El PSOE no recogió en su memoria económica los microcréditos que investiga Anticorrupción por financiación ilegal
Los 3 millones captados en 2020 aparecen como un pasivo sin explicar mientras la UCO investiga su origen
El PSOE no incluyó ninguna referencia explícita a los microcréditos del Plan Luz Verde en las memorias económicas depositadas ante el Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, precisamente los años que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga como posible financiación ilegal del partido.
Tres millones de euros captados supuestamente de militantes y simpatizantes en plena pandemia para financiar una supuesta transformación ecológica y digital de las sedes socialistas. Un plan que luego no se ejecutó tal como estaba previsto.
Las cuentas, tal como ha comprobado OKDIARIO en la documentación oficial, no citan en ningún momento los microcréditos. No dicen ni cuántas personas donaron, ni en qué plazo se tenían que devolver y si se ha hecho realmente.
Fuentes expertas indican que es posible que esas cuantías de préstamos de los militantes estén en el balance como un pasivo opaco, sin desglose ni nota explicativa alguna, en flagrante contraste con la transparencia que el partido sí ha aplicado a microcréditos posteriores de naturaleza electoral.
El Plan Luz Verde fue aprobado el 11 de mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus, con el propósito declarado de transformar ecológicamente las sedes del PSOE, empezando por la sede federal de la calle Ferraz de Madrid.
Para financiarlo, el partido creó el denominado Fondo Sostenible, dotado con una «aportación presupuestaria inicial de 4 millones de euros» procedente de microcréditos con un interés anual del 3%, donaciones verdes y cuotas de militantes.
En su propia web, el partido confirmó el éxito de la campaña: «Con los microcréditos verdes hemos alcanzado un total de 3.000.000 € que nos harán ampliar el alcance de nuestro plan».
Microcréditos del PSOE investigados
La comparación entre las cuentas de 2019 y 2020 revela una anomalía de bulto. En el balance agregado nacional del PSOE, la partida denominada «Otros pasivos a largo plazo» pasa de 24.752 euros a cierre de 2019 a 3.672.338 euros a cierre de 2020.
Un incremento de casi 3,65 millones de euros que coincide llamativamente con los tres millones captados mediante microcréditos más los intereses devengados al 3% anual comprometido con los prestamistas.
Sin embargo, la Memoria Anual del ejercicio 2020, firmada por el entonces director gerente federal Mariano Moreno el 21 de junio de 2021 y depositada ante el Tribunal de Cuentas, no dedica ni una sola línea a explicar esa partida.
La nota 7 del documento, destinada a detallar los pasivos financieros, desglosa con precisión las deudas hipotecarias, los préstamos con entidades de crédito y hasta la línea de crédito del Banco Sabadell por importe de dos millones de euros, de los que solo estaban dispuestos 1.000,66 euros. Los microcréditos del Plan Luz Verde, que representan una cantidad varias veces superior, no aparecen mencionados en ningún apartado.
En relación con las cuentas del PSOE, la paradoja resulta aún más llamativa si se compara con la práctica seguida por el partido en ejercicios posteriores.
En las memorias de 2023 y 2024, el PSOE sí incluyó tablas detalladas de microcréditos electorales con proceso electoral identificado, capital inicial, entradas, amortizaciones y capital pendiente a 31 de diciembre.
En la memoria de 2023, por ejemplo, se detallan microcréditos electorales por valor de 7.439.800 euros, especificando incluso que «los microcréditos han sido devueltos en su totalidad a fecha de 31 de mayo de 2024».
Ese nivel de desglose para los microcréditos electorales recientes contrasta con el laconismo aplicado a los microcréditos del Plan Luz Verde, cuya naturaleza era diferente: no estaban vinculados a ningún proceso electoral concreto, sino a un plan de inversión estructural a tres años, lo que podría explicar su clasificación como pasivo a largo plazo, pero en ningún caso justifica su ausencia en las notas explicativas.
Omisión grave
La evolución de esa partida en los años siguientes añade incógnitas al expediente. En 2021 sube hasta los 6.713.801 euros, para ir reduciéndose después hasta los 5.702.435 euros en 2022 y los 5.644.024 en 2023.
Tampoco en ninguna de esas memorias anuales aparece nota alguna que identifique qué obligaciones integran esa partida ni bajo qué condiciones deben ser satisfechas.
El PSOE ha sometido sus cuentas a una auditoría externa desde 2020, año en el que lo hizo «por primera vez en su historia», según reza la propia memoria.
Precisamente esta semana se ha conocido que la empresa auditora ha roto con el PSOE y dejará de analizar las cuentas. Evitan aclarar los motivos y esgrimen que sólo fiscalizaban a esa formación política.
Moreno Pavón afirmó en 2020 que los datos «reflejan con fidelidad el valor del patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio». La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, no considera que los informes del Tribunal de Cuentas hayan indagado sobre la posible financiación ilegal, ya que se remiten, según sus propias palabras, «únicamente a la información aportada por el partido».
Versión del Tribunal de Cuentas
Así, el Tribunal de Cuentas ha confirmado a OKDIARIO que la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2022, en las que se comprobarán las devoluciones del saldo de microcréditos existentes al cierre de 2020, «se encuentra en fase próxima a su aprobación final».
El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización del ejercicio 2020 aprobado el 27 de junio de 2024, constató que el PSOE suscribió «para su actividad ordinaria» durante ese ejercicio «nuevos contratos de microcréditos por importe conjunto de 2.921.000 euros, que se mantienen pendientes de devolución al cierre» del ejercicio.
Eso significa que, a fecha de hoy, ningún órgano fiscalizador independiente ha verificado todavía si el PSOE devolvió efectivamente los tres millones captados a sus militantes y simpatizantes durante la pandemia –no se sabe cuántas personas donaron ni qué cantidades concretas–, ni en qué plazo ni en qué condiciones lo hizo, precisamente los extremos que la UCO analiza en su investigación judicial.
En esa línea, la UCO preparará un informe que será remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, titular del juzgado central de instrucción número 6, que instruye la causa. Entre otros extremos, los investigadores analizan los microcréditos, los pagos en efectivo que no figuraban en la contabilidad oficial y la relación entre determinadas empresas y personas vinculadas al partido.
El PSOE prometió en 2020 que el Plan Luz Verde haría «pasar de las ideas a los hechos». Cinco años después, la web psoesostenible.es sigue activa y pública, con tareas críticas marcadas aún como «por iniciar». Mientras los jardines nunca llegaron a Ferraz, la UCO sí ha encontrado el camino.