realmente lo que trataba era de defender a sus cargos: sus letrados pidieron el archivo al entender que ni había trama organizada de corrupción, ni procedimientos ilegales, ni implicación de los cargos políticos, y que, además, los fraudes se circunscribían a casos particulares.
El PP mantuvo sus tesis y se sumó al planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción, señalando como responsables a los ex presidentes y sus exc onsejeros.

La Fiscalía no compartía en absoluto las tesis socialistas: en su escrito de acusación pidió 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Para Manuel Chaves solicitó 10 años de inhabilitación por prevaricación. Además, reclamó entre seis y ocho años de prisión para los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Es más, Anticorrupción mantuvo que 26 cargos de la Junta de Susana Díaz albergaron un sistema de ayudas que permitió la concesión de subvenciones a personas o entidades que no tenían derecho a ellas y que se financió toda una red de comisiones de las que se beneficiaron otras empresas y responsables políticos.

Hay que recordar que este modelo de fraude perpetuado a lo largo de una década se mantuvo pese a que la Intervención General alertó del descontrol de las ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones entre 2000 y 2010.

La Junta negó que hubiera pruebas

La Junta de Andalucía negó tajante la existencia, durante una década, de una trama criminal. «No existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los encausados pudieran tener de las irregularidades que se venían cometiendo en la concesión de las ayudas, y aun en la hipótesis de que hubiesen tenido ese conocimiento, este elemento por sí solo no ampara una calificación propia del delito de prevaricación, pues debería ir acompañado del dictado de resoluciones administrativas injustas, aún en su modalidad omisiva», señalaron los abogados de la Junta supuestamente acusadores convertidos en plenos defensores.

Además, el Ejecutivo autonómico rechazó que en esta pieza se pudiera juzgar a los responsables políticos de malversación porque, de nuevo según ellos, existía una plena ausencia de pruebas.

El escrito de acusación llegó a cuestionar incluso la prueba pericial en la que se fundamentó el auto de procesamiento al considerar que «ha caído en clamorosas fallas jurídicas que cuestionan severamente su validez”.

Hoy, además del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel, han recibido penas de prisión en la sentencia de los ERE cuatro ex consejeros y una decena de altos cargos. Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.

El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. Y otros cuatro ex consejeros de la Junta también han recibido penas de cárcel: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex consejero de Empleo José Antonio Viera; el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.